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Mensaje por RioLena el Jue Sep 04, 2014 9:40 pm

Independencia de las Colonias Norteamericanas

tomado de la biblioteca de web de la JC de México en septiembre de 2014

se puede descargar en buen formato doc desde:

https://www.dropbox.com/s/7lhcj8xp3z6c5i9/Independencia%20de%20las%2013%20colonias%20Norteamericanas.docx

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Independencia de las Colonias Norteamericanas

tomado de la biblioteca de web de la JC de México en septiembre de 2014

Desde finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX acontecieron sucesos que marcan en la historia de Europa y América el principio de un nuevo periodo. Esta nueva era (capitalista) tiene sus raíces siglos atrás, en la evolución de las estructuras sociales, económicas y religioso culturales que se venían gestando desde el siglo XIV, maduradas en el renacimiento y que desembocaron en lo que conocemos como la Ilustración.

Uno de estos sucesos fue la emancipación de las trece colonias norteamericanas. Este acontecimiento jugó un papel determinante, pues impulsó la independencia de otras colonias  y el proceso revolucionario en Europa, además de ser de las primeras revoluciones que intentan llevar a la práctica los ideales de la ilustración.

Antecedentes

La colonización en el norte de América

La colonización inglesa en territorio americano comenzó desde el año 1578. Durante esta época, Inglaterra estaba atravesando un periodo interno de revolución y de disputas religiosas. Los episodios de la guerra del Parlamento, la ejecución de Carlos I, la República puritana, la restauración monárquica, la conversión de Jacobo II al catolicismo y la segunda revolución que destronó definitivamente a los Estuardos, empujaron hacia América a los descontentos o vencidos tanto del campo monárquico como republicano y tanto de la comunión católica como protestantes. Esto dio a las colonias inglesas norteamericanas gran variedad de población y de formas de gobierno.

La corona Inglesa no daba mucha importancia a los descubrimientos que se realizaban en el nuevo mundo. Las nuevas tierras le servían como regalos, y, mientras se dudaba de la existencia de todas esas extensiones de tierra, se expedían títulos de “propietarios” a compañías y magnates a cambio de obtener parte de los beneficios el día en que las colonias fueran remuneradoras. El gobierno inglés, por lo regular, dejaba a las compañías y propietarios entera libertad de organizarse; sólo se reservó el derecho de fiscalizar su desarrollo mediante un gobernador, de atribuciones muy imprecisas.

A mediados del siglo XVIII, al comenzar la revolución, los establecimientos ingleses en América eran trece, independientes unos de otros. Cada cual contaba con un sistema de organización, todos con accesos en la costa del atlántico y sus límites hacia el interior eran muy imprecisos.

La guerra de los siete años

A principios de la segunda mitad del siglo XVIII, Inglaterra se enfrentó a Francia y España en la llamada Guerra de los Siete años. Las colonias norteamericanas participaron otorgando auxilio de hombres y dinero y la región del norte dio alojamiento a los militares. Sin embargo las responsabilidades con las que cargaron fueron mínimas pues las expediciones contra los franceses que ocupaban la región del Canadá eran preparadas en Europa y la mayor parte de los militares también eran europeos. En realidad la guerra no tenía mayor importancia para los colonos, aunque la anexión del Canadá les abría la posibilidad de expandir su territorio hacia el oeste.

La guerra concluyó el 10 de febrero de 1763 con la firma de los tratados de París. El triunfo fue para la Gran Bretaña que obtuvo la Florida española y casi todo lo que Francia poseía en Norteamérica: el Canadá y el territorio situado al este del Missisippi.

A pesar de la victoria, Inglaterra quedó en muy malas condiciones, le urgía reorganizar sus fuerzas marítimas y sobre todo financiar la deuda pública que había contraído durante la guerra. A esto se agregaban los problemas internos que se estaban presentando.

Una de las principales necesidades de la Gran Bretaña era insertar en el complejo imperial a los inmensos territorios sustraídos a Francia y España. Tenía que adecuar los derechos e intereses consolidados de las colonias preexistentes con los que se planteaban en la metrópoli. Para lograrlo, el gobierno inglés decide implementar una serie de acciones. Una de ellas fue abandonar la política de “negligencia saludable” bajo la cual las colonias Norteamericanas se habían desarrollado desde su establecimiento. Inglaterra se propuso establecer una nueva organización colonial; implantar un sistema más efectivo de gobierno hacia las colonias e incrementar las recaudaciones para ayudar a financiar la deuda.

Entre 1763 y 1774 el parlamento aprobó nuevos impuestos para los colonos y leyes que les obligaban a respetar las regiones conquistadas durante la guerra de los siete años. Estas medidas fueron interpretadas por los colonos como una conjura de la metrópoli para acabar con sus derechos y libertades. No se sentían merecedores de tales agravios después de haber defendido los intereses británicos durante la guerra de los siete años.

La respuesta colonial a las imposiciones de la Corona

La primera imposición británica hacia los colonos se da en el año de 1763 con la proclama de Pontiac. Antes de la Guerra de los siete años los indígenas de la región del Canadá mantenían buenos tratos con los franceses. La situación cambió cuando los colonos ingleses ocuparon sus territorios y los fueron desplazando violentamente hacia el oeste. Los indígenas reaccionaron con una rebelión que estalló en el valle de Ohio acaudillada por Pontiac, jefe de la tribu de los Ottawas, quien logró unir varias tribus en la lucha. Los indios temían una ocupación de sus territorios por los nuevos colonos británicos, y se habían sentido ofendidos por el comportamiento brutal de los nuevos administradores.

    La represión fue dura y costosa, y la peor parte recayó sobre las tropas británicas. Como los mayores beneficiados de la Guerra de los siete años eran los colonos de América, el canciller George Grenville, creyó justo y lógico solicitar de ellos una mayor participación en los gastos, además de que los colonos no sólo habían contribuido a la guerra con poco dinero y algunos soldados. Sin embargo esta exigencia replanteaba el problema de armonizar los derechos e intereses entre los colonos y la Corona inglesa.

    Finalmente la Gran Bretaña promulga la Proclama de Pontiac en la que los colonos tenían la obligación de proteger y respetar los territorios indígenas. La proclama fue violada sistemáticamente, por lo que once años más tarde, el 22 de junio de 1774, se expidió la ley de Quebec, en la cual se prohibía el avance de los colonos hacia el oeste, con el objeto de evitar conflictos con las tribus indígenas, además, otorgaba a los habitantes de la provincia de Quebec la libre práctica de la religión católica y el mantenimiento de su estructura jurídica francesa, con la finalidad de integrarlos más rápidamente al Imperio. Tales medidas afectaban los intereses de los comerciantes y especuladores de tierras y fueron interpretadas por los colonos ingleses como concesiones inmerecidas.

Después de esta, vinieron otra serie de leyes como la proclama de la Ley del Azúcar que levantó una oleada de protestas, pero no fue sino hasta la promulgación de la ley del timbre cuando el descontento colonial se hizo evidente. La ley del timbre se impuso el 2 de marzo de 1765, en ella se proclamaba que los colonos debían de pagar a la corona impuestos por todo papel expedido con fines legales, trámites burocráticos e incluso incluía a las editoriales. La corona pretendía de esta forma controlar la libertad de prensa y recaudar más fondos.
En mayo de ese mismo año la asamblea de Massachusetts se reunió y acordó que el rey de Inglaterra no tenía ningún derecho de imponer contribuciones a las colonias sin el consentimiento de éstas. Enviaron cartas a las otras asambleas coloniales invitando a la cooperación en aquel asunto. Así se formó el llamado Congreso de la ley del Timbre que se reunió en el 19 de octubre en Nueva York. De este congreso surge el documento “Declaraciones adoptadas por el congreso sobre la ley del timbre”.  El documento se integra por 13 puntos en los que se argumenta por qué la Ley del Timbre es una imposición injusta de parte de la Corona de la Gran Bretaña hacia los Colonos. Se establece que es esencial para la libertad de un pueblo el que no le sean impuestos tributos sin su propio consentimiento, que los únicos representantes de los pobladores son aquéllos escogidos de entre ellos y por ellos y que el pago de tales impuestos es imposible dada la escasez de recursos de los colonos.

   Estas declaraciones levantaron un fuerte debate sobre el concepto de representación. Los británicos sostenían que el Parlamento representaba “virtualmente” a todos los ciudadanos del imperio, puesto que sus miembros compartían los intereses de toda la comunidad imperial. Los colonos insistían en la representación “real” basada en una autoridad específica de una comunidad específica. Para tratar tales asuntos enviaron a Benjamín Franklin, un hombre de 59 años nacido en Boston, que había participado anteriormente como miembro de la comisión de negociación con los indios nativos en 1749.

    El canciller Grenville no estaba dispuesto a ceder ante las exigencias de los colonos y Jorge III lo sustituye por Charles Rockingham, quien era contrario al uso de la fuerza. La ley del timbre es finalmente revocada y el júbilo en América es grande por la victoria. Después de la revocación, Benjamín Franklin compareció ante la cámara de los comunes; explica cómo las leyes votadas provocaron únicamente el surgimiento de una oposición y el inicio del proceso de alejamiento de las colonias de América con respecto de la metrópoli.

    El ministro Rockingham, una vez abolido el impuesto del timbre, trató de hacer frente a los problemas económicos imperiales sin molestar más a los americanos y propone una serie de impuestos indirectos; tarifas aduanales que afectarían en América a las importaciones de algunos productos como el vidrio, plomo, los barnices, el papel y el té. Así en 1767 fueron promulgadas las Leyes de Townshend. Rockingham confiaba en no volver a despertar la oposición de los americanos a la vez que se tomaban medidas para reforzar a las autoridades aduanales y transferir algunos cuerpos del ejército a las ciudades del este.

    En respuesta los americanos comenzaron a practicar el boicot produciendo las mercancías que importaban de Inglaterra y abandonando la costumbre de beber té; logrando reducir las importaciones en un tercio.

    La clausura de puertos británicos, la presencia del ejército en los puertos y el endurecimiento de los controles aduaneros creó un estado de tensión que estalló finalmente en la matanza de Boston el 5 de marzo 1770, fue el primer enfrentamiento entre los colonos y el ejército. Todo comenzó cuando un aprendiz y un soldado comenzaron a lanzarse bolas de nieve después de haber tenido una fuerte discusión. El alborotó llamó la atención de gente que pronto se unió a la revuelta lanzando basura y pedazos de madera a los soldados. Debido a un golpe, uno de los oficiales calló y disparó, lo que provocó que la gente enardeciera. Los soldados, asustados, perdieron el control y dispararon contra los ciudadanos provocando la muerte de cinco civiles. Precisamente ese día el nuevo gabinete formado por Lord North revocaba los impuestos de Townshend, excepto el del té, que fue mantenido como símbolo de la “supremacía del Parlamento”.

En 1773, el Parlamento otorgó a la Compañía Británica de las Indias Orientales el monopolio exclusivo para exportar el té a las colonias americanas, vendiéndolo directamente sin la obligación de pagar arancel alguno. De esta forma podían dar un precio más bajo que el de los comerciantes norteamericanos que compraban el té a Holanda. Varios norteamericanos, en especial contrabandistas, se vieron ofendidos y como resultado se produjeron protestas en Filadelfia y Nueva York pero fueron las manifestaciones en Boston las que hicieron historia con la llamada “Fiesta del té”, en la que los colonos disfrazados de indios arrojaron al mar el té de tres barcos que esperaban ser descargados en el puerto de Boston.

    A este punto la relación entre las colonias y la metrópoli estaba ya desgastada, los intentos de los diferentes gobernadores ingleses por mantener la paz y establecer una nueva organización en todo el imperio no resultaron. El gobierno británico tenía únicamente dos alternativas: aceptar aquella realidad de hecho, o emplear la fuerza. Y eligió esta última. El gobierno de lord North contestó a las reacciones de los colonos con medidas represivas, llamadas por los americanos como las Leyes Intolerables. Obligaban a clausurar el puerto de Boston hasta que se pagara una indemnización por todo el té arrojado al mar, imposibilitaban los cambios en el gobierno de Boston y se pedía la extradición de todos los que habían violado la ley.
    Una asamblea reunida en Williamsburg, Virginia, el 27 de mayo de 1774, tomó la iniciativa de convocar en un congreso a los representantes de las trece colonias de América. El 5 de septiembre se inauguró en Filadelfia el Congreso Continental. Participaron 55 delegados de doce colonias, solo faltó Georgia. Se redactó la “Declaración de derechos y quejas” en la cual explicaban los motivos del enfrentamiento; aceptaban someterse al parlamento en aquellos puntos en que el bienestar del Imperio lo requería; sin embargo, se reconocía, implícitamente, que la soberanía residía en las legislaturas locales y el único lazo de unión entre la Gran Bretaña y las colonias era la sumisión a la Corona.

INDEPENDENCIA DE LAS TRECE COLONIAS NORTEAMERICANAS

El parlamento se inclinaba hacia las colonias pero Jorge III insistía en la pretensión de mantener al menos el impuesto del té, como símbolo de la soberanía de la Corona. Aun nada había estallado. En los congresos los delegados negaban aun la posibilidad de la independencia, pero el 18 de abril de 1775, una columna de soldados ingleses se dirigía hacia Concord para apoderarse de un depósito clandestino de armas. En Lexington se enfrentaron a unos setenta colonos que les impedían el paso. Cayeron muertos dieciocho colonos y un soldado. Este suceso dio inicio a la guerra.

    El 10 de mayo de 1775, se reunió en Filadelfia el Segundo Congreso Continental. Una vez más en este congreso se eludió el tema de la independencia. Se redactó la “Petición de la Rama de Olivo” dirigida a Jorge III. En este documento se reafirmaba la lealtad de las colonias a la corona británica y se solicitaba la destitución de los ministros culpables de las medidas coercitivas. En forma simultánea se expidió la “Declaración de las causas y la necesidad de tomar las armas” escrita por Dickinson y por Thomas Jefferson, en donde se afirmaba la voluntad de los colonos por no romper su relación con la metrópoli, que si se veían obligados a tomar las armas este era solo un “paso desesperado”. Se toma también la decisión de formar un ejército continental integrado por 20,000 hombres al mando de George Washington.

En Inglaterra, Lord North consiguió que el Parlamento aprobara una “Acta de reconciliación”, pero no revocó las “leyes intolerables”, ni dio respuesta a las “Resoluciones” del primer Congreso Continental. Por su parte, Jorge III ignoró la “Petición de la Rama de Olivo” y el 23 de agosto de 1775 declaró a las colonias en rebeldía. El 22 de diciembre se votó una ley que prohibía cualquier operación comercial con ellas.

Al iniciarse el año de 1776 la idea de la independencia no estaba definida; sin embargo, era una opción que estaba ya en la mente de los colonos. El elemento que la maduró fue el panfleto publicado con el título “El sentido común”, aparecido en enero de 1776, cuyo autor Thomas Paine, con sólo catorce meses de haber arribado a filadelfia, amalgamó y expresó el resentimiento acumulado de  las colonias y formuló abiertamente la necesidad de la separación definitiva de Inglaterra. En esta obra se culpaba directamente al rey de la opresión colonial.

    Las asambleas coloniales, empujadas por los acontecimientos, ordenaron a sus representantes en el Congreso que se pronunciaran por la independencia. El 2 de julio, por doce votos y una abstención (la de Nueva York) el Congreso aprobó la moción presentada por R. Henry Lee en virtud de la cual las colonias debían considerarse “Estados libres e independientes”. Se nombró una comisión encargada de redactar el texto de la declaración formal de independencia detallando los motivos. La comisión estaba conformada por John Adams de Massachusetts, Benjamín Franklin de Pennsylvania, Thomas Jefferson de Virginia, Robert R. Livingston de Nueva York y Roger Sherman de Connecticut.

    El documento fue aprobado por el Congreso tras dos días de discusiones, el 4 de julio de 1776. La “Declaración de independencia de los Estados Unidos” consta de tres partes: el preámbulo: enuncia los derechos humanos; la declaración: enumera los 27 agravios que precipitaron al rompimiento; y la conclusión: enuncia el rompimiento definitivo. La declaración de independencia más que una declaración de guerra, enuncia por qué la separación de las colonias es totalmente necesaria e inaplazable.

    Las tropas británicas evacuaron Boston y se había rechazado un ataque marítimo contra Charleston. Las trece colonias podían considerarse ya dueñas de sí mismas.

    Con George Washington al frente del ejército continental, los americanos combatieron a los ingleses. Francia y España intervienen apoyando al ejército americano con el fin de restar a Inglaterra gran parte de su poder e influencia colonial. La guerra dura siete años, hasta septiembre de 1783, en que se firma el Tratado de París. Inglaterra reconoce oficialmente la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. El tratado fue firmado por David Hartley, miembro del Parlamento del Reino Unido que representaba al rey Jorge III, John Adams, Benjamin Franklin y John Jay, representantes de los Estados Unidos.  

¿HUBO UNA “REVOLUCIÓN” AMERICANA?

Junto a la revolución francesa, la fundación del Estado nacional americano fue el acontecimiento más trascendental en la historia política de la región europeo-americana del siglo XVIII. La independencia estatal de los americanos se basó en el desarrollo económico, social y –en sentido más rígido de la palabra- político de Europa. Desde los primeros asentamientos de los europeos hasta la Independencia, la sociedad de blancos de Norteamérica fue fundamentalmente un fragmento de Europa.

    Las inversiones europeas, el deseo de los europeos de asentarse en el nuevo continente, el éxito de la autoafirmación de los colonos en el seno del imperio comercial británico hicieron que los europeos desarrollasen en América, en el curso del siglo y medio, una sociedad que pronto creó un Estado nacional duradero. La base de su creciente prosperidad fue la necesidad continua de los productos americanos en toda Europa. Y, finalmente, las rivalidades entre las grandes potencias europeas –sobre todo la competencia entre Francia e Inglaterra por el predominio en el continente norteamericano- hicieron posible la afirmación militar y diplomática de la independencia.

    Resulta evidente la diferencia estructural entre la guerra de Independencia americana y la mayoría de los posteriores movimientos independentistas anticolonialistas de Asia y África. En América lucharon emigrantes europeos por su autodeterminación, con el apoyo militar de varias potencias europeas. Su voluntad de resistencia fue, por lo tanto, parte de su decisión de una amplia y próspera clase media nativa de defender el libre desarrollo ulterior de su prosperidad. Lo singular de la “privación relativa” de la amplia clase media colonial a partir de 1763 era que todavía no la había sufrido, sino que únicamente la temía, como consecuencia de la estricta e incipiente política colonial británica. La resistencia contra la ley del timbre y los impuestos sobre el azúcar mostró que una gran parte de los comerciantes, los políticos y amplias capas de la población no estaban dispuestos a someterse por más tiempo a los intereses económicos de la metrópoli. No existía en las colonias una auténtica clase noble capaz de identificar su destino con el de la inglesa. La revolución americana fue una revolución burguesa por excelencia: la medias de la burguesía colonial europea en contra de la pretensión de dominio de una monarquía constitucional. De ahí que la lucha por la independencia no condujera a un derrumbamiento del orden social ni a una transformación social.

    ¿Resulta entonces lícito hablar hoy de una “revolución” americana? La pregunta se plantea con frecuencia fuera del ámbito angloparlante. Un acuerdo conceptual que se basase, por ejemplo, en el término “Guerra de Independencia” sólo tendría sentido si entre tanto la palabra “revolución” hubiese sido precisada desde el punto de vista analítico de las ciencias sociales y su utilización pudiese ser falta porque provocase previsibles incomprensiones. Pero hasta el día de hoy, no existe ninguna imperiosa razón para no incluir al movimiento independentista y a la fundación del Estado americano en las dos revoluciones que, en la segunda mitad del siglo XVII, iniciaron la época de luchas por la institucionalización de la soberanía del pueblo en el moderno Estado constitucional. Tampoco es en modo alguno confuso hablar de revolutions for Independence,  como hace John Lynch en su exposición de los movimientos independentistas latinoamericanos. Los coetáneos que estaban por el rey y el parlamento hablaban de la “rebelión” de ofuscados colonos. Los patriotas americanos, sin embargo, comparaban su resistencia con la ofrecida contra Jacobo II en la glorificada “revolución”. La guerra de Independencia (1775-1781) era para ellos solamente parte de la misma.

John Adams, quien tuvo una destacada participación, opinaba en un análisis retrospectivo: “La revolución estaba en la mente del pueblo. Y esto sucedió en los quince años que van de 1760 a 1775, antes de que se hubiera derramado en Lexington una sola gota de sangre”. El médico y político Benjamín  Rush, por el contrario, prevenía en 1787 contra la confusión entre las denominaciones “revolución americana” y “guerra americana”: “La guerra americana ya ha pasado”, explicaba. “Pero esto no le atañe en modo alguna a la revolución americana. Por el contrario, sólo ha concluido el primer acto del gran drama”.


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Mensaje por RioLena el Jue Sep 04, 2014 9:45 pm

La historiografía nacional americana, que inmediatamente tomó cartas en el asunto, incluyó también a la guerra de Independencia dentro del amplio proceso de la fundación del Estado. En la conciencia de una gran parte de la capa política dirigente, la insurrección contra el poder colonial terminó en 1787-1789, con el acuerdo sobre la nueva Constitución federal y el establecimiento de las nuevas instituciones centrales: el presidente, la Cámara de Representantes y el Sentado, y la judicatura de la Federación. La Constitución federal abolió, de un modo anticonstitucional, los articles of Confederation, acordados en 1781 en la primera Constitución de la federación estatal, es decir, violando la disposición constitucional según la cual los cambios en la Constitución sólo eran posibles por unanimidad. Ese hecho, ampliamente aprobado por lo coetáneos, le fue suficiente a algunos intérpretes para valorar como una “segunda revolución” el paso de la Confederación estatal al Estado federal.

Los políticos y publicistas que estaban descontentos con la laxa Confederación estatal de 1781, con el fin de ganarse simpatías para la Constitución de 1787 habían hecho propaganda a favor de una gran república comercial expansiva, interlocutor comercial de todo el mundo, que, para su autoafirmación, necesitaba ahora también un gobierno federal, capacitado para la acción y competente para la coordinación. Después de 1790, los americanos trataron de desempeñar, con relativo éxito, durante dos décadas y media, el ventajoso papel de socio comercial neutral con todas las partes beligerantes en Europa. Pero incluso los mismos republicanos franceses no les permitieron esa función, y solo gracias al frío racionalismo del presidente John Adams pudo ser evitada una guerra de los Estados Unidos en contra de Francia, en la última década del siglo XVIII. No obstante, bajo el presidente Madison se llegó a una nueva guerra contra Inglaterra (1812-1815). Acabó en un compromiso y no aportó, al igual que el anterior embargo voluntario de 1807, el reconocimiento ilimitado de la neutralidad comercial por parte de la Gran Bretaña que seguía siendo la primera potencia naval de la época.

Los acuerdos de paz europeos de 1815 pusieron fin a las extraordinarias posibilidades de beneficio que había venido aprovechando intensamente la flota mercante americana desde el comienzo de las guerras revolucionarias en Europa, en el año de 1793. El capital acumulado en ese período fue utilizado, entre otras cosas, para financiar la mecanización de las manufacturas, que comienza aproximadamente en 1810.

De 1775 a 1815 el proceso de decisión política siguió en manos del sector de las capas superiores y medias que había rechazado el poderío colonial, pero que, con el nuevo orden político, no quería llevar a cabo una nueva distribución de la propiedad ni minar su influencia, durante medio siglo permaneció homogénea la capa política dirigente que se constituyó a partir de la Declaración de Independencia. (Los primeros cuatro presidentes Norteamericanos participaron durante el proceso de independencia).

La revolución americana no fue, pues, el último acto desesperado de resistencia de los colonos explotados, sino el primer acto de defensa de las posibilidades de desarrollo de una nueva economía nacional. Una cadena de colonias europeas en ultramar se agrupaba para formar una comunidad económica cuyo centro de decisión, por vez primera, no se encontraba en Europa y cuya productividad no redundaba ya inmediatamente en beneficio de la metrópoli.

Bibliografía

Adams, W.P. (Comp.). (2008). Historia universal Siglo XXI (Vol 30, pp. 12-15.) México: Siglo XXI

Franceses e ingleses en Norteamérica. Independencia de los Estados Unidos. (1980). En Enciclopedia
Historia Universal (Vol. 10, pp. 89-122). Barcelona: Salvat

La guerra de independencia americana.(1982). En Historia Universal (Vol. 9, pp. 1289-1312). Barcelona: Uteha-Noguer.

Pahissa, A. M., & Velasco Márquez, J. (1998). EUA Documentos de su historia politica I. México: Instituto Mora.

ANEXO

En CONGRESO, 4 de julio de 1776.

La Declaración unánime de los trece Estados Unidos de América

Cuando en el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario que un pueblo disuelva los vínculos políticos que lo han ligado a otro y tome entre las naciones de la Tierra el puesto separado e igual al que las leyes de la naturaleza y del Dios de esa naturaleza le dan derecho, un justo respeto al juicio de la humanidad exige que declare las causas que lo impulsan a la separación.
Sostenemos como evidentes por sí mismas dichas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; que cuando quiera que una forma de gobierno se vuelva destructora de estos principios, el pueblo tiene derecho a reformarla o abolirla, e instituir un nuevo gobierno que base sus cimientos en dichos principios, y que organice sus poderes en forma tal que a ellos les parezca más probable que genere su seguridad y felicidad. La prudencia, claro está, aconsejará que los gobiernos establecidos hace mucho tiempo no se cambien por motivos leves y transitorios; y, de acuerdo con esto, toda la experiencia ha demostrado que la humanidad está más dispuesta a sufrir, mientras los males sean tolerables, que a hacerse justicia mediante la abolición de las formas a las que está acostumbrada. Pero cuando una larga serie de abusos y usurpaciones, que persigue invariablemente el mismo objetivo, evidencia el designio de someterlos bajo un despotismo absoluto, es el derecho de ellos, es el deber de ellos, derrocar ese gobierno y proveer nuevas salvaguardas para su futura seguridad.
Tal ha sido el paciente sufrimiento de estas colonias; y tal es ahora la necesidad que las compele a alterar su antiguo sistema. La historia del presente rey de la Gran Bretaña es una historia de repetidas injurias y usurpaciones, cuyo objeto principal es y ha sido el establecimiento de una absoluta tiranía sobre estos estados. Para probar esto, sometemos los hechos al juicio de un mundo imparcial.
Ha rehusado asentir a las leyes más convenientes y necesarias al bien público de estas colonias, prohibiendo a sus gobernadores sancionar aun aquellas que eran de inmediata y urgente necesidad a menos que se suspendiese su ejecución hasta obtener su consentimiento, y estando así suspensas las ha desatendido enteramente.
Ha reprobado las providencias dictadas para la repartición de distritos de los pueblos, exigiendo violentamente que estos renunciasen el derecho de representación en sus legislaturas, derecho inestimable para ellos, y formidable sólo para los tiranos. Ha convocado cuerpos legislativos fuera de los lugares acostumbrados, y en sitos distantes del depósito de sus registros públicos con el único fin de molestarlos hasta obligarlos a convenir con sus medidas, y cuando estas violencias no han tenido el efecto que se esperaba, se han disuelto las salas de representantes por oponerse firme y valerosamente a las invocaciones proyectadas contra los derechos del pueblo, rehusando por largo tiempo después de desolación semejante a que se eligiesen otros, por lo que los poderes legislativos, incapaces de aniquilación, han recaído sobre el pueblo para su ejercicio, quedando el estado, entre tanto, expuesto a todo el peligro de una invasión exterior y de convulsiones internas.
Se ha esforzado en estorbar los progresos de la población en estos estados, obstruyendo a este fin las leyes para la naturalización de los extranjeros, rehusando sancionar otras para promover su establecimiento en ellos, y prohibiéndoles adquirir nuevas propiedades en estos países.
En el orden judicial, ha obstruido la administración de justicia, oponiéndose a las leyes necesarias para consolidar la autoridad de los tribunales, creando jueces que dependen solamente de su voluntad, por recibir de él el nombramiento de sus empleos y pagamento de sus sueldos, y mandando un enjambre de oficiales para oprimir a nuestro pueblo y empobrecerlo con sus estafas y rapiñas.
Ha atentado a la libertad civil de los ciudadanos, manteniendo en tiempo de paz entre nosotros tropas armadas, sin el consentimiento de nuestra legislatura: procurando hacer al militar independiente y superior al poder civil: combinando con nuestros vecinos, con plan despótico para sujetarnos a una jurisdicción extraña a nuestras leyes y no reconocida por nuestra constitución: destruyendo nuestro tráfico en todas las partes del mundo y poniendo contribuciones sin nuestro consentimiento: privándonos en muchos casos de las defensas que proporciona el juicio por jurados: transportándonos más allá de los mares para ser juzgados por delitos supuestos: aboliendo el libre sistema de la ley inglesa en una provincia confinante: alterando fundamentalmente las formas de nuestros gobiernos y nuestras propias legislaturas y declarándose el mismo investido con el poder de dictar leyes para nosotros en todos los casos, cualesquiera que fuesen.
Ha abdicado el derecho que tenía para gobernarnos, declarándonos la guerra y poniéndonos fuera de su protección: haciendo el pillaje en nuestros mares; asolando nuestras costas; quitando la vida a nuestros conciudadanos y poniéndonos a merced de numerosos ejércitos extranjeros para completar la obra de muerte, desolación y tiranía comenzada y continuada con circunstancias de crueldad y perfidia totalmente indignas del jefe de una nación civilizada.
Ha compelido a nuestros conciudadanos hechos prisioneros en alta mar a llevar armas contra su patria, constituyéndose en verdugos de sus amigos y hermanos o a caer ellos mismos por sus manos.
Ha excitado insurrecciones domésticas y se ha esforzado en provocar a los habitantes de nuestras fronteras, los inmisericordes Indios Salvajes cuya conocida regla de guerra, es una destrucción sin distinción de edad, sexo y condición.
A cada grado de estas opresiones hemos suplicado por la reforma en los términos más humildes; nuestras súplicas han sido contestadas con repetidas injurias. Un príncipe cuyo carácter está marcado por todos los actos que definen a un tirano, no es apto para ser el gobernador de un pueblo libre.
Tampoco hemos faltado a la consideración debida hacia nuestros hermanos los habitantes de la Gran Bretaña; les hemos advertido de tiempo en tiempo del atentado cometido por su legislatura en extender una ilegítima jurisdicción sobre las nuestras. Les hemos recordado las circunstancias de nuestra emigración y establecimiento en estos países; hemos apelado a su natural justicia y magnanimidad, conjurándolos por los vínculos de nuestro origen común a renunciar a esas usurpaciones que inevitablemente acabarían por interrumpir nuestra correspondencia y conexiones. También se han mostrado sordos a la voz de la justicia y consanguinidad. Debemos, por tanto, someternos a la necesidad que anuncia nuestra separación, y tratarlos como al resto del género humano: enemigos en la guerra y amigos en la paz.
Por tanto, nosotros, los Representantes de los Estados Unidos, reunidos en Congreso General, apelando al Juez supremo del Universo, por la rectitud de nuestras intenciones, y en el nombre y con la autoridad del pueblo de estas colonias, publicamos y declaramos lo presente: que estas colonias son, y por derecho deben ser, estados libres e independientes; que están absueltas de toda obligación de fidelidad a la corona británica: que toda conexión política entre ellas y el estado de la Gran Bretaña, es y debe ser totalmente disuelta, y que como estados libres e independientes, tienen pleno poder para hacer la guerra, concluir la paz, contraer alianzas, establecer comercio y hacer todos los otros actos que los estados independientes pueden por derecho efectuar. Así que, para sostener esta declaración con una firme confianza en la protección divina, nosotros empeñamos mutuamente nuestras vidas, nuestras fortunas y nuestro sagrado honor.

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