Catalunya: el SAQUEO neoliberal detrás del PROCES.

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Mensaje por SS-18 el Vie Feb 22, 2019 1:27 am

No tenemos hilos hablando de ello, pero visto que el problema de los comunistas en España es profundamente preocupante y esteril en su comprensión materialista , desde la optica de clase de los conflictos que se les presentan, tenemos una necesidad estructural en instruir en el desarrollo de una aproximación a lo que es una perspectiva de clase y materialista, desde las necesidades economicas y materiales de la clase obrera.


Si bien el conflicto indepednentista ha servido para esconder y tapar las mayores agresiones a los derechos de los trabajadores y a las maniobras mas rapaces en la destruccion del patrimonio publico por el Gran Capital, aun, los comunistas en España, no entienden desde posiciones de clase, lo que ocurre y siguen ya no solo apoyando claras vinculaciones entre los intereses economicos de las elites reaccionarias catalanas junto a las españolas, si no que además, las justifican cayendo en la retorica de distracción, del conflicto de catalunya. Tenemos justificacion por parte de supuestos comunistas, de la mas tragica condena a la miseria , pobreza y explotacion de la clase trabajadora, porque lo principal en medio de la mas brutal crisis y de un retroceso atroz de las conquistas sociales y obreras , es al parecer tirar abajo los presupuestos del Estado mas progresistas que se habia podido imaginar nadie en las ultimas decadas, de la mano del resto de las derechas neoliberales del Pais.

Tenemos a COMUNISTAS, que se han plegado junto a la extrema derecha neoliberal, en sus intereses economicos por seguir destrozando las conquistas obreras que tan amenazadas están, por que lo inmediato y prioritario para estos peseudo comunistas, es seguir callendo en el juego del conflicto identitario que para lo unico que sirve y ha servido, es para seguir fortaleciendo los intereses de clase de la reacción.

Esto es lo que esconde el conflicto independentista, la region de EUROPA donde es mas caro morirse, donde más se han destrozado las conquistas sociales y laborales, donde mas se ha privatizado de toda España y donde la izquerda, ha sido mas inutil y mas esteril en conseguir ser una herramienta adecuada para defender los intereses de los trabajadores.

Hemos visto como el independentismo, ha sido una herramienta que ha desmontado las posiciones de clase de la izquierda, por sus claros problemas de comrpensiones elevadas de los problemas y de la realidad material de las mayorias obreras.

Ahora, en este hilo, explicaremos e istruiremos a los lectores y foreros sobre cual es son los problemas MATERIALES y las NECESIDADES DE CLASE de las mayorias obreras para que entiendan, cual es son las prioridades, las necesidades de la clase obrera, sus preocupaciones MATERIALES, que son SUPERIORES a cualqueir otro tipo de ideas, necesidades , o preocupaciones de otro tipo de inquitudes existenciales propias de clases mas acomodadas que no entienden las necesidades basicas y preocupaciones de las familias trabajadoras.







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Mensaje por SS-18 el Vie Feb 22, 2019 1:32 am

https://www.20minutos.es/noticia/299372/0/funeral/muerte/cementerio/


Morirse en Catalunya ya es mas CARO QUE EN TODA EUROPA.


Asi hacen ganancia la expansión de los inteeses economicos y de clase de las oligarquias burguesas frente las vidas y necesidades de los obreros. Pero claro, como mietras agitan banderitas , nuestros "comunistas" se dedican a entrar al juego haciendo caso omiso o incluso traicionando a los trabajadores por defender los intereses de las oligarquias empresariales.

https://www.eldiario.es/catalunya/opinions/muerte-precio-caro-Barcelona_6_631746839.html


Morir en Barcelona es muy caro. Fácilmente, si no se dispone de un seguro, la factura puede alcanzar los 5.000, los 7.000 o los 10.000 euros. Estos son los precios en los que se mueven las facturas de distintos ciudadanos a las que ha tenido acceso la Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, y lo que últimamente han abonado personas cercanas.

Son cifras, en mi opinión, desproporcionadas, más propias de un producto de lujo que de un servicio esencial, como es el caso. Más pronto o más tarde, todos falleceremos. Y eso convierte la muerte, por ahora en Barcelona, en un negocio seguro.

Pero el precio final no es el único problema. También hay que tener en cuenta las condiciones en las que una persona se enfrenta a estas situaciones. A las pocas horas del fallecimiento, en ocasiones de manera repentina, y en poco rato, la familia tiene que decidir, desanimada y triste, cómo quiere y lo que se gasta en la despedida de la persona querida. A esto hay que añadir, generalmente, la falta de información y el desconocimiento sobre cuáles son los servicios necesarios que se deben contratar y de los que se puede prescindir.

En un caso vivido recientemente, el comercial no fue informando de cada producto que se contrataba y, al final, la sorpresa fue mayúscula. La familia abonó sin rechistar los más de 9.000 euros a los que ascendía la factura final. “Tampoco se trata de escatimar un último esfuerzo por la persona querida”, pensaron. Y no creo que sea un caso único.

A finales del año pasado, la alcaldesa Ada Colau decidió, muy acertadamente, y siguiendo las recomendaciones de la síndica, intervenir para rebajar los costes de los sepelios. Colau anunció, como medida estrella, la apertura de un tanatorio municipal, que podría entrar en funcionamiento en 2019.

La propuesta ha levantado ampollas en el sector y entre algunos partidos políticos. Todavía es pronto para saber si la funeraria pública funcionará, pero veo muy loables los planes municipales si el objetivo es fomentar la competencia para rebajar el precio de los servicios, ahora, en muchos casos, totalmente fuera de lugar.

La Administración, ante servicios esenciales como son los funerales, no puede mirar hacia otro lado y debe actuar para que el servicio se preste en las mejores condiciones en interés de la ciudadanía.

Actualmente, en Barcelona no existe una competencia real. Hay un oligopolio. Una parte muy importante del mercado se lo reparte Serveis Funeraris de Barcelona –cuyo accionariado son Mémora (85%) y el Ayuntamiento (15%)-- y Áltima. Eso lleva, junto a un exagerado IVA del 21% y a las tasas de cementerios, a precios muy caros, a los que las familias se enfrentan en momentos anímicos bajos y sin casi información.

Abrir una nueva funeraria no es el único camino para garantizar una mayor competencia en el sector. En un informe de finales del 2015 sobre los precios abusivos y la falta de información y transparencia en los servicios funerarios, la síndica recomendó al Ayuntamiento que estudie modificar los contratos de concesión de los tanatorios de titularidad pública de la ciudad, con la finalidad de permitir el acceso a los velatorios de todas las empresas que lo soliciten.

La síndica planteó también modificar la Ordenanza de servicios funerarios de la ciudad. La normativa exigía disponer de un tanatorio con 12 salas de velatorio --entre otros requisitos-- para poder operar en la ciudad, aspecto que contravenía la normativa europea y catalana y limitaba la entrada de nuevos operadores en Barcelona.

Finalmente, las sugerencias de la síndica han empezado a dar sus frutos y el gobierno de Colau ha aceptado la recomendación de actualizar el citado marco jurídico municipal. Hace un par de semanas se llevó a cabo en comisión la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza, lo que debería permitir la entrada de nuevas empresas en el mercado para garantizar una competencia más real.

El Ayuntamiento, en su deber de velar por el interés de la ciudadanía, ha empezado a dar los pasos en la dirección acertada para intentar evitar que morir se convierta en el negocio de unos cuantos. En Barcelona, ahora, morir puede salir muy caro. Quizá, cuando las medidas planteadas se empiecen a implementar, no lo será tanto.


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Mensaje por SS-18 el Vie Feb 22, 2019 1:34 am

https://www.nuevatribuna.es/articulo/sanidad/privatizacionsanidad-sanidadpublicacataluna-catsalut-defensasanidapublica-adsp-clinicasprivadas-negociosanidad/20180701121543153561.html


Mapa de la privatización sanitaria en Cataluña


La privatización de la atención sanitaria pública no responde solo a un cambio de titularidad de los recursos si no a la obtención de beneficio económico empresarial por la provisión de servicios. Las diferentes vías utilizadas en Cataluña, sistematizadas por Joan Benach* son las siguientes:

Aprobar legislaciones que favorecen la puesta en pràctica del derecho privado
Estimular la segmentación del sistema público
Favorecer las externalizaciones y la subcontratación de Servicios
Implementar políticas favorecedoras de sistemas privados mediante redes de influencia en los órganos de decisión de centros, áreas y regiones sanitarias
Degradar el sistema público, debilitándolo, enlenteciendolo o infrautilizándolo
Reforzar un sistema de salud mas individualista y medicalizado que favorece la especialización, el hospitalocentrismo y el exceso de protocolización
Favorecer a través de la cultura mediàtica la opinión de que todo lo público es burocrático e ineficiente al contrario de lo que sucede en todo lo privado
En la sanidad pública de Cataluña tenemos ejemplos de todas ellas y gran experiencia en la cinco primeras.

Legislaciones que favorecen la puesta en práctica del derecho privado

A partir de 1995 se crearon las entidades de base asociativa (EBA) modelo de autogestión por el que algunos profesionales se hacen cargo de centros de atención primaria mediante sociedades con ánimo de lucro

Desde 1990 la Ley de Ordenación Sanitaria de Cataluña (LOSC) definió el modelo sanitario catalán como un modelo mixto separando la función de compra y planificación a cargo del CatSalut de la provisión de Servicios configurándolo como la aseguradora pública y el agente comprador de los Servicios Sanitarios. Esta ley ofrece la posibilidad de desarrollar fórmulas de gestión empresarial ya utilizadas por la administración sanitaria catalana antes de la LOSC y sobre todo introduce la posibilidad de aceptar proveedores con ánimo de lucro. La modificación de 1995 de la LOSC especifica que la administración pública sanitaria podrá establecer acuerdos, convenios, consorcios o fórmulas de gestión integrada o compartida con entidades públicas o privadas.

Así, a partir de 1995, se crearon las entidades de base asociativa (EBA) modelo de autogestión en la sanidad pública, por el que algunos profesionales se hacen cargo de centros de atención primaria mediante sociedades limitadas profesionales privadas con ánimo de lucro. Su peso es pequeño ya que prestan atención primaria a poco más del 3% de la población catalana pero su papel es relevante porque constituyen el máximo nivel de autogestión ensayado en la sanidad pública española. Han obtenido buenos resultados de gestión, calidad asistencial y satisfacción de los pacientes en las zonas donde se implantó el modelo que coinciden en su mayoría con áreas de población con doble cobertura sanitaria por cotizar a una asseguradora privada. Las EBAs han acabado por ser un gran negocio para un reducido grupo de médicos, con remuneraciones que llegan a duplicar y triplicar a las de sus colegas en nómina de la Generalitat y beneficios (más de 1,5 millones en total y hasta 304.000 euros en un caso) al vender sus acciones. Estos beneficiós crecieron incluso durante los recortes, calculados en casi 11 millones en los últimos años. Según dictamen de la Comisión de Garantía de Acceso a la Información Pública estas entidades no tienen naturaleza pública y no estan obligadas por la Ley de Transparencia a mostrar sus cuentas anuales auditadas aunque más del 80% de su actividad se retribuye con dinero público.

Los Consorcios son otro tipo de organización entre varias empresas de los que no existe un registro público donde se puedan consultar sus memorias y cuentas anuales. El presupuesto de los Consorcios Sanitarios donde la Generalitat tiene participación mayoritaria es aprobado por el Gobierno pero sus cuentas no son de acceso público hasta que la Sindicatura de Cuentas las fiscaliza y emite el informe correspondiente que si es de acceso público aunque suele aparecer después de varios años.

EL POLÉMICO CONSORCIO HOSPITAL CLÍNICO

Barnaclínic es una sociedad mercantil que utiliza recursos del Hospital Clínico para actividades exclusivamente privadas

Uno de los Consorcios que levanta mayor polémica es el Consorcio Hospital ClÍnico en él que se halla establecida BARNACLINIC empresa participada en 100% por capital público. Barnaclínic S.A es una sociedad mercantil que utiliza recursos del Hospital Clínico para actividades exclusivamente privadas a cambio de un alquiler, ya sean camas, equipos de diagnóstico o tratamiento, quirófanos, UCI y recursos humanos. La polémica se levanta por lo difícil que resulta diferenciar si un determinado recurso se está utilizando para la sanidad privada en detrimento de la sanidad pública o si una priorización es debida a un criterio clínico o no. Un informe de la Sindicatura de Greuges (Defensor del Pueblo), refería que un 17,1% de las visitas privadas se realizaron en horas de trabajo del medico y si se excluyen las intervenciones urgentes también 6.8% se hicieron en horas de atención a pacientes públicos. El 44% de una muestra de pacientes tuvieron intervenciones, visitas, pruebas o tratamientos en el hospital con cargo al CatSalut en un período de tiempo inferior a 2 meses antes o después del proceso asistencial realizado en BARNACLÍNIC.

CLINICvsBarnaclinic

Foto: AIPS Consorci HCB

A las críticas de usuarios y vecinos se han añadido demandas por parte de la patronal del sector privado. La controversia sigue en pie en el camino de hallar la fórmula jurídica adecuada a la ley. Alguna vieja fórmula ya se ha aplicado en Cataluña desde antes de la transición en otros centros como el Hospital de San Pablo de Barcelona donde la Fundación Puigvert, atiende a los pacientes de la sanidad pública del área correspondiente a dicho hospital.

El debate sobre las fórmulas de gestión no dependientes de la administración se añade al debate sobre la autonomía de gestión en el campo de la capacidad de decidir autónomamente sobre la asignación interna de los recursos disponibles; aunque algunos opinan que puede aumentar la efectividad y la eficiencia también se ha constatado que junto a la autonomía de gestión ha ido paralelamente en aumento la opacidad y la falta de rendimiento de cuentas además de aumentos del déficit sustentado por los diferente proveedores que han generado vínculos de dependencia con entidades financieras

Tenemos un sistema público fragmentado

La mayor fragmentación se da en la atención hospitalaria. 57 hospitales integran el Sistema Integral de Salut (SISCAT) de los que los 8 pertenecientes al INSALUD durante la transición pasaron a ser gestionados por el Instituto Catalán de la Salud (ICS). Dependen de entidades locales públicas y privadas, consorcios y corporaciones religiosas que gestionan también en muchos casos la atencién primaria de su zona.

En atención primaria, el ICS gestiona el 77% de los 371 equipos. El 23% restante está gestionado por 36 entidades distintas (14 Consorcios Públicos, 7 Fundaciones, 12 EBA, 3 sociedades anónimas). Muchas de estas 37 entidades son proveedoras al mismo tiempo del SISCAT y sociosanitarios de la zona. Alrededor de 50 equipos de atención primaria (EAP) están gestionados por este tipo de entidades provocando su dependencia económica y funcional de las estructures hospitalarias mucho más potentes económicamente que marcan los flujos de la atención secundaria y que en su mayoría, prestan atención privada en sus centros hospitalarios.

Externalización y subcontratación de Servicios

Ya no se prevé integrar otros centros en el ICS al contrario, por ejemplo el programa de integración del Instituto de Diagnóstico por la Imagen (IDI) fué anulado. El IDI tiene hoy dia contratos, convenios y encargos de actividad con múltiples entidades que no son el ICS. Actualmente el 62,3% del gasto del Cat Salut se debe a la provisión de Servicios en forma de conciertos con diversas entidades públicas y privadas y un 37,7% a un contrato –programa con el ICS.

Bajo la idea de colaborar para coordinar múltiples aspectos del funcionamiento y necesidades de los Centros Asistenciales se creó en 1984 el Consorcio Hospitalario de Cataluña, hoy Consorcio de Salud y Social (CSSC) que ha desarrollado su actividad en el ámbito local y municipal. Hoy día este consorcio agrupa a 27 entidades de gobierno local y a 30 hospitales de agudos del SISCAT, 53 centros de atención primaria y 106 dispositivos de Salud Mental todos ellos entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro que reciben por parte del CSSC servicios de alto valor añadido y colaboración en la definición del modelo, adaptándose a las nuevas situaciones de los centros sanitarios y de atención social del mundo municipal.

Como ejemplo de la función del CSSC algunas de estas entidades como el H de Sant Pau, H. Clínic, H. del Mar, Consorci Sanitari Integral y el Laboratorio de Referencia de Cataluña han elaborado junto al Ayuntamiento de Barcelona y organismos como la Agencia de Salud Pública de Barcelona una propuesta de “contratación pública socialmente responsable” en cumplimiento de la nueva Ley de contratación Pública de noviembre de 2017 que traspone al ordenamiento jurídico español dos de las 3 Directivas de Contratación de la Unión Europea: 2014/23/UE relativa a contratos de concesión y 2014/24/UE sobre contratación pública. La propuesta insta a aplicar a los contratos no directamente asistenciales o de “batas azules” criterios de cláusulas sociales y ambientales. Si bien introducirán mejoras en las condiciones contractuales, no discriminación, fomento de la contratación de empresas de economía social, se afianza la externalización y fragmentación de la gestión de unos servicios cuyo costo en conjunto calculan en 64 millones de euros y que se reparten en 40% cocina, 38% limpieza, 9% Mantenimiento, 5% lavandería, 6% Seguridad y 1% transporte

El CSSC ha creado durante todos estos años un “holding” de empresas que han extendido sus actividades a prácticamente todas las áreas sanitarias: gestión, consultoría, ingeniería, compras, laboratorios. Este modelo ha sido el origen de algunos escándalos de corrupción. Es el mismo que se puso en practica en Reus creando el “holding” INNOVA de empresas de servicios sanitarios y otros por el que se sigue un proceso contra 3 personas uno de ellos Josep Prat (ex presidente del ICS) condenado ya al pago de 900.000 € de multa con una causa en la jurisdicción penal en la que le solicitan 10 años de cárcel. Por otro lado el presidente y director general del CSSC desde su creación hasta 2012, Ramón Bagó, fundador del potente grupo Sehrs, dedicado a hostelería también ha sido investigado en los últimos años. Su actuación en este consorcio en la adjudicación de contratos fue calificada por la fiscalía de “evidente situación de confluencia en su persona de intereses públicos y privados en claro conflicto, atendiendo a su posición”.

2014060318412575700

Políticas favorecedoras de sistemas privados

La idea de racionalización y aprovechamiento de los recursos ha conducido a que sea la misma empresa que gestiona el hospital comarcal la que gestiona los equipos de atención primaria de la zona que pierden autonomía y así establecen contratos de atención sanitaria con empresas privadas por el hecho de estar localizadas en el Área Integral de Salud correspondiente. Alguna entidad privada como Mutua de Tarrasa con larga tradición. Dos hospitales privados por ejemplo, uno de ellos con ánimo de lucro, reciben pacientes desde el Hospital Clínico de Barcelona por estar en su área. En otros centros la presión de las listas de espera obliga a la derivación de pacientes a hospitales privados o públicos de zonas mas lejanas como es el caso de pacientes del Valle de Aran que son derivados a Barcelona

La degradación del sistema público

La mejora de la atención sanitaria pública en la actualidad ya no pasa únicamente por la recuperación de lo perdido

Los recortes de 2011 cuando CIU puso de Consejero de Salud al Director de la patronal hospitalaria de Cataluña Boi Ruiz, debilitaron enormemente el sistema público y no se ha recuperado. Se estima que tras los recortes, la actividad del Hospital Clínico por ejemplo, se redujo un 16% lo que hace plausible que esta actividad haya sido asumida por otros centros de su área. La presión de las listas de espera de los grandes hospitales se ha utilizado remitiendo a los pacientes a la red de centros privados muchas veces sin corresponder al área integral de salud correspondiente. Por ejemplo pacientes del área metropolitana de Barcelona son derivados a centros privados del centro de la ciudad con desplazamientos costosos pero aceptados por la demora en ser programada la intervención o la prueba diagnóstica

El presupuesto del Departamento de Salud pasó de 9.700 millones en 2010 a tocar fondo en 2014 con 8.200, después de sucesivas rebajas. En cambio el grupo privado IDC pasó de recibir 71 millones en 2010 a recibir 127 en 2012. En 2013 la reducción del presupuesto de Atención Primaria respecto a 2010 fue del 22%. Aunque el Cat Salut ha mejorado ligeramente la asignación presupuestaria en los dos últimos años, siempre se ha primado la asistencia hospitalaria sobre la primaria. Actualmente reconoce que en atención primaria hacen falta 1.500 profesionales médicos.

La mejora de la atención sanitaria pública en la actualidad ya no pasa únicamente por la recuperación de lo perdido. El sistema sanitario público catalán debe enfrentarse al crecimiento de las aseguradoras privadas; 27% de los ciudadanos de Cataluña tiene un seguro privado. La disminución de un 15% del presupuesto sanitario público entre 2010 y 2014 ha repercutido en un aumento del 16% en los beneficios de las aseguradoras. La estadística de los Centros Hospitalarios de Cataluña que elabora el Departamento de Salut muestra también que durante estos años ha aumentado de manera notable el número de profesionales y las Inversiones en los centros hospitalarios privados mientras han disminuido en los del ICS hasta el inicio de una leve recuperación en los dos últimos años. Aún así las mejoras presupuestarias muestran un claro favoritismo por la atención hospitalaria. La situación precisa en la actualidad poner en el centro la acción de potenciar urgentemente la Atención Primaria para iniciar una reversión controlada del daño. Hasta ahora no se ha dado este paso.

*Joan Benach es profesor titular del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra,



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Mensaje por SS-18 el Vie Feb 22, 2019 1:36 am

http://attac-catalunya.cat/articles/la-privatizacion-en-catalunya/


La Privatización en Catalunya

1.- Las privatizaciones en el contexto del proyecto Neoliberal

“Acabad ya con esta crisis”, titula el Nóbel Paul Krugman un libro de 2012. Pero la crisis continúa, pues las políticas que la alargan son muy útiles. La excusa perfecta para los recortes/privatizaciones. En un proceso que, salvo cuando la indignación ciudadana lo hace retroceder, avanza inexorable.

No es una evolución ciega. Responde a la voluntad de los plutócratas (familias con grandes fortunas bien relacionadas, máximos ejecutivos y accionistas de control de grandes empresas) que incrementan su poder y sus privilegios, en alianza con los políticos instalados y altos tecnócratas/burócratas. El proyecto neoliberal. Lo sostienen del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial (BM), a la Organización Mundial del Comercio y los Tratados Bilaterales, de la UE a los gobiernos, del Gobierno central a las Comunidades Autónomas…

Su sentido lo concretó el economista de Harvard, Dani Rodrick, <<“Estabilizar, privatizar y liberalizar”, el mantra de una generación de tecnócratas que afilaban los dientes en los países en vías de desarrollo y de los líderes políticos que aconsejaban>>. Desde los años 70 se imponen a los países empobrecidos. Políticas de talla única. Joseph Stiglitz, economista principal y primer vicepresidente del BM, precisa en ocasiones “olvidaron cambiar el nombre de un país en las recomendaciones dirigidas a otro”. A pesar de dar resultados peores que las fallidas políticas de “sustitución de importaciones”, eran tan beneficiosas, para los plutócratas, que se impusieron también en los países hegemónicos desde los 80 hasta hoy.

En España auténticas empresas públicas hubo sólo después de muerto el dictador. Antes no eran más que un modus vivendi para rescatar negocios privados y colocar a los afectos al régimen.

Pero el fomento de lo público duró poco, pues desde los años 80 el proyecto neoliberal avanza en todas partes. Entre nosotros La política de privatizaciones, fue condicionada por la entrada en la UE, los criterios estuvieron marcados por las políticas partidistas y las “puertas giratorias”, el amiguismo y el entreguismo entre políticos y altos cargos de los respectivos gobiernos de PSOE o PP. Por supuesto, esas empresas se desarrollaban también sobre el territorio de Catalunya. No hubo política de Estado, como en otros países europeos, para mantener sectores estratégicos (banca, energía, telecomunicaciones, transporte,…).

De los años 60 a inicio de los 80, se habían privatizado en España 17 empresas públicas. Pero en los 13 años de la etapa de González fueron más de 70. Y en la de Aznar, otras 50, pero entre ellas todas las grandes empresas públicas muy rentables, incluidos los monopolios de servicios. Los gobiernos de Aznar, por vías poco ortodoxas, aplicaron los ingresos a reducir el déficit corriente, lo que permitió cumplir fraudulentamente los requisitos de Maastricht, y participar en el núcleo inicial del Euro. Otro desastre neoliberal.

Sólo se conservaron algunas infraestructuras del transporte, como ferrocarriles y aeropuertos. Y los servicios públicos esenciales. Ya les llegaría su turno.

2.- Competencias e incompetentes: del Estado a las Comunidades Autónomas

El papel de lo público es atender los derechos ciudadanos a coste razonable. Pero la plutocracia global considera que la “gobernabilidad” requiere limitar esos derechos. EL neoliberalismo, la ideología del inexistente mercado de competencia perfecta, y el sonsonete sobre el incompetente papá-Estado justifican su proyecto.

Inconveniente para este proyecto. En todas partes la ciudadanía mantiene una fuerte preferencia por los servicios públicos. Bueno. Si no puedes privatizar de golpe, hazlo por lotes. Privatiza aspectos del servicio que no se consideren esenciales. Limpieza, mantenimiento, redes informáticas… Sucesivamente mercantiliza primero y privatiza después la gestión. Más tarde introduce la titularidad mixta público-privada. Después titularidad privada con financiación pública. Y al final eliminas la misma idea de servicio público. Otro sector privado, que presta servicios a quien los puede pagar. A poder ser inversión de grandes empresas extranjeras, “de modo que estemos literalmente los unos en los negocios de los otros” (Hamilton y Quinlan texto seminal de la Asociación de Comercio e Inversión, TTIP, entre UE y EEUU). Los privilegios se defienden mejor con medios diplomáticos y organizaciones internacionales, más allá de la opinión pública y de la movilización democrática. La finalidad es que no haya derechos que no sean los del dinero. Incentivos que no sean los del dinero. Y dinero que no esté en manos de la plutocracia.

Entre nosotros, a diferencia del Reino Unido, Francia o Alemania, la privatización no responde a un plan, sino a normas para cada caso concreto. Los pocos estudios serios sobre eficiencia de los servicios públicos frente a los privados, no muestran ventaja de éstos sobre aquéllos, sino al revés[1]. Es igual. Para eso están los intelectuales bien pagados que imparten “criterios ideológicos”, y los políticos dispuestos a creerlos. La financiación de la política más corrupta hace el resto.

Por otro lado las competencias sobre los servicios públicos esenciales, en el marco de la Constitución de 1978, están en su mayor parte transferidas a las Comunidades Autónomas. Pero los fondos para atenderlas dependen del gobierno central. Eso ha perpetuado el déficit de financiación.

Por lo que, a partir de 2010, la austeridad, con la excusa de la crisis, ha reducido drásticamente esa financiación. La pérdida de calidad encauza a los sectores que pueden pagar hacia el sector privado. El consiguiente deterioro del servicio queda, en parte, oculto por ese hecho. Salvo que se desarrolle el doble circuito, incluso, dentro de los centros públicos o concertados, en cuyo caso pueden alargar las esperas y empeorar el servicio a los que no pueden pagar[2]

En todo caso el puro servicio público se orienta cada vez más hacia los sectores depauperados, que no tienen otra posibilidad. La finalidad última: un sector público anémico, de pura beneficencia.

Veamos como las instituciones catalanas proceden con algunos servicios públicos esenciales.

3.- Privatización en Catalunya: el paradigma de la sanidad

La privatización de la sanidad catalana es pionera entre las comunidades autónomas.

El modelo sanitario español proviene de la Ley General de Sanidad 14/1986 de 25 de abril, basada en la prevención y promoción de la salud y el acceso universal a la sanidad como derecho subjetivo de los ciudadanos. El Sistema Nacional de Salud, SNS, ha mantenido un fortísimo apoyo de la opinión pública, por lo que no es posible atacarlo de frente.

En Catalunya, ya en el momento de transferir la competencia, la red que la Generalitat recibe del Estado sólo cubría el 24% de las camas. El resto, “concertado” con fondos públicos, una maraña, de hospitales de municipios, diputaciones, Iglesia o beneficencia, cajas de ahorro y otros privados.

CiU, ya en la Llei d’Ordenació Sanitària de Catalunya de 1991, ataca a fondo al SNS, al unificar en una sola red los recursos públicos y privados de utilización pública, salta directamente al sistema de provisión privada/financiación pública. El siguiente paso, en 1996, son las Entidades de Base Asociativa, EBAs (un sector de los médicos constituyen una sociedad para la provisión privada de atención primaria, a cambio de un canon anual) cuya primera experiencia es Vic. Catalunya es única en ese aspecto. Pero la Ley 15/97, sobre “nuevas formas de gestión”, abrió el camino a todos. Ahora Madrid plantea privatizar la atención primaria, dando un paso más, con empresas privadas.

En seguros privados, Catalunya es primera por asegurados (2,5 millones) y primas pagadas, y segunda en porcentaje (32,8%), por detrás de Madrid (36%), [3]datos de 2012.

La prestación sanitaria a través de seguros privados es la más cara. Según informe del Banco Mundial, “la adopción de seguro social de salud en lugar del basado en la financiación por impuestos aumenta el gasto per cápita en salud en un 3 – 4 por ciento y reduce el empleo total hasta en un 6 por ciento”. Además reduce las coberturas y aumenta los copagos. Las aseguradoras sacan el coste de sus beneficios y de su burocracia de los usuarios, de los trabajadores y del gasto público.

Los países destacados del modelo, EEUU y Holanda gastan el 17’9 por ciento y el 12’4% del PIB, en 2010, con índices de salud mediocres, malos en relación al gasto. La provisión por esta vía no sólo incrementa el gasto, sino que reduce las coberturas y aumenta los copagos, tal como muestra el ejemplo holandés. Holanda, que hasta 2005 tenía un SNS, al privatizar mediante seguros, ha pasado del 9,8 al 12,4 del 9º al 2º lugar, por gasto en porcentaje del PIB. [4]

Sin embargo, el conseller de sanidad de Catalunya (quien sea) aboga por el seguro privado. Tanto si es de CiU, como del PSC. Pero tampoco ERC, por supuesto, y ni siquiera ICV, cuando apoyan al gobierno, tienen nada que decir. Escuchemos a la consellera del tripartir, socialista, hoy nacionalista, disidente del PSC, Marina Geli: “Debemos… reintroducir desgravaciones fiscales para los seguros privados que, en definitiva, son una forma voluntaria de copago”.

Qué pasa con los recortes. Josep Santacreu, asesor de Mas en materia de sanidad pública, y a la vez consejero-delegado de DKV Seguros, nos lo explica, los «que antes dudaban de si entrar o no en estos seguros y que ahora, frente a la incertidumbre de la sanidad pública, dan el paso […]. Este movimiento nos aporta estabilidad», el “nos” de la frase se refiere, por supuesto, a su grupo de negocios.[5]

El modelo público-privado, claro, dificulta la gestión y facilita la corrupción. Tal como los periodistas de cafèambllet han puesto de relieve, durante 30 años el sistema sanitario ha sido un nido de corrupción porque ha interesado a los políticos de CiU/PSC instalados en los cargos y a los partidos que les han apoyado. Las puertas giratorias y el amiguismo configuran un modelo de gestión, de negocio y de país. Basta con que citemos los casos de los Hospitales de Blanes y Calella, el de Innova respecto del Hospital Sant Joan de Reus, los cargos que cobraban sin trabajar en el Hospital de Sant Pau, o del Hospital de Badalona o de Berga, SEM, Cotxeres de Borbó, Parc Taulí, Instituto de Alta Tecnología PRBB… [6]

4.- La educación también es negocio

La evolución de los últimos años nace de la Ley de Educación catalana 12/2009, sobre educación básica, primaria y formación profesional, hasta el grado medio, aprobada por el tripartit, a iniciativa del Conseller Ernest Maragall, hoy disidente del PSC, y aliado de ERC, y, por consiguiente también de CiU. [7]

Con esta Ley, que provocó una huelga de la enseñanza en Catalunya, el tripartit, demostró compartir el modelo popultar-sociovergente. La autonomía de los centros está “asociada” a la jerarquización, bajo el “liderazgo” del director. De modo que la comunidad escolar se convierte en la organización de una autoridad formal autónoma, una mera organización burocrática. Una unidad productiva una cuasi-empresa financiada con fondos públicos. La democracia no tiene lugar tras las puertas de la escuela.

Como dicen José Luis Bernal Agudo y Juan Lorenzo Lacruz, respecto de la Ley Estatal, LOMCE, exactamente aplicable a la Ley catalana, LEC, con ellas la educación es “un mercado… (y) la escuela… una fábrica de competencias… mano de obra disciplinada y competente… o bien clientes satisfechos”.[8]

La crisis ha sido una excusa excelente para reducir la financiación pública, y aumentar en la escuela pública, la aportación de los usuarios. El gobierno de Mas, en el curso 2012-2013, abrió el portillo del copago en la Formación Profesional de Grado Medio, con “una aportación modesta”. Por supuesto, en la Universidad, las tasas de matrícula han aumentado en Catalunya el límite máximo permitido por la reforma del ministro Wert (66%). Al mismo tiempo que se han reducido las becas, sustituyéndolas, en parte, por becas-préstamo. Para que los titulados universitarios salgan al “mercado” como debe ser, endeudados, para que sean suficientemente dóciles.


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Mensaje por SS-18 el Vie Feb 22, 2019 1:43 am

¿ Cómo es posible que tengamos a un sustrato inutl, estupido e imbecil que se considera habla en nombre del COMUNISMO; sirviendo a la clase trabajadora, sus derechos, las conquistas obreras , el patrimonio publico fundado con la sangre , sudor y trabajo de generaciones de familias obreras  a los intereses del MAS RAPAZ Y BRUTAL CAPITALISMO RADICAL en EXPANSIÓN ?

¿ Qué tipo de analisis, diagnostico tan parcial, tan limitado, tan degradado, tan espurrio, superficial se PLIEGA a la DERECHA REACCIONARIA que detrás de alentar el conflicto identitario que polariza a los trabajadores, ha estado  ocultando el mayor destrozo de las conquistas obreras y la mas rapaz expansión del capitalismo mas radical ?

¿ Como es posible en medio de una crisis estructural del capitalismo, que aprovecha el gran Capital para radicalizar su explotacion y destruir las conquistas sociales y obreras, los comunistas y la izquierda caigan , historicamente de NUEVO en las maniobras mas viejas de la burguesia que alienta al conflicto nacionalista para ocultar su saqueo y su explotación ?

Cataluña sufrió los mayores recortes sanitarios durante el ‘procés’



a sanidad catalana ha sido uno de los sectores más perjudicados por los tres adelantos electorales consecutivos que se han producido en Cataluña desde 2012 a causa de los vaivenes del procés independentista. La inestabilidad política ha pasado factura al sistema sanitario público, azotado por los recortes ejecutados por el gobierno de Artur Mas e incapaz de tirar adelante cambios estructurales para mejorar el sistema a causa de los paros gubernamentales. Según un estudio de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, Cataluña fue donde más se recortó el gasto social durante la recesión, entre 2009 y 2015.

SIGUE LEYENDO
Cataluña sufrió los mayores recortes sanitarios durante el ‘procés’ Introducción | Lo que el 'procés' silenció
Cataluña sufrió los mayores recortes sanitarios durante el ‘procés’ Infraestructuras | El arma arrojadiza de la obra pública
La gestión de las estrecheces en el ámbito sanitario discurrió, durante los dos breves gobiernos de Artur Mas —entre 2010 y 2015—, en paralelo al auge del procés. La mayor parte de las competencias en materia sanitaria están transferidas a la Generalitat, así que de poco servía como arma arrojadiza el Gobierno central más allá de la “infrafinanciación crónica” que denunciaba constantemente el consejero de Salud de la época, Boi Ruiz, para justificar los tijeretazos y los problemas de financiación del sector.

Pero la vorágine del proceso independentista, que copaba el debate parlamentario día sí día también, sí sirvió de cortina de humo para tapar los intentos de privatización de servicios públicos y los grandes recortes que puso en marcha Artur Mas en su primer gobierno para aliviar el déficit público. Mientras el ejecutivo de Mariano Rajoy hacía lo propio a nivel estatal, Mas reducía en más de 1.500 millones de euros el presupuesto sanitario —pasó de 9.875 millones de euros en 2010 a tocar fondo en 2014 con 8.290 millones—. Según un estudio de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, Cataluña fue, junto a Castilla-La Mancha (presidida por Cospedal entre 2011 y 2015), la comunidad autónoma que más recortó el gasto social (sanidad, educación y servicios sociales) entre 2009 y 2015. En total, más de un 26%. El informe constata una reducción de 5.538 millones de euros en las partidas sociales catalanas.

Cataluña sufrió los mayores recortes sanitarios durante el ‘procés’
El Departamento de Salud ordenó cerrar quirófanos por las tardes, reducir horarios de centros de atención primaria e incluso cerrar puntos de atención continuada en algunos municipios. También dejó de cubrir bajas y cerró plantas hospitalarias enteras para reducir gasto de personal. Durante los años de gobierno de Mas, la sanidad catalana perdió, según los datos del Departamento de Salud, 2.400 sanitarios (pasó de 76.306 en 2011 a 73.899 en 2015) y más de 1.100 camas hospitalarias (en 2010 había 14.072 y en 2015 sumaban 12.902). Trabajadores, sindicatos y plataformas sociales se lanzaron a la calle para protestar contra lo que se avecinaba: listas de espera disparadas, colapsos en urgencias por falta de camas en planta donde derivar a los pacientes, trabajadores desbordados… Mientras, Mas se reunía con el Gobierno central para buscar un pacto fiscal.

CiU empezaba ya a abrazar el soberanismo cuando la CUP de Reus (Tarragona) levantó la manta de lo que terminaría convirtiéndose en el mayor escándalo de corrupción vinculado a la sanidad catalana: el caso Innova. La investigación indagaba sobre contratos y pagos ilegales hechos desde el Ayuntamiento de Reus a altos cargos sanitarios como Carles Manté, director del Servicio Catalán de Salud entre 2004 y 2006, y Josep Prat, presidente entonces del Instituto Catalán de la Salud (ICS), la gran empresa pública que gestiona ocho grandes hospitales y el 80% de la atención primaria en Cataluña.

El segundo gobierno de Mas aprovechó el foco político para distraer la atención y tejer, entretanto, una controvertida remodelación del sistema sanitario. Las particularidades de la red pública catalana, que está formada por proveedores muy distintos —desde empresas públicas hasta fundaciones y entidades con ánimo de lucro—, favorecieron que el Govern de entonces maquinase un plan para despedazar el ICS y privatizar algunos servicios públicos. Un informe encargado por Salud a la consultora PwC desvelado por EL PAÍS, revelaba que Mas quería privatizar varios hospitales. El documento recomendaba incluso “una entrada de capital privado en dos fases para diluir el impacto político y social” del plan. Artur Mas también sacó a concurso la gestión de varios centros de atención primaria que terminaron adjudicándose a la empresa Eulen, sin experiencia en la atención sanitaria directa.

Sin embargo, a la Generalitat no le quedó más remedio que recular en alguna de sus decisiones tras el rechazo de los actores sociales y buena parte de la oposición parlamentaria.

UNA FUGAZ UNIDAD POR LA AGENCIA DEL MEDICAMENTO
La candidatura de Barcelona a albergar la nueva sede de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), que abandonaba Londres a causa del Brexit, fue uno de los únicos elementos que sirvieron de tregua a Antoni Comín con el Gobierno central. De hecho, el consejero entabló muy buena relación con la ministra Dolors Montserrat.

Ambas Administraciones se encargaron, junto al Ayuntamiento de Barcelona, de dar una imagen de unidad. Incluso evitaban hablar de los efectos del procés en la pugna de Barcelona para acoger la sede de la institución europea. Comín, Montserrat y el entonces segundo teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (PSC), visitaron juntos la sede de la EMA para presentar la candidatura de Barcelona ante trabajadores y dirigentes del organismo sanitario.

Sin embargo, las relaciones se fueron enfriando a medida que se calentaba el conflicto político. Con el referéndum del 1 de octubre y las cargas policiales en los colegios electorales se rompió el pacto de no agresión y ya con casi todas las posibilidades de ganar perdidas, Comín dijo en su última intervención pública como consejero que tras las cargas policiales, “Barcelona perdió posiciones”.

A Comín le pilló la decisión (Barcelona no pasó ni la primera fase y ganó Amsterdam) en Bruselas, pero no como titular del Departamento. Por entonces, el Gobierno central había aplicado el 155 y todo el Govern estaba destituido y, Comín, huido a Bélgica.

El segundo Gobierno de Artur Mas contaba con el favor de ERC, su socio de gobierno, que apoyó unos presupuestos que consolidaban los recortes ejecutados en 2011 e incluso salvó a Boi Ruiz de la reprobación en el Parlament. Pero esta alianza sucumbió a la presión social. Sindicatos y plataformas de afectados por los recortes criticaron duramente la posición de ERC, que finalmente optó por retirar su apoyo al gobierno catalán en algunos temas como el proyecto de Boi Ruiz de unificar los hospitales de Lleida bajo una nueva figura jurídica.

Los recortes sanitarios generaron, de hecho, una movilización social sin precedentes: los trabajadores del hospital de Bellvitge, en el término de L’Hospitalet con Barcelona, cortaron semanalmente la Gran Vía, la arteria que une ambas ciudades, durante varios meses para protestar por los recortes; los pacientes se organizaron y montaron mesas a las puertas de los hospitales —todavía hoy funcionan— para informar de cómo reclamar los retrasos en la lista de espera; en el verano de 2014, vecinos y enfermos se atrincheraron en las plantas de hospitales como Bellvitge para evitar que se cerrasen durante la época estival.

La presión social fue tal que Boi Ruiz tuvo que retirar además una instrucción que regulaba la actividad privada en algunos centros públicos. También redibujó y finalmente frenó el VISC+, un plan por el que se proponía, en un principio, vender a entes públicos y privados datos sanitarios anónimos con fines científicos.

Mas tuvo que echar atrás también, por imperativo judicial, un controvertido copago que supuso, de facto, uno de los primeros choques de competencias con el Gobierno central. Se trataba del euro por receta, una medida disuasoria que pretendía poner fin a posibles abusos en la compra de medicamentos, según el Govern. Pero además del rechazo en bloque del sector sanitario, el Gobierno central lo llevó al Tribunal Constitucional, que lo suspendió cautelarmente y lo declaró, poco después, inconstitucional, alegando que las competencias en materia de financiación sanitaria son exclusivas del Estado.


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Mensaje por SS-18 el Vie Feb 22, 2019 1:45 am

Radiografía de la privatización sanitaria de Mas

La privatización de importantes partidas de actividad quirúrgica y asistencial que ha comenzado a desmantelar el 'conseller' de Salut, Antoni Comín, tuvo un prólogo en los últimos tiempos del tripartito con el objetivo de salvar el Hospital del Sagrat Cor, pero se ejecutó en el 2012, con Artur Mas como presidente de la Generalitat. El proceso de desprivatización iniciado por Comín ha revelado que hacer las mismas operaciones en la pública es el 12% más barato, como ha destapado EL PERIÓDICO, lo que rebate el argumento que utilizó la Conselleria de Salut en la pasada legislatura, con Boi Ruiz como titular, de que suponía un ahorro incorporar cuatro centros privados con finalidad lucrativa al Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública (SISCAT), es decir, a la sanidad pública, un hecho sin precedentes.

Lo que puede considerarse el preámbulo de la privatización de Mas tuvo como finalidad reflotar el Hospital Sagrat Cor de Barcelona, derivado de la antigua mutualidad de la Alianza. El centro atravesaba su enésima crisis financiera y corrían rumores de cierre de la institución, en la que trabajaban un centenar de personas. El hospital, una institución privada sin ánimo de lucro ya entonces integrada en el sistema sanitario público de Catalunya, asumía, como sigue haciéndolo, todas las especialidades médicas y tenía asignado, como sigue teniéndolo, un sector de población del Eixample barcelonés, circunstancia que justificaba los esfuerzos para evitar su cierre. Para salvarlo, la 'consellera' de Salut del tripartito de José Montilla, Marina Geli, y el 'conseller' de Economia, Antoni Castells, emprendieron la búsqueda de una solución en la que, en un principio, debía intervenir el Hospital Clínic, de Barcelona. El Ministerio de Economía y Hacienda, responsable de las entidades mutualistas, fue informado de ello.

LA FÓRMULA
La fórmula acordada para evitar la desaparición del Sagrat Cor fue vender su gestión a Capio, una entidad sanitaria sueca que poco después fue adquirida por IDC Salud, un grupo inversor de capital riesgo que a su vez forma parte desde hace pocos días del grupo alemán Fresenius Helios. En el 2011, Raimon Belenes, que era el consejero delegado del Hospital Clínic y que había participado en la operación, se incorporó a IDC Salud como director general de Innovación en un nuevo caso de puerta giratoria.

Mientras que el 'conseller' Comín, en declaraciones a Catalunya Ràdio, ha situado no solo la gestación del acuerdo sino también su consumación a finales de la época del tripartito, fuentes de IDC Salud sitúan la firma del contrato en el 2011-lo han reiterado hoy mismo-, ya con Artur Mas como 'president'.

El acuerdo incluyó la derivación al Sagrat Cor desde el Clínic de un importante pellizco de intervenciones quirúrgicas de baja complejidad, que ofreció una vida económica viable al centro de la calle de Viladomat.

En cualquier caso, la privatización de un volumen importante de cirugías y el ingreso de cuatro centros privados en el SISCAT estaba por llegar.

"LOS METEMOS EN LA RED PÚBLICA"
Según ha explicado Comín en Catalunya Ràdio, el Govern de Mas amplió en el 2012 este acuerdo con la firma de un contrato que incorporaba al SISCAT otros dos centros de IDC Salud, el Hospital General de Catalunya (HGC) y la Clínica del Vallès, ambos privados con afán de lucro. Esto es, dos centros con finalidad lucrativa pasaron a integrarse en la red pública. A estos seguirían la Clínica Ponent, propiedad del empresario Gabriel Masfurroll, y la Clínica Girona.

"Mas aprovecha y dice: Estos hospitales que también son tuyos [de IDC Salud], los metemos en la red pública", ha afirmado Comín en Catalunya Ràdio en referencia a la Clínica del Vallès y al HGC. Se trata de los dos centros que Comín ha expulsado del SISCAT porque la situación colisionaba con las leyes sanitarias españolas.

Ambos recibieron a partir del contrato firmado por el Ejecutivo de Mas porciones de actividad procedentes de centros públicos que cerraban instalaciones, un trasvase de historias clínicas que se justificó en la saturación y el aumento de las listas de espera a que estaban conduciendo los recortes impuestos en la red pública por el Gobierno de Mas. En concreto, la Clínica del Vallès facturaba anualmente a Salut 7,5 millones de euros y el HGC, 13,5 millones. El retorno a la sanidad pública de la actividad derivada a ambos centros supondrá un ahorro del 12%.

ADVERTENCIA DE GELI
La 'exconsellera' Geli, actualmente alejada de la vida política, considera que lo prioritario para el Govern debe ser reducir las listas de espera de los hospitales públicos y atender de forma adecuada a la población. Objetivos que, añade, facilitó el hecho de que el Hospital del Parc Taulí, de Sabadell, pudiera derivar parte de su abultada lista de demoras quirúrgicas a un centro "complementario", en este caso la Clínica del Vallés. El Parc Taulí es el hospital de Catalunya que absorbe mayor proporción de población en relación a su envergadura asistencial -350.000 personas-. Geli sugiere mantener la vigilancia sobre la evolución futura de dichas listas en el ámbito del Vallés.


Las claves de la sanidad catalana
Catalunya es la segunda autonomía con menos presupuesto sanitario per cápita, solo por delante de Andalucía, según el informe 'Los servicios sanitarios de las CCAA', de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Salut destina a cada catalán 1.133 euros al año, muy por debajo de los 1.587 de Asturias o los 1.581 del País Vasco.

El presupuesto de la Conselleria de Salut se ha reducido en 1.500 millones de euros desde el 2011, a consecuencia de los importantes recortes aplicados por el Govern de Artur Mas. En la actualidad se sitúa en los 8.700 millones de euros. El producto interior bruto que España destina a la sanidad pública es el más bajo del entorno europeo.

El Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública (SISCAT) está integrado por 465 centros de asistencia primaria (CAP) y 65 hospitales públicos, de los que ocho pertenecen al Institut Català de la Salut (ICS) y son propiedad de la Generalitat. El resto son entidades o fundaciones sin ánimo de lucro que conciertan el 100% de su actividad con la Generalitat.

La ausencia de presupuesto en el Govern y la nula perspectiva de que este ejercicio, y el próximo, aumente la partida pública destinada a sanidad preocupa al personal que atiende los centros. Médicos y enfermeras han perdido una media del 20% de sus salarios en los últimos cinco años, a pesar de lo cual, han mantenido la calidad asistencial.      


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Mensaje por SS-18 el Vie Feb 22, 2019 1:48 am

Investigan el intento de fraude en la mayor privatización del Govern

La Fiscalía Anticorrupción investiga la privatización del suministro de agua en la ciudad de Barcelona, el mayor proceso de estas características de la historia de la Generalitat, tras tener conocimiento de que Germá Gordó diseñó un plan para trucar la licitación a favor de Aguas de Barcelona (Agbar), principal financiadora de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC). Sin embargo, y tras la oposición de algunos funcionarios clave, la licitación acabó en manos de Acciona. El Ministerio Público ha pedido la comparecencia inmediata en la Audiencia Nacional de los principales técnicos responsables de la Agencia Catalana del Agua que intervinieron en esta licitación, que contemplaba la gestión de lo que se denomina Aigües Ter Llobregat (ATLL). Toda vez que ha acreditado que fueron convocados por la entonces mano derecha de Artur Mas a una reunión secreta en su despacho de la Generalitat durante la primavera de 2012.Tal y como relatan a EL MUNDO fuentes presentes en dicha reunión, Gordó, que ocupaba en ese momento el puesto de secretario de Gobierno, comunicó a los técnicos que debían adjudicar el concurso para la gestión del agua en la zona metropolitana de Barcelona a Agbar. «A la reunión asistimos 8 o 9 funcionarios y se nos dijo que había que hacer lo posible porque ganara esta empresa. Nos dijo que era una empresa catalana y que había que ayudarla», relata a este periódico uno de los técnicos presentes en la reunión en la que se abordó la adjudicación de un servicio que contemplaba un canon de 1.000 millones de euros durante un periodo de 50 años. Asimismo, Gordó le apremió con los plazos para consumar la adjudicación ya que tenía interés en que se aprobara antes del final de ese año. «Todos los funcionarios nos quedamos helados porque no nos esperábamos que nos dijera eso», añade.
"Tiene que ganar Agbar porque es catalana", les dijo Gordó a los técnicos

La Fiscalía sostiene, en el escrito mediante el que solicita la declaración de los técnicos que participaron en esta adjudicación, que se ha podido «acreditar» hasta el momento «la existencia de una trama delictiva que subyace en la estructura de contratación pública de las Administraciones catalanas, controladas desde el partido CDC». Al tiempo que recalca que «se ha puesto de manifiesto cómo Gordó ha sido durante varios años el contacto (al menos uno de ellos) de los contratistas con la Administración pública catalana y CDC». Un «contacto» que fue llevado a cabo «al margen de los cauces legales y de la función que le correspondía dentro del Gobierno catalán» y que «ha sido dirigido al beneficio de dichos contratistas y al del partido político al que pertenece, objetivos ambos opuestos al bien público». Por ello, y con objeto de «conformar esta función de Gordó», ha solicitado al juez José de la Mata media docena de nuevas testificales, entre las que se encuentras la de los funcionarios vinculados al concurso de la privatización del agua de Barcelona.Durante el referido encuentro en la Generalitat, añaden las mismas fuentes, un alto funcionario presente plantó cara a Gordó y le espetó que si Agbar quería llevarse el concurso debía «presentar la mejor oferta» y cumplir escrupulosamente con los pliegos de la licitación. De tal forma que la reunión concluyó sin que el hombre de confianza de Mas consiguiera el compromiso firme de los funcionarios de que torcerían la licitación a favor de la empresa que más aportaciones realizaba a las fundaciones utilizadas por CDC para financiarse de manera irregular. No en vano, el grupo de empresas de Agbar había donado entre 2008 y 2012 a estas entidades instrumentales, entre las que se encontraba la célebre Catdem, más de un millón y medio de euros. Una cifra que suponía más del 15% del total recaudado por CDC mediante esta operativa.Tras escuchar las instrucciones de Gordó, que insistió una y otra vez en que Agbar debía ser la vencedora de la millonaria licitación, los técnicos se negaron a acatar la orden. De hecho confeccionaron unos pliegos en los que el 70% de los apartados respondían a cuestiones técnicas y, por lo tanto, se reducía al mínimo el margen de discrecionalidad. No obstante, la presión de Gordó para conseguir la victoria de Agbar se materializó también, según sostienen algunos de los intervinientes, a través de Josep Antoni Rosell, investigado en el denominado caso del 3%, y que se sentó en la Mesa de Contratación como máximo responsable de Infraestructuras del Gobierno catalán. Llegando su intervención a provocar que en el apartado correspondiente a la oferta técnica, precisan a este diario los intervinientes, Agbar lograse una puntuación superior a la de Acciona, 20 puntos, frente a los 13 que obtuvo la segunda.
Uno de los técnicos plantó cara: "Si Agbar quiere ganar, que traiga la mejor oferta"

No obstante, el concurso se acabó decantando a favor de Acciona gracias al apartado económico. En este tramo del concurso, Agbar obtuvo 31,09 puntos frente a los 74,73 de Acciona, lo que acabó inclinando definitivamente la balanza en contra de los intereses del hombre de máxima confianza del presidente de la Generalitat. Y es que la oferta de Acciona llevaba aparejado un ahorro para los vecinos de Barcelona de 956 millones durante el plazo de vigencia de la concesión, medio siglo, en comparación con la propuesta de Agbar.Por lo tanto, Agbar terminó con una puntuación de 51,09 frente a los 87,73 que proclamaron vencedora a Acciona. No obstante, prosigue el relato de los técnicos a los que ha tenido acceso EL MUNDO, la presión de Gordó no cesó, canalizándose a partir de ese momento a través del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC), controlado por él a través de un antiguo colaborador suyo, que llegó a suspender la adjudicación.Sin embargo, esta suspensión fue levantada finalmente debido a las presiones presupuestarias de la Generalitat, que necesitaba computar en el ejercicio de 2012, a efectos de reducción de déficit, de un primer abono de 300 millones de euros por parte de la ganadora de la licitación. De manera paralela, el Gobierno catalán apuntó contablemente los 1.000 millones de canon correspondientes al plazo total de la concesión.Pero la OARCC elaboró en tiempo récord un informe en el que concluía la existencia de irregularidades en el procedimiento, sentando las bases para una batalla judicial encabezada por la empresa apadrinada por Gordó. El pasado 20 de febrero y tras 5 años de litigios, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremodecidió revocar la concesión del agua en Barcelona a favor de Acciona tras concluir que, a pesar de que no fructificaron las presiones de Gordó, el proceso administrativo albergó irregularidades y se vulneraron principios básicos de la contratación pública. Por ello, tanto la CUP como ERC han exigido, a raíz del fallo judicial, que el servicio del agua vuelva a manos de la Generalitat. El PSC reclamó que los ciudadanos de Barcelona no tengan que pagar «la chapuza» del Gobierno de Mas y solicitó que se depuren responsabilidades. Torra ya ha anunciado que el servicio del agua de Barcelona pasará de nuevo a manos de la Generalitat como muy tarde en enero de 2019. Pero todo ello abre un nuevo escenario en el que Acciona reclamará una cantidad multimillonaria para que se le compense por las inversiones realizadas y por el denominado lucro cesante.


https://www.elmundo.es/cataluna/2018/09/03/5b8c39e6e2704e1e148b461b.html


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