El Gobernador del PSUV implicados en posibles Actos de Corrupción

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    VBR
    Gran camarada
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    El Gobernador del PSUV implicados en posibles Actos de Corrupción

    Mensaje por VBR el Dom Oct 13, 2013 6:24 pm

    Este es uno de los Dirigentes del PSUV que debe ser investigado por la destrucción del Estado Bolívar;

    Con el cartel del hierro el Estado incauta por primera vez bienes que no son del narcotráfico
    Posted on 9 de octubre de 2013
    Carmen Carrillo, El Fortín de Guayana


    Yamal Mahmud Mustafá Henríquez

    Un nuevo capítulo en la novela increíble que vive la familia Mustafá con el hijo varón, el menor, Yamal Mustafá, se abrió esta semana al decidir la juez novena de control, una medida de incautación de todos los bienes del conocido empresario guayanés.

    Pero además a los otros imputados le aplican la misma acción judicial. Eso significa que Raddwan Sabbagh, expresidente de Ferrominera Orinoco; Noel Ramírez, ex consultor jurídico; María Rodríguez, exgerente de Finanzas y Carolina Acosta, exgerente de Administración, también fueron objeto de la acción de la jueza Denisse Bocanegra, quien sustentó dicha conclusión “por considerar que fueron adquiridos con dinero proveniente del delito”.

    Claro se trata de una pérdida patrimonial de más de mil millones de dólares que causaron no sólo este empresario y estos funcionarios, porque no están todos los son, por cierto. Faltan.

    Sí señor, en ese barco falta gente y si el proceso quiere que los venezolanos y más concretamente los guayaneses le creamos a Nicolás Maduro que viene con “puños de hierro a acabar con la corrupción”, debe afinar procedimientos, para evitar que pasen cosas como la fiesta de matrimonio en la que un sujeto vinculado a la mafia de la cabilla fue recibido con aplausos y vítores por los asistentes, claro todos boliburgueses aunque a lo mejor no chavistas: simplemente habitantes de esta ciudad a quienes no les importa que sus procederes afecten a un colectivo.

    Lo más llamativo del procedimiento radica en el hecho de que la incautación de bienes, según la justicia venezolana, ocurre por dos razones fundamentales. Se ordena en estado de flagrancia, es decir “atrapar a la persona en el hecho”, y por narcotráfico.

    Hasta ahora en el país, todos los procedimientos de incautación han sido por el delito de tráfico y comercio de sustancias ilícitas. El más famoso es Mackled, pero los tribunales están llenos de sentencias de peces menores o menos expuestos que este sujeto, por incautación de bienes provenientes del narcotráfico. De allí el impacto de esta medida.

    Ahora bien, como dirían los abogados, se entiende por incautación o aseguramiento preventivo, la prohibición temporal de: transferir, convertir, gravar, enajenar o movilizar bienes; o la custodia o control temporal de bienes, por mandato del tribunal competente.

    De acuerdo al artículo 218 del Código Orgánico Procesal Penal, que se refiere precisamente a incautación señala que “En el curso de la investigación de un hecho delictivo, el Ministerio Público, con autorización del Juez de control podrá incautar la correspondencia y otros documentos que se presuman emanados del autor del hecho punible o dirigidos por él, y que puedan guardar relación con los hechos investigados”.

    De igual modo, “podrá disponer la incautación de documentos, títulos, valores y cantidades de dinero disponibles en cuentas bancarias o en caja de seguridad de los bancos o en poder de terceros, cuando existan fundamentos razonables para deducir que ellos guardan relación con el hecho delictivo investigado”.

    “En los supuestos previstos en éste artículo, el órgano de policía de investigaciones penales, en casos de necesidad y urgencia, podrá solicitar directamente al Juez de control la respectiva orden, previa autorización, por cualquier medio, del Ministerio Público, la cual deberá constar en la solicitud”.

    Juntas Administradoras de todos los bienes

    Luego de esta medida, la jueza deberá ordenar la toma de todos los bienes de los imputados a través de Juntas Administradoras.

    En el caso de los ex funcionarios de Ferrominera Orinoco, todos sus bienes serán confiscados, casas, principales y secundarias, negocios, vehículos, acciones de clubes, valores, dinero en efectivo y en cuanto a Yamal Mustafá, será objeto de la misma medida.

    El lunes y el martes, la familia de Mustafá estaba en shock por la acción que debe ejecutarse en el más corto plazo.

    Eso significa que, por ejemplo, las empresas Primicia, Credilab, Corpobrica, la empresa constructora, el bufete, la empresa eléctrica, la importadora, las empresas utilizadas para el comercio de mineral de hierro, embarque de mineral en buques, deberán pasar a administración y custodia del Estado.

    Todo lo que estaba bajo la medida de aseguramiento de bienes, quedará bajo el largo brazo de la ley.

    El detalle es que al ser Yamal Mustafá el contratista que tenía el 72 por ciento de los contratos en la gobernación del estado Bolívar, prácticamente el ejecutivo regional será objeto de una intervención administrativa porque ahora viene la parte de la explicación de por qué si Guayana es el territorio más grande y extenso de este país, 245 mil kilómetros cuadrados, una sola empresa prácticamente manejaba el área de proveedores de todas las direcciones de la gestión de Francisco Rangel Gómez y su familia, sin mencionar los vínculos sagrados y de compadrazgo que habían entre Yamal Mustafá y el jefe regional del Psuv.

    ¿A dónde van todos estos bienes?

    Lamentablemente en Venezuela la modernidad todavía no ha llegado a la aplicación de la justicia.


    Sede del Servicio Nacional de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Confiscados y Decomisados (SNB)

    Hasta ahora, cada vez que se aplicaba una medida de incautación, como se dijo, sólo por comercio ilícito con sustancias psicotrópicas y estupefacientes, se encargaba de ello el Servicio Nacional de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Confiscados y Decomisados (SNB), creado por la Presidencia de la República bajo la gestión de Hugo Rafael Chávez Frías.

    Se trata de un “Servicio desconcentrado especializado, sin personalidad jurídica, dependiente de la Oficina Nacional Antidrogas, con autonomía técnica y capacidad de gestión administrativa, operativa, presupuestaria, financiera y de disposición, el cual se regirá por la Ley Orgánica de Drogas, el presente Decreto y Reglamento. Cuenta con una Dirección de Incautación, Registro e Identificación Patrimonial, que es la que se encarga de ejecutar­ o cumplir los mandatos emanados por el Órgano Judicial competente en materia de incautación de bienes que se empleare en la comisión de los delitos tipificados de la Ley Orgánica de Drogas, así como la identificación patrimonial, recepción, registro, archivos, guarda y custodia inmediata de dichos bienes”.

    Cuando hablo de modernidad, la referencia es al hecho de que debería ser el Sebin el que asuma todos estos bienes, si se entiende que el Sebin (guardando las distancias, por supuesto, por aquello del antiimperialismo, por no hablar del desempeño de sus funcionarios), sería como el FBI, creado por Edgar J. Hoover, en Estados Unidos, debería contar con un personal calificado para administrar esos bienes y evitar que sea a través de cooperativas los que manejen todo eso porque para nadie es un secreto que todo lo que el gobierno expropia e incauta, cuando pasa a manos de los administradores, normalmente militares, aquello se acaba.

    En Guayana tenemos varios modelos notables. De allí el comentario.

    Por ejemplo, Credilab, empresa de alimentación vía cesta tique maneja varias cuentas importantes en organismos del Estado, y en el sector privado.

    Cuando se instauró Credilab en Guayana hubo una serie de inconvenientes para su ejecución eficiente hasta que el servicio mejoró pero todos los que llegaron a contar con este sistema de cesta tique, sufrieron horrores porque había sitios donde no los aceptaban o Credilab estaba en mora porque sus clientes estaban en mora, en fin, todo tipo de problemas.

    Si nos referimos a Corpobrica, es la empresa de fabricación y manipulación de alimentos más grande del estado. Tuvo sus orígenes en la antigua Evca, empresa que llegó a producir 10 mil comidas diarias por turno para los trabajadores que construían la represa de Guri.

    Corpobrica maneja la alimentación en las dependencias de la gobernación del estado Bolívar y en varias empresas básicas, que inclusive no tienen comedor.

    Eso quiere decir que si los administradores de esa manipuladora y productora de alimentos, vienen a aplicar el método de Pavlov, Ensayo, Error, tendremos en las calles hordas de gente molesta porque no es una concha de ajo, trabajar por turnos, en condiciones fuera de las que establece la Locymat y a temperaturas de más de 1.600 grados.

    En cuanto al diario Primicia, éste pasará a formar parte del Sistema de Medios Públicos, cosa que prácticamente era un hecho porque era el vocero oficial de la gobernación del estado y el arma utilizada para destruir a cualquier enemigo del mandatario regional y de su camarilla.


    Alcalde López: “No me opongo a que me publiquen las cosas malas…”

    Un ejemplo de ello es el actual alcalde de Ciudad Guayana, José Ramón López Rondón, quien aunque siendo del Psuv como el gobernador, decía siempre en las ruedas de prensa: “No me opongo a que me publiquen las cosas malas pero que me publiquen las buenas también”, cuando se refería al tratamiento “equilibrado” de Primicia, y de otro medio regional, que manejaba el bufete de Yamal Mustafá.

    Los más afectados, aunque nadie lo crea, van a ser los amigos de la oposición porque uno que no pelaba una primera página con alguna propuesta brillante, tipo descubrimiento, era el candidato de la MUD, Wilson Castro o cualquiera de los enemigos de “tatoo” como le dice el gobernador a Andrés Velásquez, que llegaron a gozar hasta de páginas centrales (cuando en la IV República, estos seres que a duras penas piensan, lograron eso) para caerle a palos al eterno candidato a gobernador y a diputado por el estado Bolívar y casi el único que puede seguir siéndolo por la Causa R.

    Casi cien trabajadores tiene esa empresa editorial, entre el personal de Primicia, las separatas de publicidad y de ediciones especiales, y el encarte de El Crítico.

    Ojalá que quienes se encarguen de este medio no apliquen los mismos criterios de “imparcialidad” que se utilizan en Venezolana de Televisión, por ejemplo, donde todo el que es del gobierno es un soldado de la patria y todo el que es de oposición, si acaso lo mencionan, es bajo el remoquete de enemigo de la patria y lacayo del imperio.

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