PTD: el gobierno popular y sus limites frente al gobierno de la oligarquia

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sorge
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PTD: el gobierno popular y sus limites frente al gobierno de la oligarquia

Mensaje por sorge el Miér Mar 18, 2015 11:00 pm

Política
Noticias del PTD
Colectivo del PTD de Alcorcón
Sábado, 14 Marzo, 2015

Como dijo el empresario industrial y financiero Warren Edward Buffet: "hay una lucha de clases, de acuerdo, pero es mi clase, la clase rica, la que hace la guerra, y estamos ganando[1]".

Los Buffett, los Botín, los Florentino Pérez, los Amancio Ortega, etc., son esta clase rica, la burguesía. Son conscientes de la existencia de esta guerra; principalmente entre dos clases sociales contrapuestas en sus intereses. Y desde hace décadas vienen ganándonos en todos los terrenos. La clase obrera se mantiene a la defensiva perdiendo terreno conquistado por su lucha y unidad histórica de clase en todos los ámbitos: laboral, social, político y democrático.

Los empresarios y banqueros buscan, constantemente, la manera de recuperar las concesiones que se han visto obligados a realizar en determinados momentos a la clase obrera. Muchos han sido los derechos laborales, sociales y democráticos, conquistados por la clase obrera décadas atrás, pero muchos son los que se han perdido en las últimas 4 décadas. Así, el empleo fijo se ha ido convirtiendo en un empleo cada vez más temporal y precario -más flexible tras sucesivas reformas laborales desde la "Transición", especialmente las de 2010 y 2012, tal y como reclama la CEOE-. Las privatizaciones de empresas públicas y servicios públicos han sido una constante -en el caso de la sanidad pública desde la aprobación de la Ley 15/97-. Los derechos democráticos han sido limitados de manera paulatina -con la ley Corcuera, la ley de partidos o la actual ley mordaza, entre otras-. Etc.

Con ello los capitalistas defienden sus intereses: su propiedad privada sobre los medios de producción y maximizan sus beneficios privados en base las relaciones sociales establecidas en este régimen. Y para ello requieren ejercer el control y dirección política de la sociedad.

¿Por qué necesitan defender esta propiedad privada, no solo frente a la clase obrera sino, también frente a los demás empresarios y banqueros?

Mediante esta propiedad explotan a los trabajadores y se enriquecen. Obtienen grandes beneficios privados. Acumulan grandes cantidades de capitales, ya sean dinerarios y/o en patrimonio. Esta propiedad les permite tener una posición privilegiada en la sociedad, ya no solo en las condiciones de vida sino para la adopción de decisiones políticas e influencia en los diferentes rincones del país, del Estado, de los gobiernos, etc.

La competencia entre burgueses -ya sea en Alcorcón, en España o en el mundo- supone una lucha por la supervivencia como empresarios y banqueros, por no caer en la ruina, por no sucumbir a las leyes internas del capitalismo. Por mantener esa posición privilegiada. E implica la necesidad de reducir costes: aumentando la explotación de los obreros y obreras.  Esto supone aumentar los ritmos de trabajo, las horas, reducir los salarios directos y/o indirectos, etc. Es decir, supone el empobrecimiento cada vez mayor de la clase obrera. Y supone la necesidad de dominarnos, de supeditarnos a ellos en todos los sentidos. Porque no solo pueden perder esa posición privilegiada ante sus compañeros de clase social sino que es la clase obrera la que puede derrotarlos a todos.

Para poder reproducir estas relaciones sociales para la producción, que les proporcionan los enormes beneficios privados, necesitan toda una estructura política -incluida la de gobierno- e ideológica de Estado; que ésta se adecúe a ellos y a sus intereses. Así, pues, dispondrán de unos representantes políticos que la gestionen y dirijan.

¿Cómo puede ser que, en términos generales, los representantes políticos respondan a los intereses de empresarios y banqueros?

La corrupción es la más famosa de las formas en las que estos burgueses ejercen el poder político. Es decir, mediante su poder económico influyen para ajustar la legislación a todos los niveles a sus intereses en cada momento. Ya lo vimos en todas partes con los especuladores urbanísticos influyendo en los PGOU de muchísimos municipios (véase la operación púnica). Esta corrupción, en forma de compra de concejales, financiación "ilegal" de partidos, campañas electorales, sedes, etc., establece un lazo de dependencia haciendo que estos sean representantes directos de sus intereses en cada institución pública.

Pero no es la única. Existen muchas otras formas legalizadas y fomentadas desde un Estado que está estructurado y tiene claramente marcado el carácter de clase para que ésta domine sobre las demás.

Los lobby´s de presión, grupos empresariales, grandes corporaciones financieras, medianos empresarios -a escala autonómica o locales-, etc., se encargan de encumbrar -y, también, de financiar legalmente- a aquellos que defenderán sus intereses poniendo a su disposición todos los medios posibles. Se produce a todos los niveles: internacional, europeo, estatal, autonómico y/o local. Son influyentes para reformar la legislación o llevar a cabo determinadas acciones de gobierno. Asesoran, presionan, "convencen", etc., para que se aplique una determinada ley u otra en función de cómo responde a sus necesidades para moverse en el mercado, para que le permita conseguir mayores beneficios privados. También, como contraprestación por los servicios prestados, cuando se aparten de la política, los incorporarán a sus consejos de administración. Las famosas puertas giratorias se activarán tras las elecciones de este año, por ejemplo, y por ahí veremos aparecer a Susana Mozo y/o al propio David Pérez -posiblemente en dirección a Recycling Hispania por la privatización del vidrio-. Explotan el hecho de que con ello pueden llegar a ser uno de ellos. Esto les motiva a asimilar sus principios ideológicos y a aplicarlos con mayor firmeza.

Desde las mismos aparatos ideológicos del régimen capitalista educan a la población en que la democracia reside en el carácter de la representatividad política, entre otras cuestiones. En las universidades, institutos y colegios nos enseñan a respetar la propiedad privada burguesa, a ser emprendedores para ligarnos más a ella, a defender la estructura "democrática" representativa que facilita a los oligarcas controlar el poder político, a que las cosas son así desde siempre y no se pueden cambiar -para mantenernos mansos-, etc. De la misma forma actúan los medios de comunicación. Tratan de que la clase obrera asumamos como propios y defendamos los intereses de la burguesía, que reproduzcamos la sociedad que les beneficia; así algunas capas de la misma defienden las bajadas salariales, los recortes en servicios públicos o reformas laborales que faciliten la inversión privada, para obtener mayor rentabilidad.

Y  preparan ideológicamente y profesionalmente a los que serán los supuestos representantes políticos "de todos y todas" para reproducir el "estado de las cosas". Es decir, para legislar y defender su propiedad privada de los medios de producción, por la cual explotan y empujan a la pobreza a la mayoría de la población mientras que la minoría burguesa se enriquece. De aquí salen los David Pérez, los Pedro Sánchez, los Mariano Rajoy, los Rosa Díez o los Albert Rivera.

Estos mismos oligarcas y medianos empresarios no solo disponen de medios a disposición de quienes alistan en sus filas políticas, pertenecientes a diferentes partidos políticos afines o directamente empresarios; sino que aquellos que no sucumbimos, de una u otra forma, a sus intereses -económicos y políticos- somos hostigados, somos acosados, somos amenazados, somos vilipendiados, nuestras políticas económicas son boicoteadas o, incluso, somos depuestos mediante golpes de Estado fascistas.

Por tanto, la Ley que rige en todos los niveles, en términos generales, lleva la impronta de esta clase social dominante. Son reflejo de sus intereses y sirven para reproducir las condiciones sociales que les permite satisfacer sus intereses y necesidades como burguesía. Bajo la representatividad política se mueven cómodamente para alcanzar sus objetivos. Legislan, regulan y ordenan los municipios, las autonomías y el país entero.

Es por ello que no admiten, voluntariamente, otra forma política de gobierno. No pueden permitir acabar con la representatividad política para dar paso a la profundización democrática y a la ampliación de las libertades para las clases trabajadoras. Que la población conozca y controle la labor de los cargos electos, revoque a aquellos corruptos o incompetentes, disponga de toda la información, debata las propuestas de reforma de la legislación, los presupuestos, etc., tome las decisiones necesarias en los ámbitos políticos, sociales y económicos mediante referéndum vinculante, etc. ¡Esto es lo que nos proponemos en la candidatura de Alcorcón para la mayoría! En esta coyuntura, ¿qué sería de todas las decisiones cruciales como las reformas laborales que precarizan el mercado laboral, los recortes en sanidad, los rescates a la banca o la ley "mordaza"? ¿Cómo reaccionarían aquellos que se están beneficiando de todo ello actualmente?

¿Y qué decir de la inversión pública? La inversión pública supone una forma de intervención del mercado por parte del Estado, mediante el uso de cantidades dinerarias para invertirlas en un determinado sector o una parte del sector con un determinado objetivo. El estado tiene un carácter de clase; es el colectivo de la burguesía quien lo dirige para sus intereses -como atestiguan todos los ejemplos dados anteriormente-. Por tanto, toda inversión pública debe responder a sus necesidades. La gestión de estas empresas públicas fue, es y será puesta en manos de sus cargos de confianza. El uso que hacen de ello es para la inversión en un sector con alto riesgo de fracaso, es decir, de pérdidas, que debe ser allanado y estabilizado por el estado; para sectores que necesitan una inversión tecnológica que no pueden afrontar esta burguesía con la rentabilidad que necesita, etc.; para el saneamiento de sectores, como el financiero, seriamente dañados. Es decir, el uso de los recursos económicos de toda la población se destina para su posterior privatización y beneficio de estos empresarios y banqueros.

¿Y con control democrático obrero? Durante un determinado momento un gobierno progresista podría poner en manos de los trabajadores el control de la empresa pública. De manera que éstos la pongan al servicio de las necesidades y el progreso de las clases trabajadoras, es decir, de la mayoría de la población. Que las decisiones en la gestión de la producción se lleven a cabo democráticamente, siendo conscientes que las "cosas" no salen de la nada sino de nuestro trabajo. ¡Esto es lo que nos proponemos en la candidatura de Alcorcón para la mayoría! No obstante, duraría lo mismo que durase ese gobierno progresista, como ya se ha expresado en párrafos anteriores en referencia a la capacidad que tienen de coacción, de imposición y de deposición "pacífica" o violenta.

La lucha por la conquista de estas reivindicaciones inmediatas requiere de la acción conjunta de la clase obrera, de su acción política. Tanto de resistencia o defensa de los conquistado como de lucha por nuevas conquistas. Ésta implica y requiere unidad de la clase obrera para la afrontar la lucha con un enemigo que se encuentra muy organizado y que dispone del Estado -y todos sus mecanismos- como arma contra la clase obrera. Porque los desahucios, los recortes, los despidos, la flexibilidad laboral, las bajadas salariales, etc.; todo ello lo sufrimos los obreros y obreras en todos los lugares. Tenemos los mismos intereses y necesitamos el mismo programa político en Leganés, en Móstoles, en Getafe, en Madrid, en Jaén, en Cádiz, en Barcelona, en Bilbao, en Gijón, en Vigo, etc.; tenemos los mismos enemigos que nos explotan y empobrecen. Esta acción política y unidad obrera precisa de organización de clase, pero no de cualquiera. La clase obrera debe organizarse en y entorno a su partido político para la conquista de sus intereses políticos, sociales y económicos que tiene como clase, necesitamos reconstituir el Partido de la clase obrera capaz de ello.

En estas acciones políticas organizadas tenemos intereses comunes con los pequeños propietarios, otras capas trabajadoras intermedias de la sociedad, intelectuales y políticos pequeñoburgueses, etc. Por su posición con respecto a la posesión total o parcial de los medios de producción y sus condiciones de vida tienen intereses comunes frente a un enemigo común, la oligarquía. Pero, por el mismo motivo, tienden a vacilar, a no arriesgar lo que tienen en la conquista de una reivindicación justa, a ajustarse a la legalidad. Ideológicamente se sitúan en la socialdemocracia, en la reforma del sistema capitalista, bajo diferentes siglas: Izquierda Unida y Podemos, entre otras. Debemos aliarnos y/o converger con ellos en tanto en cuanto quieran conquistar esas reivindicaciones inmediatas, en tanto en cuanto aporten para ello. Y nos debemos apartar de ellos en tanto en cuanto entorpezcan la consecución de esas reformas que, siendo materialmente posible realizarlas, se limiten a cumplir con la legalidad del régimen de los oligarcas para no perder su posición cómoda; en algunos casos será para no perder su cómodo sillón en un Ayuntamiento o en el Congreso. En Alcorcón tenemos casos conocidos y otros por conocer.
[1] En la entrevista de Ben Stein a Warren Buffett para The New York Times en 2006: "there’s class warfare, all right, but it’s my class, the rich class, that’s making war, and we’re winning.”
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현욱한
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Re: PTD: el gobierno popular y sus limites frente al gobierno de la oligarquia

Mensaje por 현욱한 el Sáb Mar 21, 2015 6:02 pm

El comunismo es utópico para aquel al que no le interesa, malditos. ¡Dictadura del proletariado, ya!

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