EL VETO AL 82% FUÉ JUSTO, PERO...
La presidente Cristina Fernández de Kirchner vetó la Ley que establecía la jubilación mínima en el 82% del salario mínimo vital y móvil (de los considerados como trabajadores en actividad), que había sido aprobada por ambas cámaras legislativas (en el Senado, el vicepresidente Julio Cobos desempató votando en contra del Gobierno Nacional) con el impulso de la oposición conservadora y posmenemista (CC, UCR, PRO, PJ antikirchnerista), la cual utilizó una causa histórica del sindicalismo clasista de la Argentina, para su propio provecho y con la mera intención de cavarle la tumba al gobierno nacional, y no favorecer a los jubilados, que cobran haberes de miseria y cuya pirámide de ingresos se ha achatado, o sea, en los siete años de kirchnerismo se igualó para abajo a todos los jubilados. Más del 70% hoy cobra el haber mínima, que a lo sumo llega a representar el 60% del salario mínimo, vital y móvil.
Desde que comenzó el debate, el gobierno de la presidente se negó a identificar fuentes de financiamiento para el 82% móvil. Acusaron ella, y sus ministros Florencio Randazzo y Aníbal Fernández, de que este proyecto significaría el "suicidio" de la Argentina, y de que el default de la deuda externa estaba "a la vuelta de la esquina". Burdas mentiras, máxime cuando varios partidos como Proyecto Sur y el Partido Socialista presentaron sus propios dictámenes en los cuales se identificó a las exenciones a la renta financiera, y el restablecimiento de los aportes patronales al 100% previo a las reformas liberales de Domingo Cavallo. Cristina Fernández ninguneó las iniciativas de las fuerzas de izquierda y progresistas del Parlamento, por ende redujo el debate a una supuesta confrontación con los "representantes del pasado (años 90)", a los cuales tachó (con razón) de irresponsables. Además, me permito afirmar lo siguiente, que con el dictamen que había llegado al Senado, sin fuentes de financiamiento, de una medida que tenía un costo aproximado de 40.000 millones de pesos, tampoco el gobierno nacional iba a arriesgarse a promulgar la ley, puesto que si quisiera enviar proyectos nuevos para el financiamiento...¿los Carrió, los Macri, los Sanz iban a respaldarlo?. La instancia definitoria es el Senado, y allí existe una paridad de fuerzas que obliga a medir todo con un porotómetro. Aunque con los votos de los escaños kirchneristas, de Proyecto Sur, los socialdemócratas y otras fuerzas, se podría haber aprobado un dictamen distinto, con el financiamiento que ya he mencionado. Entonces, cae de maduro que no existió, ni existe, voluntad política del gobierno nacional a eliminar las exenciones a la renta financiera, una medida, que suponen, afectaría a los avesados y aventureros accionistas de la bolsa porteña y los bancos, que mucha plata ganaron en estos últimos siete años de crecimiento a tasas chinas, pero que no le prestan guita a nadie ni tampoco participan, aunque sea mínimamente, en el desarrollo de la economía nacional.
El Gobierno ha echado a perder una oportunidad en la cual inclusive hubiera tenido un rédito político importante ante sus enemigos del Grupo Clarín y la oposición conservadora "noventista". Y una oportunidad (que tanto siempre reclaman sus columnistas de medios adictos) para unir votos y fuerzas en las dos cámaras junto a los partidos progresistas y de la izquierda nacionalista que respaldaron el 82% móvil, pero no el irresponsable dictamen emitido por la ultraderecha, sino un proyecto de ley verdaderamente beneficioso para los jubilados, que no pondría en riesgo al Estado nacional. Tanto los kirchneristas como los conservadores de la UCR y el PJ menemista destruyeron el debate a una nimiedad absoluta sobre las consideraciones de "los costes" y no "de dónde podemos sacar la plata". La presidente se hizo la distraída, y como a los medios de comunicación de la burguesía no les convenía la restitución de los aportes patronales, la discusión adquirió un tono falaz de "crispación política" en torno a la discusión por los haberes jubilatorios. La apocalíptica Elisa Carrió, los radicales y el macrismo jugaron con los intereses y las expectativas de los trabajadores jubilados de una manera repugnante. Pero el Gobierno acá no se lleva ningún elogio: negó de plano la discusión y la redujo a considerarla (más bien llamarla) como una "operación mediática del vicepresidente Cobos con el Grupo Clarín". La vida y la sobrevida de los trabajadores argentinos no pasa por Clarín.
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