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"El terrorismo ultraderechista español " - texto publicado en marzo de 2012 en el blog Agitación y Propaganda

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pedrocasca
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Mensaje por pedrocasca el Dom Mar 11, 2012 10:53 pm

El terrorismo ultraderechista español

texto publicado en marzo de 2012 en el blog Agitación y Propaganda

"El Estado capitalista moderno no necesita echar mano de golpes de fuerza, intentonas ni asonadas, sólo tiene que activar esos articulados especiales incluidos en todas las Constituciones y que posibilitan incluso la implantación de los estados de sitio y de guerra, en los que la represión alcanza sus máximos niveles". A. Hernández

"El fascismo es la guerra" Jorge Dimitrov.

Hoy en día, y echando un breve vistazo a la situación política de nuestro país, con tantos y tan frecuentes casos de represión contra todo tipo de disidencia, se hace necesario un detenido análisis sobre el fenómeno del terrorismo organizado de extrema derecha en las ultimas décadas, para tratar de comprender de donde proviene el clima de violencia institucional que padecemos.

Solo con el análisis minucioso y concreto de estas organizaciones, podemos obtener una idea más clara de lo que ha sido y es este movimiento criminal, violento y profundamente antidemocrático con un inseparable lazo de unión al estado español.

Actualmente en el mundo, y más concretamente en el estado español, la acepción del termino terrorista o terrorismo es muy amplia y variada. Bajo esta terminología, a lo largo del siglo XX se ha tratado y, en algunos casos, conseguido criminalizar a un sinfín de organizaciones y grupos políticos que han desafiado al orden socio-político establecido en un determinado país.

Generalmente como terrorismo, se referirá, a aquella persona o agrupación que por medio de actos violentos tratan de atemorizar y causar pánico y desconcierto en la población local con el objetivo de lograr sus finalidades políticas. Mas concretamente, en la actual versión de la Real Academia Española se define terrorismo como "la dominación por el terror, o la sucesión de actos violentos ejecutados para infundir terror" o mas concretamente "actuación criminal de bandas organizadas que, reiteradamente, pretende crear alarma social con fines políticos".

Así, con estas definiciones oficialistas entendemos que históricamente se califica de terrorista a aquel que pretende subvertir con la violencia las leyes y bases del Estado Liberal vigente. Sin embargo en la definición de la RAE se escapa una salvedad que aunque a simple vista pueda parecer nimia pone las bases del presente artículo y asienta la idea de terrorismo político de la segunda mitad del siglo XX español; el terrorismo de estado.

A la hora de introducir este termino en el diccionario cualquier lingüista debería resolver el problema añadiendo a las definiciones anteriores la de "aquel estado que directamente, a través de sus fuerzas represivas, o indirectamente, con bandas organizadas clandestinas al servicio de este que ejerce la violencia para infundir terror en la población e imponerse a ella". Es precisamente esta definición, la que no parece estar especialmente investigada y estudiada por los historiadores de este país.

Ello es debido a que habitualmente los historiadores, al servicio de diversos gobiernos y en general al servicio del estado burgués español, han estado más preocupados por indagar, investigar y analizar la acción de los grupos contra el Estado que tratan principalmente de subvertir la reaccionaria Constitución de 1978.

Ahora bien, planteémonos; ¿quienes son estos "terroristas" tan estudiados por los historiadores oficiales? Curiosa y lógicamente, todos serán agrupaciones que por definición se opongan al orden fascista-burgués y a la constitución ilegal de 1978.

Y por ello es evidente que, del estudio de este fenómeno quedan excluidos siempre los grupos de extrema derecha, a las órdenes directamente del estado, del ejército o la policía, siendo realmente casos de terrorismo de estado, pues sus finalidades (eliminar y neutralizar la oposición de izquierda), no hace si no beneficiar directamente a éste, razón por la cual son sistemáticamente apartados del estudio y análisis de la intelectualidad burguesa.

Y lo más grave de todo en lo relativo a estos grupos; que llevan actuando impunemente, como es lógico, desde que, en teoría, se implantó la "democracia" en este país, lo cual no deja de ser, evidentemente, más que una falacia, ya que un estado realmente democrático no necesita hacer limpiezas sociales de elementos opuestos a ella, y que evidencia la ausencia de tal sistema democrático en España.

Entre estos grupos (cuyos orígenes deberían remontarse, realmente, al golpe de estado fascista de 1939 y su continuación institucional en la dictadura posterior de la que bebe nuestro estado actual), provenientes y apoyados por la extrema derecha tanto institucional como callejera, se descubren, durante los años 70 y 80 un sinfín de siglas y nombres de forma que, como aseguraba en su día un ex militar integrante de uno de estos grupos;

"Existen un gran numero de grupos, pero eso sólo son siglas, nombres que van saliendo y se van utilizando conforme se necesita".

Como grupos destacados de estos años de violencia extrema contra militantes de la izquierda antifascista o miembros de la llamada "izquierda abertzale" se encuentran agrupaciones como el Batallón Vasco Español-BVE, organización paramilitar de extrema derecha que actuó entre los años 1975 y 1981, siendo muy activos en la zona de País Vasco, Navarra y especialmente en la zona del Iparralde (también conocido como parte del "país vasco francés") donde se dedicaban a secuestrar y asesinar miembros exiliados de ETA.

Entre sus víctimas, se encuentran mayoritariamente miembros de ETA y GRAPO, aunque también son responsables de atentados contra militantes de izquierdas, ya fuera del espectro independentista o estatal.

Entre ellos, destaca por su crueldad, el caso de la joven Yolanda González Martín, militante del Partido Socialista de los Trabajadores, que fue torturada, golpeada y asesinada de 3 disparos en la cabeza la noche del 2 de febrero de 1980, en cuya muerte se ven implicados miembros de la policía nacional.

También destaca el asesinato de militantes políticos de la "izquierda abertzale" como el caso de Felipe Zagarna, Tomas Alba, Jesús Zubikaray, Maria José Bravo, Ángel Etxaniz, Miguel Arbelaiz, Luis Elizondo, Francisco Javier Ansa, el destacado dirigente revolucionario vasco "Argala", así como el atentado del bar Hendayais con dos víctimas mortales, todos en 1980, además de la sospecha compartida con Bases Autónomas y los GAL del asesinato en 1989 del parlamentario vasco de HB, Josu Muguruza, en un restaurante madrileño.

Tampoco hay que olvidar el asesinato en 1979 por parte del BVE de los militantes comunistas del PCE (r), Francisco Javier Eizaguirre, y Aurelio Fernández Cario, asesinados, como siempre, a tiros.

También seria interesante destacar la existencia de los Guerrilleros de Cristo Rey-GCR, grupo clandestino paramilitar del que se tiene poca información, que actuó aproximadamente entre 1968 y 1978 cuando se supone se disuelven para integrar parte de lo que fue el BVE. Fueron liderados, fundados y sostenidos por el conocido religioso de extrema derecha Mariano Sánchez Covisa. Se trata de un grupo sectario, selecto y elitista de violencia organizada.

Sus militantes, al igual que su fundador, estaban vinculados al partido ultraderechista Fuerza Nueva, y recibían una férrea instrucción militar. Entre sus objetivos se encontraban básicamente miembros y activistas relacionados con la izquierda independentista vasca y en general antifascista del resto del estado. Golpeaban, quemaban libros o amenazaban a sectores progresistas de la sociedad. De los célebres atentados de los GCR destaca la masacre organizada en el famoso "Vía Crucis" de Montejurra de 1976 contra miembros de la facción izquierdista del carlismo, en la que colaboraron miembros de la guardia civil y los antiguos servicios secretos del franquismo, como atestigua uno de sus antiguos integrantes, el general José Antonio Sáenz de Santa María.

También, un militante de este grupo fue el responsable del asesinato en 1977 del estudiante madrileño Arturo Ruiz García, cuyo asesinato motivó numerosas movilizaciones, en las cuales fue asesinada por la policía española la también estudiante María Luz Nájera.

Otros grupos de menor calado, pero que también formaran parte de esta espiral de violencia orquestada por la extrema derecha, serían la Alianza Apostólica Anticomunista ( responsable del asesinato el 24 de enero de 1977 de cinco miembros del sindicato comunista CC.OO. y del P.C.E., los famosos "Abogados de Atocha"), los Comandos Antimarxistas, Antiterrorismo ETA, Grupos Armados Españoles y, a nivel más callejero, destacan las Bases Autónomas en 1984, con vinculaciones político-ideológicas con los grupos anteriormente mencionados y con los denominados grupos de skinheads neonazis así como, según apareció en su propio órgano de expresión "A por ellos" en 1996, con los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. Es decir, la punta de lanza del fascismo institucional español para "limpiar" las calles sin mancharse las manos.

Sin embargo todos estos grupúsculos, algunos de ellos con un importante grado de peligrosidad, que hasta este momento parecían actuar sin rumbo y sin sentido, acabaron encontrando una respuesta a su lógica violenta cuando todos acabaron cristalizando perfecta y cómodamente, en lo que luego se conocería como los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), la culminación del paramilitarismo fascista de estado.

Esta coordinación se basaba simplemente en una unión de todos los anteriores grupos, salvo que en esta ocasión se encontraban coordinados, unidos, armados y apoyados por las fuerzas de seguridad, inteligencia y personalidades políticas del país en esos momentos. Los GAL están activos desde 1983 a 1987 durante el gobierno del PSOE y cuentan en su haber con 27 crímenes de miembros de la izquierda abertzale y el secuestro de al menos 3 militantes políticos comunistas.

Herederos de la violencia ultraderechista de los grupos mencionados, surgen con fuerza tras el asesinato de los abertzales Lasa y Zabala, y el secuestro del empresario Segundo Marey y cuya sangrienta historia recorremos brevemente;

José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, presuntos miembros integrantes de ETA, van a ser secuestrados el 16 de octubre de 1983 en Bayona (Francia) presuntamente como se juzgo después, por un comando de los GAL dirigido por los ministros Barrionuevo y Vera y ejecutado por los guardias civiles Enrique Rodríguez Galindo, Ángel Vaquero y con la complicidad del gobernador vasco Julen Elgorriaga.

Posteriormente serán trasladados clandestinamente a San Sebastián donde, después de ser brutalmente interrogados y torturados, pocas semanas después son asesinados de un disparo en la cabeza y enterrados a cal viva en Alicante.

El 20 de enero de 1984, una voz llamaba a la Cadena SER en nombre del grupo armado anunciando el asesinato. Sus cadáveres fueron hallados un año después en la fosa que sirvió de sepultura para los etarras, según testimonios de la guardia civil;

"Una vez abierta la fosa resulto contener no uno, si no dos cadáveres, que presentaban mordazas en la boca, los ojos tapados con cinta aislante, y aun conservaban restos de vendas. Al primero le faltaban las extremidades inferiores, que correspondían con los que se encontraban esparcidos por el exterior".

Los más dantesco del asunto es que, debido al estado del asesinato y la cal vertida, los cuerpos no se pudieron identificar con Lasa y Zabala hasta 1995, 12 años después.

Segundo Marey Semper, industrial franco-español, fue la segunda víctima (aunque no mortal en esta ocasión) de los GAL. Este empresario, afincado en Hendaya, pero de origen vasco y dedicado a la venta de productos de mobiliario de oficina, fue secuestrado por error, al ser confundido con uno de los máximos dirigentes de ETA, el vasco Mikel Lujua.

Así, la noche del 4 de diciembre de 1983, en pleno invierno, un comando del GAL liderado por los mercenarios Mohand Talbi, Jean Pierre Echalier, y Pedro Sánchez, y dirigidos por policías nacionales como José Amedo o Michel Domínguez, secuestran a golpes al empresario vasco, al ser confundido con un líder de la ETA.

Tras amordazarle, golpearle y encapucharle, rápidamente cruzan la frontera hasta Navarra. Allí el policía nacional José Amedo descubre la tremenda confusión, a pesar de lo cual, Marey es trasladado a una cabaña en la región cántabra de Colindres donde es interrogado y confinado durante 10 días hasta resolver el error y liberarlo.

Allí, Marey, que era con frecuencia insultado con calificativos como "porquería" o "etarra" fue interrogado y tras comprobar su inocencia confinado, atado, encapuchado y drogado en un pequeño cuarto donde apenas fue alimentado y arropado a pesar del crudo invierno. Durante su cautiverio sufrió además acoso psicológico al amenazarle de muerte en diversas ocasiones, hasta el día final de su liberación para atemorizarle.

Poco a poco se suceden los asesinatos de miembros del entorno abertzale, como el caso del líder del partido abertzale HASI, el médico y destacado socialista Santiago Brouard, el 20 de noviembre de 1984, o los abertzales Gurmindo, Perurena, Zabalza, Urigoitia... y las sospechas de permisividad en las acciones de los GAL empiezan a sobrevolar sobre el Consejero de Seguridad del Gobierno, Rafael Vera , y el Ministro del Interior, José Barrionuevo, así como del propio presidente Felipe González.

Tras varios meses de investigaciones, y las declaraciones de miembros de la policía detenidos como José Amedo o Michel Domínguez, que delataron nombres so pena de ser acusados con 108 años de prisión por todos los delitos del GAL, al final acaban reconociendo la existencia real del grupo, implicando en su gestión y organización a los miembros del gobierno Barrionuevo y Vera, y a miembros de la guardia civil como Enrique Rodríguez Galindo, como responsable de ,al menos, 7 homicidios en primer grado, o Ángel Vaquero y a civiles como Julen Elgorriaga o Ricardo Damborenea.

Además, en 1996 se revelan informes del CESID en los que se observa que conocían de forma detallada los crímenes de los GAL, los cuales fueron encubiertos por parte de estos, y que inducen claramente su participación en la trama de los GAL.

A pesar de todo esto, y a pesar de que tanto la pseudo-justicia española, miembros de la policía nacional implicados, o mercenarios franceses contratados con fondos reservados para ejecutar los atentados de los GAL, declararan la existencia real de los GAL y reconocieran haber realizado secuestros y asesinatos indiscriminados (hasta 27 crímenes) contra miembros de la izquierda abertzale, y hasta 3 secuestros políticos contra militantes comunistas, (en 1979 Pedro Emilio Ruiz Serrano, en 1983 Pepe Balmón, y en 1990 Jesús Cela Seoane), tal y como dijimos antes, sin embargo, ni los ministros socialista o populares, ni la población española han investigado, criticado o manifestado tan vehementemente contra los crímenes y contra el terrorismo de estado de los GAL como contra otros grupos armados, precisamente los resistentes al fascismo institucional español.

En declaraciones del ministro e implicado por los GAL, José Barrionuevo;

"No sentíamos un gran dolor por los atentados, ni una gran pasión por investigarlos. Las víctimas, al fin y al cabo también eran terroristas, y se ignoró el carácter indiscriminado de los asesinatos y algunos errores de los GAL".

Como dice también el historiador Charles Powell;

"También merecería una profunda reflexión la casi total indiferencia de la población española -no así de la vasca- de las acciones de los GAL. Mientras que las victimas fuesen etarras, el fin justificaba los medios".

Y es que, en el caso de los grupos políticos o armados contra el estado, se ha denunciado y presionado a los gobiernos centrales para liquidar esos grupos, se han realizado cientos de asociaciones y grupos antiterroristas y se han realizado manifestaciones de cientos de personas denunciando la existencia de estos grupos y exigiendo a los gobiernos acabar con ellos, mostrando su desencanto por la incapacidad gubernamental para resolver este problema, cosa que no ha ocurrido con la violencia política institucional.

Cabe, ademas, mencionar la total impunidad con la que el estado español ha tratado a los que, al fin y al cabo son productos suyos; Ni Barrionuevo, ni Vera, ni Galindo están hoy en prisión, y en el caso del último, excarcelado alegando motivos de salud, derecho que se les niega rotundamente a los presos políticos españoles, como el caso de Manuel Pérez Martínez.

Obviamente, el presidente del gobierno de la época, el pseudo-socialista Felipe González, también ha salido completamente impune de toda esta macabra historia.

Y mientras tanto, hoy en día, decenas de presos políticos, siguen reventando impunemente en las cárceles de este país por el único delito de ser antifascistas, comunistas, anarquistas o independentistas

Sin embargo, aquí solo mostramos la punta de un gran iceberg que se podría remover hasta sus bases a nivel institucional, ya que podríamos destacar decenas de casos de crímenes con intervención del Estado Español para neutralizar a la oposición de izquierdas desde la mal llamada “Transición”; desde José Caparros, Javier Verdejo, Pedro María Martínez Ocio, Francisco Aznar, Romualdo Barroso, Bienvenido Perea, José García Castillo, Vicente Antón Ferrero, o Agustín Rueda (preso anarquista vinculado a la COPEL, torturado hasta la muerte), hasta militantes marxistas-leninistas del PCE (r) como Juan Carlos Delgado de Codex, Kepa Crespo Galende, José España Vivas (reventado por torturas en la DGS), Pedro Luis Cuadrado Delabat, Txomin Muiños Formoso..... y tantos otros que han muerto, ya sea por acciones armadas de la policía, o por acciones armadas paramilitares, que al final vienen a ser lo mismo; las pistolas de la burguesía española contra la clase trabajadora.

Y lo que es aún más indignante; todos ellos, sin excepción, liquidados en el periodo en teoría de la "democracia", es decir desde 1975 en adelante, lo cual nos indica claramente la ausencia de cualquier tipo de democracia y libertad actualmente en este país.

El resultado de este análisis, es la prueba más evidente de toda una herencia de violencia de la extrema derecha de este país, que se ha aliado desde 1939 entre políticos, militares, fuerzas de seguridad y reaccionarios, todos ellos representantes de la ultraderecha política que asaltó el poder en 1939 y que aún se mantiene en el, y que ha dejado a sus espaldas cientos de crímenes, entre el fascismo institucional (fuerzas represoras estatales, GAL o Caso Scala) y clandestino (grupúsculos paramilitares) que han tratado de eliminar a lo que desde siempre han calificado como la "subversión comunista, anarquista y separatista".

Y es que, el terrorismo de estado ya no necesita actuar de forma solapada con nombres de grupúsculos y asociaciones paramilitares clandestinas, si no que lo sigue haciendo hoy en día de forma abierta, a través de la impunidad de sus fuerzas represivas, sus tribunales de pseudo-justicia y sus cárceles, siguiendo con su tónica antidemocrática, característica de nuestro país desde 1939.

Tenemos una cuenta pendiente con la historia.

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Mensaje por Soviet_Merton el Lun Mar 12, 2012 10:56 pm

Grandisimo aporte camarada! Menuda cuanta informacion has aportado a este subforo! haha
Muchas gracias por todos estos textos.
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Mensaje por NSV Liit el Dom Feb 24, 2013 4:24 pm

http://politica.elpais.com/politica/2013/02/22/actualidad/1361550092_846511.html


La vida oculta del asesino de Yolanda


El ‘ultra' Emilio Hellín Moro fue condenado en 1982 a 43 años por asesinar a Yolanda González
Trabaja para la Guardia Civil y la policía en terrorismo y crimen organizado
José María Irujo 24 FEB 2013 - 00:00 CET2650
Archivado en:


Un excriminal de la ultraderecha condenado a 43 años por asesinato trabaja para los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado en casos judicializados y forma a sus agentes en técnicas forenses de espionaje y rastreo informático.

—¿Emilio Hellín Moro?

—Yo soy Luis Enrique Hellín…

—Perdone, pero ¿no es usted Emilio Hellín, el autor del asesinato de Yolanda González, la joven de 19 años que murió en 1980?

—No… Emilio Hellín murió hace tres o cuatro años… Somos familia.

—No sabía que tuviera un hermano llamado Luis Enrique.

—Es una historia complicada porque somos hijos de la misma madre, pero de distinto padre. Luego juntamos los apellidos… ¿Sabe? Líos de familia que prefiero no comentar.

—¡Se parecen ustedes muchísimo! ¡Y los dos eran informáticos! Usted se ha cambiado el apellido y aparece su currículo en Linkedin [web de contactos profesionales] como Luis Enrique Helling. Se ha añadido una g al apellido.

—Es que nuestro abuelo era de origen inglés.

—¿Sabe de qué murió Emilio? ¿Dónde puedo localizar a su familia?

—No lo sé.

—¿De qué pueblo son ustedes? ¿Puede enseñarme su DNI para demostrar que no es usted Emilio Hellín?

—La conversación ha terminado…

Luis Enrique Hellín Moro, de 63 años, es un tipo alto y corpulento, tiene una frente despejada y pelo blanco en las sienes. No rehúye la mirada y habla con aparente calma y frialdad. Viste una camisa de lana clásica de cuadros, pantalón de pana beige y zapatos marrones. De su cuello cuelgan unas pequeñas gafas graduadas. El encuentro con el periodista tiene lugar en la oficina de su empresa, New Technology Forensics, especializada en peritaje criminal, en una tranquila calle en el barrio madrileño de San Isidro, frente a un colegio público. El local, de tres alturas, es una desordenada oficina de 30 metros cuadrados repleta de ordenadores y teléfonos móviles, la especialidad de este técnico superior de sistemas de telecomunicaciones e informáticos. Junto a la puerta blindada de hierro, siempre cerrada, un cartel exhibe su nombre y el de dos de sus colaboradores, uno de ellos apellidado Hellín Asensio. Emilio Hellín estaba casado con María del Carmen Asensio.

DETENIDOS

La portada de EL PAÍS: El asesinato en Madrid de Yolanda González Martín, de 19 años, conmocionó a España. Semanas antes de su ejecución a manos de un comando de ultraderechistas había muerto otro joven. El 12 de febrero de 1980 este periódico informó de que dos militantes de Fuerza Nueva eran los asesinos de la joven y de que habían sido detenidos por la policía tras incautarles gran cantidad de armas y explosivos.

En el departamento de defunciones del Registro Civil de Madrid, en el número 66 de la calle de Pradillo, no consta el presunto óbito de Emilio Hellín Moro, el militante de Fuerza Nueva —partido de extrema derecha que dirigía Blas Piñar— que protagonizó en 1980 uno de los asesinatos más brutales de la Transición; tampoco la Dirección General de la Policía ha expedido en los últimos años ningún carné de identidad a su nombre. Sí lo ha hecho, en cambio, a nombre de Luis Enrique Hellín Moro, el experto informático que niega ser el excriminal pese a su extraordinario parecido físico.

Emilio Hellín Moro, condenado a 43 años de cárcel por el asesinato en Madrid de Yolanda González Martín, una joven militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), ha cambiado su nombre por el de Luis Enrique, según ha comprobado ELPAÍS en su acta de nacimiento, depositada en el Registro Civil de Torre de Miguel Sesmero, un pueblo de unos 1.200 habitantes en Badajoz. El cambio se oficializó hace 16 años, el 25 de enero de 1996, en virtud de un auto dictado por el Registro Civil de Madrid en el expediente 402/95. Desde entonces, este es su secreto mejor guardado.

Con este cambio de nombre que permite la ley “si se demuestra una causa justa y no perjudica a terceras personas” el ultra Hellín Moro disfrazó su pasado criminal poco después de cumplir condena —permaneció entre rejas 14 años, con el paréntesis de una espectacular fuga a Paraguay—, de los 30 de pena máxima que contemplaba el Código Penal. Y al salir de la cárcel de Jaén 2 se construyó una nueva vida centrada precisamente en el mundo de la investigación criminal y judicial, un escenario del que él mismo fue protagonista estelar después de secuestrar a Yolanda González en su casa de Madrid y descerrajarle dos tiros en la cabeza en un descampado con el argumento de que ella era miembro de ETA, una falsedad.

EXPLOSIVOS Y GRANADAS

Planeaban otros atentados: Los agentes encontraron en el registro 50 kilos de goma 2, dos granadas de mano, mechas para explosivos, cebos electrónicos, detonadores, scanner VHF y un receptor de las emisoras policiales y de la Guardia Civil.

El nuevo Luis Enrique Hellín Moro es ahora uno de los principales asesores del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, participa en investigaciones judicializadas sobre terrorismo y delincuencia, imparte cursos de formación a agentes de este cuerpo, de la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa, Ertzaintza y Mossos d’Esquadra, da conferencias a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado en organismos oficiales y cobra por sus servicios del Ministerio del Interior, según ha comprobado este periódico. También asiste como perito a la Audiencia Nacional y a numerosos juzgados de distintas ciudades españolas. Su especialidad es el rastreo de pruebas en teléfonos móviles, ordenadores y dispositivos digitales que han intervenido en actos terroristas, crímenes, homicidios, secuestros, delitos económicos, financieros o informáticos, según consta en su currículo y confirman varias fuentes oficiales y judiciales. Jamás confiesa que el hábil y frío experto en telecomunicaciones, teléfonos espías, localización de llamadas, intervención de comunicaciones, recuperación de SMS o móviles activadores de explosivos es, en realidad, el ultra que a los 33 años, casado y con tres hijos, dio “un paseo a Yolanda González por una España grande, libre y única”, tal y como reivindicó el asesinato el Batallón Vasco Español, antecesor de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). Desde su aparición, el 24 de mayo de 1978, los comandos paralelos del Batallón Vasco Español asesinaron a 12 personas en atentados dentro y fuera de España. La diferencia entre este y otros crímenes del grupo parapolicial es que la víctima no tenía nada que ver con ETA.

ARMAS Y EXPLOSIVOS

La escuela-bomba: En el registro de la escuela de electrónica de Hellín, en Madrid, donde el militante de Fuerza Nueva impartía clases desde hacía 11 años, la policía encontró las armas del crimen, una pistola Walther y una Star, un subfusil marca Comando, un bolígrafo pistola y abundante munición, entre otro material.

El comandante Ramón García Jiménez, exdirector del departamento de ingeniería, electrónica e informática del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, explica así el trabajo de Hellín para este Cuerpo: “Nos asesoraba en cómo resolver y orientar algunos casos forenses. Nosotros no abarcamos todos los campos. Le pedíamos apoyo sobre cómo rescatar información de teléfonos móviles en casos judicializados que estaban bajo nuestra custodia y control. También colaboraba, y me imagino que sigue colaborando, en la formación de nuestros hombres. Es uno de los técnicos civiles más formados y va más adelantado en determinados campos de investigación”.

¿Sabe usted algo del pasado de este colaborador? “No conozco el pasado de este señor, solo sé que ha respondido siempre a todo lo que le hemos pedido”, responde el comandante García, destinado en el Ministerio del Interior.

El renacido Luis Enrique Hellín participó en 2008 en un seminario sobre nuevas tecnologías en la lucha contra el delito del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Policiales (IUICP) que dirigía José Antonio García Sánchez-Molero, subdirector del organismo y entonces coronel jefe del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil. Virginia Galero, directora del IUICP, asegura que a Hellín se le invitó por “su especialidad”, y añade que el curso perseguía mejorar los medios de la policía científica y del servicio de criminalística de la Guardia Civil. Este instituto mixto depende de la Universidad de Alcalá y de la Secretaría de Estado para la Seguridad del Ministerio del Interior.

EL JUICIO Y LA CONDENA

Asesinato con alevosía: El juicio contra los asesinos de Yolanda González levantó una gran expectación. Emilio Hellín fue condenado a 43 años de prisión. En la fotografía, sus abogados Fernando Muñoz Perea, Dimas Sanz y José Luis Díaz Echegaray, en la puerta de la Audiencia Nacional. Foto: Bernardo Pérez

El coordinador de este seminario y subdirector del IUICP, José Miguel Otero, comisario jefe de la Unidad central de Investigación Científica y Técnica de la Comisaría General de Policía Científica, asegura no conocer a Hellín y afirma no recordarlo. “Vendría invitado por otros miembros del instituto”, dice. Junto a Hellín participaron también en la formación de policías y guardias civiles el juez Eloy Velasco, hoy en la Audiencia Nacional, y Matías Bevilaqua, un informático detenido recientemente e imputado en la trama de compra y venta de datos confidenciales desarticulada por la policía en la que hay implicados varios detectives. El hacker asegura que aquel programa fue “del más alto nivel” y apostilla que la empresa de Hellín trabaja “muy bien”. El exconvicto ha impartido numerosos cursos y talleres de formación en la Dirección General de la Guardia Civil sobre “teléfonos espías”, obtención de evidencias en Mac, iPhone e iPod, e interpretación de datos binarios obtenidos de teléfonos móviles. Su último trabajo conocido es el rastreo de llamadas en el caso José Bretón, los dos niños supuestamente asesinados por su padre en Sevilla

PROTEGIDO EN PARAGUAY

La fuga: En 1987, Hellín aprovechó un permiso para huir a Paraguay, donde recibió protección de Stroessner. Abajo, la casa en la que residió. En la fotografía de arriba, con el ministro de Justicia de Paraguay, Hugo Estigarribia. Fue extraditado en 1990. Fotos: Reuters / J. García

El asesinato de Yolanda González en 1980 conmocionó a todo el país. La joven nació en Deusto (Vizcaya) en el seno de una familia trabajadora. Era la mayor de tres hermanos y obtenía notas brillantes en el colegio público donde estudió el bachiller. A los 16 años se afilió a las juventudes socialistas. Comprometida con sus ideas repartía de madrugada propaganda revolucionaria a las puertas de fábricas como en las que trabajaba su padre, un emigrante burgalés y soldador metalúrgico en Nife.

LA ANTESALA DE LA LIBERTAD

Polémicos permisos: En la imagen, Emilio Hellín sale de la cárcel de Jaén en septiembre de 1993 para disfrutar de siete días de libertad. Había cumplido la cuarta parta de la condena y su permiso fue muy criticado a causa de sus antecedentes: una evasión y dos intentos de fuga.

Del cuello de Yolanda colgaba una cruz Lauburu regalada por el comité de empresa de una factoría vasca. A los 18 años se trasladó a Madrid para estudiar electrónica en el centro de Formación Profesional de Vallecas. Vivía en un modesto piso en la calle del Tembleque, en el barrio de Aluche, y limpiaba casas particulares para no pedir ayuda a sus padres. “Era una persona lista, con una gran fuerza vital y entusiasta de las cosas y las personas. Siempre pensando en ayudar a los demás”, recuerda ahora Alejandro Arizcun, de 61 años, su novio de entonces y hoy profesor de Historia de la Economía en una universidad pública.

La vida de Yolanda en Madrid giraba entre sus clases en Vallecas, su trabajo de limpiadora y la sede del PST, una escisión del PSOE. Durante la segunda quincena de enero de 1980 participó en una huelga general de enseñanza, según reflejan fotografías en las que aparece a la cabeza de las manifestaciones estudiantiles. El viernes 1 de febrero de 1980, los militantes de Fuerza Nueva Emilio Hellín Moro e Ignacio Abad Velázquez, estudiante de Químicas, se presentaron en el domicilio de Yolanda, en el número 101 de Tembleque, con la intención de secuestrarla e interrogarla. No estaba, por lo que volvieron sobre las doce de la noche. En la calle contaban con el apoyo de otros dos militantes de Fuerza Nueva, Félix Pérez Ajero y José Ricardo Prieto, y del policía nacional Juan Carlos Rodas, que les aguardaban en un turismo. La joven intentó impedirles el paso, pero no lo logró. La redujeron con violencia, registraron el piso y la obligaron a acompañarles hasta el coche de Hellín. Se dirigieron por la carretera de Alcorcón hacia San Martín de Valdeiglesias, a las afueras de Madrid. En el trayecto, gritos, insultos y preguntas sobre un supuesto comando de ETA que no existía salvo en la imaginación de los dos matones. Acusaciones a las que Yolanda, que acababa de cumplir 19 años, no podía responder. En un descampado frío y solitario, Hellín obligó a la joven a descender de su coche y le disparó dos tiros en la cabeza a menos de un metro de distancia. Abad, de orden de Emilio, la remató en el suelo. Su disparo impactó en un brazo. “Cuando vi caer a Yolanda, quedé atontado y no me di cuenta de que disparaba”, relató el primero a preguntas del fiscal durante la celebración del juicio. La versión de Abad, en la que implicó a su compañero y dio todo lujo de detalles sobre el secuestro y asesinato, fue idéntica a la del fiscal.

Yolanda González Martín.

Días después, el agente que colaboró en el crimen confesó el asesinato al comisario Francisco de Asís. Hellín descansaba en Vitoria alojado en la casa de un amigo, inspector de policía. El ultra se jactaba de sus contactos en la Brigada Operativa de la policía. Además, tenía un hermano en la Guardia Civil, y entonces los vínculos entre miembros de la ultraderecha y los sectores más reaccionarios de las Fuerzas de Seguridad del Estado eran frecuentes.

El 7 de febrero, Hellín y Abad fueron detenidos y confesaron el asesinato. Ambos aseguraron que lo hicieron en venganza por el asesinato de seis guardias civiles en el País Vasco y porque sospechaban que Yolanda militaba en ETA. En el registro de la escuela de electrónica de Emilio, en la que impartía clases desde hacía 11 años, en el número 1 de la calle de San Roque, se descubrió un arsenal de armas y explosivos. Con una gran antena, un Scanner VHF y un receptor captaban las emisoras de la policía y de la Guardia Civil. Era el material del denominado Grupo 41 de Fuerza Nueva, que dirigía Hellín, destinado a otros atentados.

Ficha policial de Emilio Hellín.

Hellín no se resignó a cumplir los 43 años de condena (asesinato con alevosía, delito de depósito de armas y seis delitos de falsificación de documentos de identidad). Meses después de su ingreso en prisión preventiva se escapó de la cárcel de Alcalá de Henares en compañía de 10 presos comunes, aunque fue detenido horas después. Fue clasificado como interno especialmente peligroso y trasladado a Herrera de la Mancha, la cárcel más segura del país. Pero no cejó en su empeño y lo intentó de nuevo cuando le llevaron a la prisión de Cartagena, y lo logró al aprovechar un polémico permiso de seis días de libertad concedido el 20 de febrero de 1987 por el juez de vigilancia penitenciaria de Valladolid José Donato cuando estaba en la cárcel de Zamora. Hellín huyó a Paraguay con su mujer y sus tres hijos. Y de nuevo volvió a su pasión: la informática y la inteligencia. Creó el Centro de Estudios Profesionales de Asunción, dedicado a las clases de informática, y trabajó para los servicios secretos policiales y militares paraguayos formando a agentes en la instalación de micrófonos y rastreo de llamadas. Cambiaba de domicilio y utilizaba solo su segundo apellido hasta que fue descubierto por un reportero de la revista Interviú que denunció su paradero. En julio de 1989, la Interpol lo detuvo y el 21 de septiembre de 1990 fue entregado a España y devuelto a su celda de la prisión de Zamora. Su aventura en Paraguay bajo la protección del régimen de Alfredo Stroessner duró tres años. El dictador había invitado a su toma de posesión en Asunción a Blas Piñar, dirigente de Fuerza Nueva, y a León Cordón, entre otros ultras.

CAMBIO DE NOMBRE

De Emilio a Luis Enrique: Tal y como consta en su acta de nacimiento Emilio Hellín Moro cambió su nombre por el de Luis Enrique mediante un auto dictado por el Registro Civil de Madrid de fecha 22 de enero de 1996, poco después de salir de la cárcel. El ultraderechista nació el 8 de abril de 1947 en Torre de Miguel Sesmero, un pueblo de Badajoz. En el DNI de Luis Enrique Hellín Moro figura la misma fecha de nacimiento y en la misma localidad.

Los padres y hermanos de Yolanda González ignoraban la nueva vida del asesino de su hija. Eugenio tiene 79 años y Lidia, 72. Siguen viviendo en Deusto y no han conseguido olvidar. Asier, de 39 años, el hermano pequeño, no oculta su malestar. “Estoy perplejo. Es indignante que este hombre realice esa actividad. No sé si se habrá arrepentido; todo el mundo tiene derecho a una nueva oportunidad, pero, si lo hace con una nueva identidad, solo ratifica el tipo de personaje que es. Está claro que en este país las personas vinculadas a la extrema derecha gozan de privilegios”. Alejandro Arizcun, el novio de Yolanda, responde atónito con una palabra: “Tremendo”. Y añade: “Lo que usted me cuenta demuestra los lazos que Hellín tenía entonces con los cuerpos policiales y que todavía mantiene vivos. Nunca se investigó a fondo la implicación de algunos policías en el asesinato”.

Tras la visita del periodista a su oficina en Madrid, Luis Enrique Hellín ha suprimido de su biografía en Linkedin la g de su “abuelo inglés”. En su currículo de perito todavía queda una huella muy profunda de su oscuro pasado: asesor en telecomunicaciones e informática (1988-1989) del comandante en jefe de Estado Mayor del Ejército y del director general de la Policía Nacional de Paraguay. ¿Nadie en la Guardia Civil y la policía sabe quién es este experto forense informático que colabora en investigaciones criminales y forma a agentes de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado?

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"El terrorismo ultraderechista español " - texto publicado en marzo de 2012 en el blog Agitación y Propaganda Empty Re: "El terrorismo ultraderechista español " - texto publicado en marzo de 2012 en el blog Agitación y Propaganda

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