"España años cincuenta" - libro con textos de veinte especialistas, coordinados por Abdón Mateos y Manuel Redero - UNED - en los mensajes: "Control social y represión en la dictadura franquista (1951-1962)", de Manuel Ortiz Heras

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Mensaje por pedrocasca el Vie Mayo 24, 2013 1:38 pm

ESPAÑA AÑOS CINCUENTA

libro que recoge una veintena de contribuciones de reputados especialistas agrupándolas en cuatro partes: Acción de gobierno y relaciones internacionales; oposición y protesta social; grupos y proyectos políticos franquistas; y sociedad y cultura.
La iniciativa, promovida por el Centro de Investigaciones Históricas de la Democracia Española de la UNED, parte del III Congreso de la Asociación de Historiadores del Presente, celebrado en la Universidad de Salamanca y Valderas en noviembre de 2007.

Coordinadores Abdón Mateos y Manuel Redero

se puede descargar en formato doc de buena calidad desde el link: (226 páginas)

http://historiahoy.files.wordpress.com/2010/01/libro-anos-501.doc


Última edición por pedrocasca el Vie Mayo 24, 2013 1:55 pm, editado 1 vez
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Mensaje por pedrocasca el Vie Mayo 24, 2013 1:46 pm

Control social y represión en la dictadura franquista (1951-1962)

Manuel Ortiz Heras


incluido en el libro "España años cincuenta"

publicado en el Foro en dos mensajes

Aunque la gran cantidad de trabajos publicados sobre la represión durante la dictadura franquista pudiera llevarnos a una conclusión errónea, no todo está dicho ni todos los periodos suficientemente bien investigados, si tenemos en cuenta la naturaleza estructural de la violencia política en la España contemporánea. Parece necesario volver a insistir que la represión franquista no puede ser entendida exclusivamente como una “práctica atribuible sólo a la etapa inicial”. Esta ponencia, inserta en una línea de investigación que venimos manteniendo desde hace algunos años, tiene como objetivo explicitar el papel del control social en la consolidación de la dictadura, a través de la represión y la coacción pero también merced a la indudable generación de consenso, durante el primer franquismo. Como recientes trabajos vienen demostrando, la coerción y el consenso se dieron unidas a lo largo de aquellos cuarenta años. Así ocurre también con el control, la desmovilización y la resistencia1. Cada vez conocemos mejor los amplios repertorios de protesta que se dieron a lo largo y ancho de la geografía española y en sus diferentes etapas cronológicas. Las actitudes o respuestas individuales y colectivas nos han demostrado que resistencia y consentimiento no tienen que ser actitudes antagónicas, todo lo contrario, muchas veces son complementarias y conviven en el tiempo y en la persona2.

Después de la más dura represión física de la inmediata posguerra vendría otra época, alrededor de la década de los años cincuenta, caracterizada por un cambio de signo que determina, en gran parte, la nueva situación internacional. Aniquilados los principales enemigos, expulsados no pocos de los derrotados y férreamente controlados los potenciales disidentes, el miedo y la desmovilización se extendieron sobre el país hasta dar una impresión de sometimiento total3. Aún se daría otra etapa más, consecuencia de la nueva ola de oposición desatada a lo largo del año 1962, marcada por la creación en 1963 y puesta en marcha del Tribunal de Orden Público, y nuevos instrumentos que asumen la tarea de controlar y castigar la disidencia y la protesta y de imponer la sumisión a través de nuevas fórmulas de gestión del miedo y el terror. Como ya hemos puesto de manifiesto en otros trabajos, la estrategia gubernamental para regimentar y seguir desplegando ese panopticismo del que venimos hablando pasará, por ejemplo, por instrumentos como el Gabinete de Enlace, ente creado por Manuel Fraga en el Ministerio de Información y Turismo, encargados de acumular una espectacular cantidad de información sobre todo aquello que pudiera entenderse, en el más amplio sentido del término, como potencial oposición al régimen. Podríamos decir que a nuevas formas de antifranquismo más ricas y ambiciosas fórmulas de represión, tal vez más sofisticadas y con apariencia de “normalidad” pero no menos eficaces en sus objetivos: afianzar en la conciencia de los españoles la sensación de “estar permanentemente vigilados, potencial y arbitrariamente castigados”4. Es decir y volviendo a las andadas, “los aspectos más cruentos y brutales de la represión” –los que mejor se conocen por otra parte- dejaron de ser ya hace tiempo fórmulas plenamente ilustrativas del fenómeno de la violencia política ya que la dictadura evolucionó “en métodos, intensidad y objetivos, creando una intrincada trama que afectó, según sea el momento histórico considerado, a sectores sociales diversos”5.

En este trabajo se combinan fuentes documentales y análisis historiográfico, remitiendo, las más de las veces, a la experiencia histórica de lo acontecido en Albacete –a través de las memorias del gobierno civil de la década de los cincuenta- y a más de una veintena de provincias representativas de todo el país. Sobre el estado de la cuestión decir brevemente que nos encontramos, de nuevo, ante una notable laguna que apenas cuenta con un puñado de trabajos casi nunca específicos del periodo aquí analizado, la década de los cincuenta6. Estudios que se han venido centrando más en la oposición que en su represión y muy poco o nada en las diferentes variantes desplegadas por el Estado para controlar y vigilar a la sociedad.

La opción metodológica e interpretativa del tema de estudio conduce a recoger la rica información que aportan los gobernadores civiles en sus memorias a través de las cuales no sólo se ofrecen datos sobre el orden público sino que se atreven con opiniones y comentarios sobre la situación provincial en referencia con este tema. Podemos pues combinar dos vías analíticas complementarias: por un lado se aprecia la incidencia de la puesta en marcha de políticas de ‘arriba abajo’, por otra parte presta atención a la respuesta de ‘abajo arriba’ que incide en el protagonismo contestatario de la sociedad civil, previo a lo que historiográficamente reconocemos como nuevo antifranquismo de la década posterior. Con todo, los dos lustros objeto de estudio en este Congreso representan una excepción sorprendente en cuanto a la investigación se refiere.

Precisiones cronológicas

Como ya hemos advertido, también ante la temática del control social y policial de la dictadura “estamos obligados a sistematizar una cronología sin la cual corremos el riesgo de repetir asuntos más conocidos y perpetuar olvidos clamorosos”7. Más allá de los debates sobre lo que se ha dado en llamar “primer franquismo”, “segundo franquismo” o “tardofranquismo”, me resisto a admitir que para el primero no sea necesario también introducir algún tipo de matización, ya que entre 1939 y 1959 se dieron circunstancias muy cambiantes8.

La ausencia de investigaciones sobre la década de los cincuenta ha pasado desapercibida al considerarse que nos encontramos ante la continuidad absoluta de todo el edificio represivo construido por la dictadura en la inmediata posguerra. Sin embargo, igual que se admiten cambios significativos en otras parcelas a partir de comienzos de los cincuenta, también en lo referente al monopolio de la violencia por parte del Estado se dieron, por debajo de las inevitables continuidades, importantes novedades sobre las que conviene insistir para poder entender las transformaciones posteriores, aparentemente más evidentes9. El aspecto más importante en esta data vendría a ser el final de la lucha guerrillera entre 1949 y 195110. Es en este lapso temporal cuando prácticamente se termina con el primer antifranquismo directamente emparentado con la guerra civil. Por eso no pocos trabajos terminan alrededor de estas fechas.

Entre 1950 y 1960, a pesar de mantenerse en cifras elevadas, disminuyó ostensiblemente el número de causas incoadas por delitos contra la propiedad, pasando de un 59,46 a un 44,65 por ciento del total de causas abiertas. Es preciso subrayar que estamos ante un buen termómetro del control social al analizar el comportamiento de la justicia ordinaria. La penuria de los cuarenta disparó el índice de delitos de este tipo, hurtos y robos, que la lenta recuperación económica y el férreo control acabaron por reducir con los años.

Los que no tenían recursos tuvieron que recurrir al robo y al hurto, a los delitos contra la propiedad, a delinquir como forma de supervivencia11, que demuestra la naturaleza clasista de esta delincuencia imbricada en el contexto económico de política autárquica implantada por la dictadura12, al tiempo que la eficaz labor de control social de la justicia ordinaria que vendría a completar la abrumadora extensión de competencias de la justicia militar. Afortunadamente cada vez son más los trabajos que indagan en esta perspectiva basada en las fuentes judiciales penales para “abordar mejor el estudio sobre el control social de la vida cotidiana, incluso de la privacidad, especialmente cuando la utilidad historiográfica de estas fuentes judiciales se ha podido corroborar fehacientemente”. Lamentamos en este punto que la restrictiva legislación de archivos en España impida la consulta de estos materiales en la década de los cincuenta para poder comprobar la persistencia o, en su caso, los cambios que se pudieron dar para garantizar el orden social.

Disminuyó mucho la delincuencia común en este periodo como reflejan las memorias de los gobiernos civiles y también, en paralelo, fue reduciéndose la población reclusa a casi la mitad a pesar del importante aumento demográfico. En esta evolución influyeron poderosamente los cambios económicos pero también la eficacia de las múltiples medidas coactivas desplegadas por los distintos aparatos punitivos de la dictadura.

Represión y autarquía fueron las recetas del régimen en la posguerra frente a una población acosada que fijó su prioridad en la supervivencia. Siguiendo el análisis de las sentencias podemos comprobar que la justicia devino más dura al juzgar robos que otros delitos comunes, lo cual viene dado por el carácter ejemplarizante de las penas impuestas por los tribunales ordinarios, “como sucedía con la justicia militar o los tribunales especiales, como por ejemplo, los de responsabilidades políticas” (13).

En algunos casos hemos encontrado trabajos relativos a esta temática que cierran en 1956 como fecha de corte. Está relacionado con la abolición de la prostitución por decreto ley de la jefatura del Estado de tres de marzo de ese año “sobre abolición de las casas de tolerancia y otras medidas relativas a la prostitución”. Para justificarlo, se explicaba que “la incontestable ilicitud de la prostitución ante la teología moral y ante el mismo derecho natural ha de tener reflejo obligado en el ordenamiento positivo de una nación cristiana para la debida protección de la moral social y del respeto debido a la dignidad de la mujer” (14).

Esa misma fecha, 1956, es también referenciada en aquellos trabajos que parten del papel de la oposición, en concreto de las políticas desplegadas por el PCE. Su abandono de la resistencia armada y su apuesta por la política de reconciliación nacional y de lucha pacífica con la estrategia de la huelga general avalarían este planteamiento. Un dato a tener también en cuenta para este año es la inusitada importancia que cobró la declaración del estado de excepción por el que se suspendieron algunos derechos contemplados en el Fuero de los Españoles de 1945 que, en realidad, nunca habían estado en vigor. En la práctica vendría a representar un reforzamiento de la represión en un territorio concreto donde se incoarían varios miles de consejos de guerra por parte de tribunales militares. Sólo entre 1954 y 1959 serían condenados por ellos 5.039 españoles y entre 1961 y 1962 otros 790 (15).

El final del período, 1962, parece menos discutible porque ya se viene insistiendo en los cambios que se producen entre los grupos de oposición interior y exterior (16). El nuevo contexto internacional, el Pplan de Estabilización de 1959, los cambios en el seno del gobierno y un nuevo marco de oportunidades políticas que se dieron con motivo de la ley de convenios colectivos de abril de 1958- completada con las Normas de Obligado Cumplimiento de 1962-, la aparición de una organización como las Comisiones Obreras y su nueva estrategia, sumada a los nuevos aires en el seno de las organizaciones católicas de base inspiradas –HOAC y JOC- en los principios del Concilio Vaticano II vendrían a potenciar esta hipótesis de trabajo (17).

A pesar de los cambios detectados no podemos dejar de notar los importantes elementos de continuidad con la etapa anterior. El número de presos todavía era muy alto, en torno a los 15.200, de los cuales casi 1.600 eran mujeres, y antes de la creación del Tribunal de Orden Público se produciría una nueva actualización del permanente estado excepcional en que se vivía mediante el decreto del 21 de septiembre de 1960 sobre “bandidaje y terrorismo”. Apenas un mes más tarde, por fin, se decretó la supresión del Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas (SCPM) creado en septiembre de 1939 “para utilizar a los penados, en beneficio propio y en el del Estado, en obras de utilidad nacional”. En la práctica supuso una prolongación de la mentalidad de los vencedores a la hora de disponer de la nación y de los españoles como si el país fuera un cuartel (18). No obstante, la necesidad de modernizar las técnicas jurídicas frente a las nuevas formas de oposición potenció a finales de nuestra década la reforma administrativa que supondría en palabras de Ballbé “la construcción paralela de unas instituciones jurídico-administrativas que prefiguraban la creación de una auténtica Administración civil del Estado” (19). Ello no impidió que gran parte de las amplias competencias de las instituciones militares en el ámbito de la justicia se mantuvieran.

Control social y represión para la consolidación de la dictadura

La década de los cincuenta no fue desde luego el periodo más conflictivo de la dictadura pero también estuvo alejada de la ansiada paz social. La huelga de los tranvías de Barcelona inauguró un tiempo en el que se conoció un nuevo fenómeno de conflictividad y se inventaron leyes a medida. En aquel episodio de 1951 murió un joven por arma de fuego y las comisarías volvieron a llenarse con más de trescientos detenidos. La situación se repetiría dos años después en las provincias vascas. En 1956 los estudiantes universitarios pusieron en jaque al país y el gobierno respondió con un Decreto Ley de diez de febrero por el que se suspendían por tres meses los artículos catorce y dieciocho del Fuero de los españoles. El Partido Comunista convocó a sus militantes a unas Jornadas de Reconciliación Nacional y una Huelga Nacional Pacífica que no tuvieron demasiado predicamento pero que demostraron la existencia de una organización clandestina con suficiente capacidad de convocatoria. Los paros en diferentes empresas de Barcelona y País Vasco fueron importantes. Se alcanzó la cifra de ciento cincuenta mil huelguistas y se practicaron más de mil doscientas detenciones y los años siguientes no vieron sino aumentar este fenómeno huelguístico. Además, el catorce de marzo de 1958 se decretaría el estado de excepción. Todo ello no ha impedido para estos años el calificativo de “etapa transitoria” o “década tranquila” (20).

Ejército, Falange e Iglesia coadyuvaron en el cumplimiento de un estricto control social21. En muchos casos se sirvieron de importantes medios de propaganda y del dominio ejercido sobre la educación22 y la cultura23. No estuvo exenta de este mismo objetivo la vida cotidiana. En este sentido el control también actuó sobre la vida privada pues ni siquiera dentro de sus casas los españoles podrían sentirse seguros. Miembros de la propia familia, vecinos o los “poderosos” serenos, sin olvidar a los inevitables sacerdotes, se encargaban de ello. El fomento de la delación no se olvidó y esta práctica estaba en el ánimo de muchos. En general, este ambiente represivo se impuso frente a una respuesta social muy atenuada, debido a la casi inexistente capacidad de movilización del destrozado movimiento obrero. Las relaciones laborales formaban parte predilecta de la paz social gracias a unas Magistraturas de Trabajo que, al menos, hasta la ley de Convenios Colectivos de 1958, cumplieron una función manifiestamente disciplinaria24.

Sin embargo, no podemos sustraernos a constatar que en 1951 empezaron a cambiar las manifestaciones de la oposición. Como ha señalado Martí Marín la huelga de tranvías de ese año marca un antes y un después en la estrategia de la oposición antifranquista en Cataluña y, en cierta medida, en el conjunto de España25. A partir de aquí, lentamente, pero de manera sostenida a lo largo de toda la década, la dictadura va a contemplar y sufrir la recuperación del movimiento huelguístico por todo el país, especialmente a lo largo del trienio comprendido entre 1956 y 1958 que terminará con la puesta en marcha de la ley de convenios colectivos que inaugura un nuevo escenario de oportunidades políticas para la oposición, aprovechado para llevar al régimen a una situación límite de conflictividad a lo largo del año 1962.

El final del racionamiento en 1952 pondría el principio del fin de la autarquía como política económica y, algunos sostienen, represiva. Y es que no pocos investigadores han puesto de relieve la instrumentalización del hambre y de la ‘autarquía o autosuficiencia’ por la dictadura como otro ‘recurso del terror’. Precisamente, estamos ante un punto de inflexión en el periodo analizado. El final de la política autárquica se visualizará con el cierre de las cartillas de racionamiento y la apertura de los mercados. Esta liberalización no terminará con el mercado negro pero contribuirá a que se aflojen antiguas medidas de control social.

Últimamente también se han sumado a estos planteamientos aquellos colegas que han estudiado los movimientos de la población. Aunque todavía sigue siendo hegemónica la idea de que los movimientos migratorios no se empiezan a dar hasta bien entrados los cincuenta, tenemos ya demostraciones empíricas indiscutibles según las cuales habría que remontarse al final de la guerra para empezar a verlos. En este sentido, la ocultación del fenómeno, la clandestinidad de sus practicantes y, en ocasiones, las propias actuaciones gubernamentales ponen de manifiesto que estamos ante otra variante más del control social para demostrar la existencia de una auténtica obsesión por aplicar su ejercicio26. Fue muy notable el componente punitivo que encerraba la tríada compuesta por detención-concentración-deportación con el emigrante interior.

La inseguridad y arbitrariedad jurídica ejercida por el Estado franquista y la “democratización del miedo”27 como evidente corolario, sólo cambiaron de aspecto con el tiempo pero siguieron formando parte de las reglas del juego instauradas por la dictadura. La sociedad llegó a impregnarse de los nuevos valores impuestos por el sistema en cuanto a la sobrevaloración del orden público. Se tratará de una nueva definición de la “seguridad” en tanto que “estabilidad social”, conceptos que desde luego nos remontan a épocas pasadas28. Superados los trágicos años de aplicación de la “Ley de Bandidaje y Terrorismo del 18 de abril de 1947, que endurecía las penas contra la oposición armada y ampliaba la tipificación del delito político a toda forma de disentimiento contra el régimen”29, el aparato represor30 se remozaría a través de un proceso normativo del que destacarían la Ley de Vagos y Maleantes de 195431. Supuso la imposición de medidas de seguridad con carácter indeterminado y mantenidas en el tiempo hasta que se considerara neutralizada la peligrosidad del sujeto32. A todo esto habría que añadir la constitución de un tribunal militar el 24 de enero de 1958; la Ley de Orden Público de 1959 que ampliaba de forma considerable el espectro sancionador hasta incluir a cualquier detenido en una huelga, manifestación o por destrozar bienes públicos; y finalmente, el Decreto de Bandidaje y Terrorismo del 21 de septiembre de 196033.

La década de los años sesenta supondrá la revitalización del antifranquismo con una nueva y creciente oposición que afloraría en varios niveles. Ya no se trataba sólo de los trabajadores descontentos sino que nuevos movimientos sociales como los estudiantes, las mujeres, las asociaciones de vecinos y muchos católicos disidentes, sin olvidar el importante papel jugado por algunos intelectuales, vendrían a poner en aprietos al régimen. Además eso coincidió con una sensible mejoría económica de las arcas públicas al calor de una más que notable coyuntura económica del capitalismo mundial. Ante esta nueva manifestación de oposición la dictadura también evolucionó y “modernizó” el orden público con la puesta en escena del Tribunal de Orden Público el 2 de diciembre de 1963 (34).

Una de las variantes más estudiadas de la violencia política del franquismo ha sido la de las ejecuciones. Entre otras cosas, esto ha servido para construir una tesis falaz según la cual la dictadura habría abandonado su condición represiva hasta llegar a ser solamente un régimen autoritario en el que la represión había alcanzado cotas de normalidad. No vamos a insistir aquí en desmontar esta teoría pero sí queremos recapitular en esta faceta para recordar que la pena de muerte se seguirá aplicando, a pesar de su muy notable atenuación, sin perder la vocación coercitiva y ejemplarizante del principio.

Después de los años cuarenta, como consecuencia de la reducción de los delitos “políticos”, las cantidades indican que en líneas generales se experimentó un proceso de aminoración, por lo que Serrano Tárraga, en su estudio de la Colección de Jurisprudencia Criminal distingue dos etapas35: 1947-1950 y 1951-1961. Resumiendo, de 1947 a 1950 se sentenciaron con pena de muerte veintitrés asesinatos, diez parricidios y doce robos con homicidio, y entre 1951 y 1961, otros veintidós asesinatos, ocho parricidios y cinco robos con homicidio. En total, los cuatro años que van desde 1947 a 1950 arrojan un cifra de cincuenta y ocho penas de muerte por delitos comunes, y en toda la década comprendida entre 1951 y 1961 se dictaron otras cuarenta y cuatro. Hablamos de poco más de un centenar de sentencias de pena de muerte muchas de las cuales finalmente serían conmutadas por penas privativas de libertad. Fue en 1959 cuando se realizó el último ajusticiamiento efectivo, en la persona del célebre José María Jarabo. Entre 1947 y 1959 se realizaron cuarenta y una ejecuciones en el ámbito de la jurisdicción ordinaria, según los datos aportados por la jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo36. Una vez más, los cambios acaecidos a nivel internacional y la nueva actitud de rechazo social al comienzo de la década de los sesenta contra las ejecuciones por motivos políticos, repercutirían también en los gabinetes franquistas y sería mucho más difícil que la pena de muerte en España siguiera siendo apoyada como sanción penal o al menos bien aceptada más allá de su presencia en el articulado del Código Penal.

Sin embargo y lejos de las conveniencias políticas y de sus consecuentes estrategias, la dictadura no cambió un ápice su naturaleza violenta y su necesidad por ejercer un dominio total contra cualquier disidencia que se pudiera manifestar. Por eso, en pleno estado de excepción decretado en el verano de 1962, Franco quiso, una vez más, dar muestras de su fortaleza, con detenciones, torturas y consejos de guerra, y actuó con vocación “ejemplarizante” contra el dirigente comunista Julián Grimau García, detenido en Madrid el siete de noviembre de ese año por la Brigada político-social. En la Dirección General de Seguridad, sita en la antigua Casa de Correos de la Puerta del Sol y dirigida entonces por Carlos Arias Navarro, fue interrogado y torturado. Era el final de una época pero no el final de una política.

Cómo reprimir la disidencia desde los gobiernos civiles

Para esta ocasión hemos utilizado una fuente de enormes potencialidades: las memorias de los gobiernos civiles. Aunque su naturaleza aconseja tomar todas las precauciones posibles, puede aportar una valiosa información a partir de la cual poder reconstruir los instrumentos básicos de la represión a lo largo y ancho de todo el país37. Los gobernadores, superadas ya todas las contingencias de la posguerra mundial y sus teóricas amenazas, confiados en la estabilidad de una clase política que había superado sus rencillas “familiares” entre falangistas y los demás grupos integrantes en la coalición de sangre, se profesionalizaron y actuaron como piezas claves en la cadena de mando con la máxima de garantizar en sus respectivas provincias el orden público por encima de cualquier otro objetivo38. Aunque muchas de estas memorias son tediosas y poco transparentes, su lenguaje administrativo deja paso en no pocas ocasiones a expresiones sinceras sobre el estado de la población y de la naturaleza del régimen. Al tratarse de información interna podemos asegurar que son bastante veraces. Las principales diferencias están relacionadas con el tipo de político que las firma. Así, frente a la parquedad de algunos, otros aprovechan para ir más allá del estricto cumplimiento de sus tareas y comentan aspectos muy útiles para nuestros intereses. Hemos optado por seguir para los años cincuenta las memorias de un solo Gobierno civil, el de Albacete, para dejar paso, al final, años 1960-1962, al resto de provincias para reflejar mejor la importancia del punto de inflexión que creemos se produce en este momento.


---fin del mensaje nº 1---
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Mensaje por pedrocasca el Vie Mayo 24, 2013 1:53 pm

Control social y represión en la dictadura franquista (1951-1962)

Manuel Ortiz Heras

incluido en el libro "España años cincuenta"

publicado en el Foro en dos mensajes

Control social y represión en los cincuenta: el ejemplo de Albacete

Desde 1951 el gobernador de Albacete mantiene la idea de transmitir al Ministro de la Gobernación la sensación de control total de la situación.
“El año último se caracterizó en esta Capital por una manifiesta tranquilidad en el aspecto político-social ya que no dio muestras de existencia organización alguna de carácter subversivo, por cuya razón las actividades de la Brigada correspondiente se limitaron a ejercer una estrecha vigilancia cerca de elementos sospechosos especialmente en tabernas y en locales sitos en las afueras de la población, a emitir informes y a ejercer el control de los libertos condicionales cuyo número era de 87 al concluir el año” (39).

La “normalidad” franquista se extendía, a juicio del Gobernador, a la propia prisión provincial hasta el punto que “en los días señalados para conmemorar las efemérides gloriosas se desarrolló una labor especial a base de disertaciones por los sres. Capellán y maestro y conferencias a cargo de los componentes de las Juntas de Régimen». Apenas unos párrafos para relatar los últimos escarceos del movimiento guerrillero- prácticamente eliminado el año anterior como ya se ha expuesto- y se pasaba a constatar que “desde el punto de vista político-social, tanto la capital como el resto de la provincia acusó una normalidad absoluta”:
“Además de estos servicios que afectan al llamado bandolerismo, cuantos sucesos y acontecimientos ocurrieron en la provincia y que pudieran calificarse como de delincuencia común más destacada, fueron esclarecidos y sus autores, con las diligencias y atestados correspondientes, fueron puestos a disposición de las Autoridades competentes” (40).

Este año había sido detenido uno de los últimos guerrilleros que actuaron en la provincia, Basilio Serrano Valero (Manco de la pesquera). En contra del más lógico comentario triunfalista justificado por tamaño éxito policial, el gobernador trataba con una fría y distante frase el asunto zanjándolo con un lacónico “dio como resultado la detención por fuerzas de la Guardia Civil de todos los complicados, los cuales fueron puestos a disposición del Sr. Juez Especial de E.O.A. de la 3ª Región Militar”. Poca importancia se prestaba al resto de cuestiones de orden público garantizado por el “celo y actividad de los funcionarios”. Apenas quedaba espacio para constatar los problemas derivados de la regularización de los mercados, en particular en lo referente a un producto autóctono como era el esparto que había generado denuncias contra 118 personas para “salvaguardar y hacer respetar la propiedad”. Durante toda esta década los servicios rurales se emplearon con especial ahínco en la protección de este producto con constantes detenciones y denuncias.

No podía ocultar el responsable público los grandes problemas por los que atravesaban los municipios que “a pesar de ser sus corporaciones incansables en su actividad y tener nobles y ambiciosos propósitos, poco es lo que se ha podido hacer, ya que sus limitados ingresos sólo han permitido cubrir las obligaciones”. Al menos quedaba el regusto de poder aplaudir la supresión de la cartilla de racionamiento “que satisfizo los deseos y anhelos de la población” y venía a devolver, supuestamente al menos, la pretendida normalidad ya que no se podía ocultar que “las circunstancias habidas de cosechas y mercados orientaron al público a la adquisición de lo que precisaba por caminos distintos a los que permitieron la obtención de los correspondientes datos estadísticos…”. Otros problemas sociales detectados en las memorias están relacionados con la endémica lacra del analfabetismo –falta de escuelas y de maestros e importante absentismo escolar- y la escasez de viviendas en condiciones dignas de habitabilidad. La fiscalía competente tuvo que hacer en muchas ocasiones la vista gorda y no sancionar a particulares que desoyendo la normativa vigente practicaban la autoconstrucción de “casas” que no mejoraban el escandaloso “trogloditismo” de la posguerra. De hecho, en 1957, la memoria admite que “habiéndose seguido el criterio de tolerancia en las inspecciones previas, y el cual aparece impuesto por el porcentaje tan elevado de viviendas que no ofrecen las debidas condiciones de habitabilidad y cuya no autorización agravaría enormemente el problema de la vivienda en la provincia”.

Eso sí, un problema que preocupaba al máximo dirigente provincial era el del acuartelamiento de la Guardia Civil con edificios que “son de construcción antigua e inadecuados, tanto por su deficiente estado de conservación como por su escasa capacidad, debido al aumento de las respectivas dotaciones”. En el fondo se trataba de un problema de precariedad presupuestaria y laboral que afectaba a todos los componentes de las fuerzas de seguridad y del propio ejército. Entre la policía armada se generalizó el fenómeno del pluriempleo y sus bajos sueldos no se correspondían con la importancia de su función. En esta época se redujo el ejército y los cuerpos de seguridad quedando su presupuesto por debajo de los niveles de la República. Una verdadera contradicción pues mientras el nivel de vida general iba poco a poco repuntando la policía Armada perdió efectivos y su equipamiento quedó absolutamente desfasado (41).

La memoria, no obstante, ofrece también la posibilidad de analizar otros aspectos del control franquista como fueron los referentes a las costumbres y la moral nacionalcatólica. Así, la Junta Provincial de Protección de Menores daba cuenta de la “labor callada pero de extraordinaria importancia en orden a la asistencia y tutela de menores que, por el ambiente moral y dificultades económicas en que se desenvuelve su vida, se hallan en constante peligro de perderse”. Evidentemente, no se trata de ninguna novedad con respecto a la inmediata posguerra sino todo lo contrario, la continuidad y contumacia en unas pautas que variarán muy poco a lo largo de los años cincuenta.

Por eso un elemento inmutable en el tiempo será abordar el problema de la prostitución, particularmente con un apartado relativo a la Junta provincial de protección de la mujer cuya actividad principal consistió en la “recogida e internamiento de jóvenes pervertidas o en peligro de perversión… las cuales recibieron cultura e instrucción religiosa y, algunas, conocimientos prácticos que les permitiría ganar honradamente la vida”. En esta línea la memoria del año 1954 incorpora como logro importante de este organismo que “a base de prestar la debida vigilancia sobre jóvenes de poca edad amancebadas, se consiguió legitimar mediante el matrimonio a algunas uniones”. Todavía en estos tiempos de permisividad el régimen hacía gala de esa doble y característica moral que les llevaba a regular dicha problemática. En el fondo subyacía una consideración delincuencial hacia las mujeres que no coincidía con la laxa valoración e incluso fomento que se venía dando para los “consumidores”: “Especial atención se prestó, por parte de Comisaría a la prostitución, ya que la relajación de la moral y el vicio son factores que influyen grandemente en la delincuencia”.

En esta fundamental labor de control social el régimen disfrutó de una importante colaboración de manos de la Iglesia. Compartían objetivos comunes e impulsaron un modelo de moral que no sólo excluía a cualquier otra sino que la perseguía y criminalizaba. Así, la Iglesia, importante agencia de creación de discurso y de legitimación de adoctrinamiento, ejerció un completo dominio de la moral del momento a través de un ejercicio de control social al que se llegó siguiendo múltiples instancias42. Elaboró informes y certificados de buena conducta, mantuvo una abundante nómina de curas en las prisiones y campos de trabajo, formó parte activa de las comisiones de libertad vigilada, en los patronatos de la mujer y en las comisiones de educación, así como en un largo etcétera de organismos que proyectarían la alargada sombra de la institución hasta extender al paroxismo la idea de pecado. Esto se estableció como una categoría moral que se elevaría a rango de ley hasta generalizar de manera obscena y, al mismo tiempo, plúmbea el autocontrol y la culpabilidad. En efecto, también en el caso español la dictadura transformó al país en una sociedad autovigilada, una sociedad donde la vigilancia y la delación partían de uno mismo y contaban con la potencial colaboración de cada vecino, de cada familiar, ya que se trató de un fenómeno entre iguales que no sólo se proponía controlar las acciones y manifestaciones externas sino que aspiraba a intervenir en las privadas (43).

La prisión provincial seguía siendo motivo de preocupación porque transcurridos ya varios años desde el encarcelamiento masivo de los derrotados en la guerra, todavía no se había podido separar a los presos políticos de los comunes y no sólo sufrían las penas de libertad sino que estaban sometidos a una estricta disciplina en la que no podía faltar el apoyo de la religión.

“La instrucción religiosa se organizó durante todo el año a base de prácticas y lecturas de pasajes bíblicos y catecismo explicado, habiéndose conmemorado las fiestas religiosas, efemérides nacionales con distintos actos culturales y educativos, culminando la actividad religiosa desarrollada en una importante misión espiritual que concluyó con una solemne comunión, en la que participaron todos los funcionarios y el ochenta y cinco por ciento de los reclusos” (44).
El ambiente carcelario de la España de esta década fue conquistado a través del extremo control de cualquier posible movimiento que se diera. Así lo atestigua el Gobernador Civil en 1954 al consignar en la memoria que “se ejerció un estrecho y riguroso control en el movimiento de viajeros, en hoteles, pensiones, fondas, posadas, automóviles y garajes, por lo que en todo momento se tuvo conocimiento de la población delincuente que pernoctó o transitó por la provincia”. El nuevo marco internacional se dejaba notar también en la vida cotidiana de estas provincias donde se empezó a constatar “el incremento en las relaciones en el orden internacional, (que) exigió una acentuación considerable en las actividades del Negociado de Pasaportes y Extranjeros” (45). Al amparo de un contexto favorable para los intereses del régimen, el “síndrome de la seguridad” se convirtió en la excusa perfecta para todas estas prácticas represivas que acabarían por garantizar una apabullante desmovilización social (46).

El paro obrero y las facilidades dadas por las instituciones harán cada vez más frecuente la emigración y la inmigración que motivó al gobernador en 1957 a demandar un incremento de personal ya que además no se podía “olvidar el crecido número de habitantes de la capital y la actividad de su estación férrea”. En un principio los movimientos de población no eran del agrado de las autoridades por dos razones fundamentales. Primero porque el éxodo rural contravenía la defensa del campesinado como esencia de la nación y, por tanto, del medio agrario donde, dada la escasa densidad demográfica, era mucho más fácil vigilar y castigar la disidencia. Pero, también, porque el crecimiento de los núcleos urbanos favorecía un posible entendimiento entre aquellos que emigraban como manifestación de su resistencia “pasiva”. Se aprecian en este punto las dos visiones planteadas: desde abajo, la emigración se convirtió en una significativa manifestación de la protesta; por arriba, el fenómeno migratorio creaba evidentes problemas de orden público en un modelo tan asfixiante como el franquista.

Claro que con el tiempo cada vez se iban abriendo nuevos frentes y competencias que atender. Por ejemplo, la vigilancia alcanzó también a la Delegación Provincial de Información y Turismo que informaba en 1958 de la censura desplegada sobre el periódico local, perteneciente al Movimiento, o sobre los programas radiados por las emisoras locales y “asimismo fueron vigilados los cines y teatros en la parte referente a censura, entrada de menores, proyecciones obligatorias, programas a proyectar, etc. levantándose las oportunas actas e instruyéndose las oportunos expedientes en todos aquellos casos en que fue observada alguna infracción”47. La situación política general iba marcando otras actuaciones de las que difícilmente podría abstraerse la autoridad provincial. El final de la década representó un cambio en la política nacional con un relevo generacional acorde con las transformaciones sociales. Por ello y sin abandonar el discurso de la “normalidad”, a finales de la década de los cincuenta el Gobernador no podía por menos que reconocer algunos de estos nuevos impulsos:
“Al finalizar el año se presentaron algunos brotes que en el orden político-social y criminal daban síntomas de vida activa, pero todos ellos fueron cortados de raíz, gracias a la actividad y vigilancia de las fuerzas encargadas del mantenimiento del orden público” (48).

Esa tendencia se consolidaría poco a poco de tal manera que en la memoria de 1961 se repite la cantinela de la normalidad pero ya se reconoce una “inquietud expectante con relación al exterior, ante los frecuentes y graves conflictos internacionales que se vienen sucediendo”. La percepción de la situación política por la que atravesaba el país seguía ofreciendo la recalcitrante imagen de la complacencia general ya que “no cabe duda alguna de la aspiración unánime (sic) es la de la continuación del régimen actual, ya que con él se ha disfrutado y se disfruta de paz y tranquilidad, y se han obtenido y se obtienen continuas mejoras que se traducen en la constante elevación del nivel social”. Con todo, nada había cambiado en la política de orden público y se “sometió a estrecha vigilancia a las personas consideradas como enemigas del Régimen, controlándose todos sus movimientos, lo que influyó grandemente al hecho de que no se registrara ninguna perturbación o brote de carácter político-social” (49).

El orden público a comienzos de los sesenta desde “las provincias”

Si nos dejamos llevar por los informes que recogen los diferentes gobiernos civiles consultados, en no pocas ocasiones, da la impresión que el máximo dirigente provincial es ajeno al sistema de poder, a la estructura institucional. No les faltaba algo de razón si tenemos en cuenta la pérdida de competencias a la que sistemáticamente fueron sometidos. En las memorias se muestran críticos con algunos problemas generados por el propio gobierno, por ejemplo, la carga fiscal y “la precariedad económica del momento”. (Lugo y Salamanca en 1960). Así, la sinceridad de estos políticos en sus informes internos pone de manifiesto la lacerante situación por la que atravesaba la mayoría de los españoles que habían podido subsistir a una durísima posguerra y a los efectos perniciosos de las políticas autárquicas. Para entender este estado de cosas, nuevamente la violencia política desplegada desde tantas instancias por la dictadura, y el miedo consiguiente, se ofrecen como claves explicativas. En el siguiente fragmento de la memoria de Orense se detectan algunas consecuencias de aquella inmensa prisión en que se había convertido el país, con trabajadores condenados a cumplir interminables jornadas y, por tanto, privados de poder atender algunas necesidades familiares:
“Nos encontramos en la obligación también de señalar que en lo que se refiere a la capital y en orden a la clase media es raro el individuo que solamente tiene un puesto de trabajo. Para poder solventar los gastos económicos que su mejor vida actual le contraen, así como dar una mejor educación a sus hijos que lo que era corriente en su mismo escalafón social hace años, el hombre de la clase media baja trabaja incansablemente casi todas las horas del día sin poder dedicar la atención debida a su familia ni tener descanso a su quehacer que necesita” (50).

En general se constatan los graves problemas económicos y sociales derivados de la “estabilización económica”. Algunos ven, como consecuencia de esto, la justificación al “redoblado interés de los trabajadores por las elecciones sindicales del momento”, lo que en el fondo no dejaría de ser una forma soterrada de protesta social contra el sistema. En la memoria de Oviedo se habla del “año de la expectativa” muy favorable al gobierno que vio cómo aumentó hacia él la confianza “en el desarrollo gradual de las medidas de estabilización económica” aunque no convenía relajarse ya que “superado aquel primer momento se cree debe plantearse urgentemente la nueva estructura económica, que beneficie a la Empresa y a la economía nacional, estimulando el rendimiento y aumentando el poder de consumo del pueblo español, especialmente, de los trabajadores”51. Claro que no todo fueron consecuencias positivas. En Orense se reconocía que la disminución del contrabando y la defraudación, características tradicionales de aquellas tierras, producto de “la liberación de contingentes en exportación e importación” había generado “una disminución real, aunque sea un poco vergonzoso informarlo, del dinero existente en la provincia. Se notaron en espectáculos y lugares nocturnos, así como en establecimientos de artículos de lujo una baja grande en la clientela que se considera sospechosa de contrabando que, por otra parte, era la que más cuantiosos gastos efectuaba”. También arreciaban las críticas al régimen en Palencia “por no haber conseguido un mayor nivel de vida para las clases humildes y de la falta de energía para llevar a cabo una más justa distribución de la renta nacional”(52).

En el fondo, por encima de cualquier beligerancia política o ideológica, la preocupación de los españoles seguía siendo, de forma mayoritaria, la misma de los años anteriores. Como reconocía el Gobernador de Orense (1960), el común de los ciudadanos formaba “una masa que se rige en la edad madura sola y exclusivamente por el problema económico de sus propios hogares y en la juventud por un desinterés y desgana por el problema político”(53).

La eficacia de los mecanismos represivos aplicados durante dos largas décadas, consolidado plenamente el régimen, se puede constatar en expresiones que pretenden ir más allá incluso de una mera transmisión de tranquilidad o control sobre la situación. Se quiere dar la impresión no sólo de victoria frente al derrotado sino de convencimiento y de éxito frente a “los otros”:
“Merece destacarse el hecho de que habiéndose construido en la provincia un numeroso número de grandes obras hidroeléctricas, y hallándose en construcción durante el año 1960 cuatro o cinco de ellas que agrupan varios millares de trabajadores procedentes de la totalidad del territorio nacional, aunque la mayoría haya sido de la provincia, entre los que se encontraban y encuentran muchos con antecedentes políticos desfavorables por haber sido condenados a las más diversas penas, desde la de muerte y cadena perpetua a la de seis meses y un día, así como delincuentes comunes por delitos contra las personas y la propiedad, no se ha producido nunca, ni tampoco durante 1960 la menor alteración en el desarrollo normal de las obras. Los elementos reintegrados a su trabajo después de haber cumplido condena por auxilio a bandoleros o los procedentes del exilio, siguen presentándose voluntariamente a las Comisarías de Policía para hacer patente su presencia así como su alegría por haber resuelto con satisfacción su situación, y es curioso señalar su observación de extrañeza ante la libertad que existe para criticar al gobierno y a la Administración, sin tener que mirar hacia los lados para saber si alguien les está escuchando, cosa que no es posible hacer según dicen ni en las repúblicas hispanoamericanas, donde tanto se blasona de vivir en completa libertad política” (54).

En este furor por demostrar la efectividad de las políticas aplicadas se llega a afirmar que “muchos de los elementos extremistas han sido incorporados a las filas activas del Movimiento o a las tareas sindicales en las que están actuando con marcada sinceridad”(55). Para ello no sólo era suficiente vigilar y castigar sino que las medidas coactivas comprendían también actividades relacionadas y definidas como “proselitismo”. En concreto, la Falange siempre estuvo preocupada por generar un clima social de apoyo a sus propuestas y no aflojó sus campañas para hacer visible al “Movimiento en forma continuada y periódica a los pueblos”. Se trataba de incrementar la captación de afiliados sobre todo entre la gente joven (56). Tal vez por ello, reconocían las dificultades que encontraban para “convencer” en muchas ocasiones a los más allegados a pesar de reconocer la existencia de una “vida sindical fuerte”, sin embargo “el desaliento amenaza penetrar en los cuadros electivos de las juntas sindicales porque muchas de sus justas aspiraciones no son acogidas por el gobierno”(57).
Tal vez por eso algunos no terminaban de comprender que el muy mermado derecho de asociación permitido, sólo se tradujera en un asociacionismo de “carácter esporádico” que daba lugar a que “muchas asociaciones lleven una vida lánguida”(58).

El común denominador de las memorias en lo referente a la situación del “Orden Público” es la normalidad reinante y el alto grado de eficacia conseguido59. La escasa o atenuada conflictividad de esta década apenas se vio alterada por cuestiones que, en general, no representaron graves problemas para la Dictadura. Era el resultado de una constante vigilancia por parte de los distintos instrumentos represivos que impedían cualquier tipo de sorpresa negativa y hostil contra el poder. El grado de exhaustividad de aquellas medidas puede observarse en el siguiente texto:
“El grupo de Investigación Social, ha llevado a cabo una gran labor, para hacer el censo de cuantas personas se encuentran exiliadas y habitan en pueblos de esta Provincia, cifra que se eleva a unos 1.200. Se ordenó por este Gobierno Civil y así se realizó, a través de la Guardia Civil, en los pueblos, y la Comisaría del Cuerpo General de Policía en Toledo y Talavera de la Reina, la confección de un censo en el que se hiciesen constar los nombres y filiaciones completas, con sus antecedentes político-sociales, de todos los trabajadores que prestasen sus servicios en las industrias existentes en la Provincia, procedimiento este, para tener en todo momento un exacto control de las actividades de los mismos”(60).

Sin embargo, el ahínco con el que se persiguieron algunas “infracciones” pone también de manifiesto el altísimo listón y estrecha concepción de las “libertades” individuales de los españoles: “Más bien que alterar el orden, han consistido en faltas de educación ciudadana, policía de costumbres o leves perturbaciones, y las más de las veces bajo la forma de gamberrismo, blasfemias, desobediencias a las órdenes de la Autoridad y hechos análogos”(61). A falta de actuaciones más destacadas, que desde luego habían sido habituales años antes, la vida corriente de los españoles fue regimentada siguiendo unas normas que se ajustaban a la moral nacionalcatólica. Por eso no deben extrañar expresiones como las siguientes:
“En el aspecto preventivo, se han dictado normas tendentes a evitar aquellas manifestaciones hoy en día lamentablemente en auge, que en esta provincia no se han sentido aun de manera acentuada, y que se refieren a la moralidad en las playas, a manifestaciones profanas de bailes en determinadas épocas –cuaresma, carnaval-. Las normas sobre moralidad en las playas se han establecido de una manera rígida, evitando la comisión de todos aquellos actos que no solamente lesionan la moral, sino que incluso atentan a los elementales principios educativos y de buen gusto. A tal fin, se estableció un servicio extraordinario de vigilancia en las playas del litoral más frecuentadas, que comprenden unos 40 kilómetros de costa. Con ello se consiguió evitar la comisión de excesos, tanto en lo que a indumentaria se refiere, como en lo que atañe a esparcimientos en locales inmediatos a las payas. Este servicio se estableció con la necesaria prudencia y tacto, teniendo en cuenta el gran número de extranjeros que concurren a las playas de esta provincia, pero la eficacia del mismo resultó evidente”(62).

En buena lógica, el espectro de posibles desviaciones podía llegar a ser enorme. La disidencia o al menos su notable potencial comprendía una redefinición de algunos conceptos que ahora adquirían especial significación. Así, por ejemplo, “las sectas en atención a su carácter de refugio de elementos desafectos” venían a concentrar las miradas escrutadoras de aquellos “guardianes del sistema”. No obstante, en algunos casos se puede llegar a entender la especial atención prestada ante posibles “contagios de carácter internacional” que obligaron a esfuerzos adicionales:
“los sucesos de Argelia, en cuya región existe una gran cantidad de españoles o de franceses de la misma ascendencia, han promovido una emigración que puede considerarse circunstancial, pero que en algunos casos podrá convertirse en definitiva, que ha vertido sobre esta provincia un elemento nuevo en lo policial digno de ser tenido en cuenta. Por otra parte, se trata de un complejo, y por lo tanto heterogéneo grupo de gentes sobre cuya calificación político-social nada puede aventurarse”(63).

Antes de la masiva salida de españoles rumbo a Europa, el fenómeno de la emigración fue restringido al máximo en un ejercicio más de represión y control de una mano de obra que era reclamada con insistencia por parte de los empresarios. Los mecanismos para hacer efectiva esta política pasaron en muchas ocasiones por las enormes dificultades derivadas de la tramitación de los documentos necesarios para poder obtener el pasaporte64. La propia Administración acabó atrapando en su farragosa burocracia a muchos trabajadores que tuvieron que esperar una coyuntura más propicia para poder emprender la aventura del éxodo.

No obstante, en ocasiones se pretende obtener un mayor reconocimiento por estos logros debido a la dificultad que llega a entrañar en algunas provincias, como Orense, donde “los diferentes poblados de obreros en la construcción de grandes saltos hidroeléctricos que existen en la provincia, con varios miles de trabajadores muchos de los cuales tienen antecedentes de condenas hasta de pena de muerte por auxilio a la rebelión, etc., así como por antecedentes penales”. Todo esto fue posible porque, más allá de la persistencia del control policial a lo largo de toda la dictadura, las distintas políticas de investigación social llevadas a cabo resultaban verdaderamente asfixiantes. De su grado de eficacia da idea este fragmento de la memoria de Orense:
“De todos los que fueron alta se consultaron antecedentes y se procedió a la detención de aquellos que se hallaban reclamados por distintas autoridades. Teniendo en cuenta que entre ellos había muchos que por su ideología política y por sus actividades, habían sido condenados desde la pena de muerte a la de seis meses, se establecieron los dispositivos necesarios para tenerlos sometidos a una eficaz vigilancia en evitación de que intentaran organizar grupos y actuar contra la seguridad del Estado. Para ello en colaboración con el Servicio de Información, así como con la Guardia Civil, se efectuaron periódicos desplazamientos para conocer el ambiente existente en las distintas obras y tajos y comprobar al mismo tiempo la eficacia de los dispositivos establecidos”.

Una fórmula habitual en este tipo de documentación consiste en reflejar el especial seguimiento de que fueron objeto “los elementos socialmente peligrosos” debido a unas supuestas “ideas políticas subversivas” como todos aquellos que podían ofrecer “una conducta desordenada”, aspecto este siempre subjetivo relacionado las más de las veces con “la moralización de costumbres”. No obstante y más allá del especial celo demostrado con algunos problemas más o menos evidentes, lo cierto era que la vida cotidiana de los españoles era sometida a tan profunda vigilancia como se desprende de estas frases:
“Se ha vigilado intensamente la distribución o confección de propagandas orales o escritas, interviniendo rápidamente en las ilegales. Se ha mantenido estrecha vigilancia con la frontera y también a los elementos que pudieran resultar sospechosos de cruzarla con excesiva frecuencia, o con miras tendentes a la introducción de propaganda ilegal, contrabando, armas, etc. la prostitución, el juego, la moral pública y el alcoholismo, han sido vigilados constantemente; y por su importancia, desde el punto de vista de repercusiones en el orden público, se ha estado en constante contacto con las industrias, en especial con las grandes factorías y concentraciones de productores, para prevenir cualquier conato de alteración de la normalidad laboral. Los servicios de información e investigación, tanto de la Comisaría de policía como de la Guardia Civil, se han orientado a conocer en todo momento las reacciones de tipo social o político, situaciones o ambiente general, etc.”(65)

Cualquier actividad cotidiana era seguida o podía serlo, característica genuina de esta sociedad panóptica, por los garantes del orden público. Desde la vida privada al ocio pasando por las actividades profesionales, todo cabía bajo el control del régimen. Si había algo que despertara especial preocupación para sus cancerberos eran las “agrupaciones apreciables de personas” por el temor a que “pudieran dar lugar a anormalidades o alteraciones del orden en cualquier forma”66. Esta obsesión por garantizar la paz social a través de un muy rígido sentido del “orden público” llevó a sus responsables a perseguir la mendicidad callejera, la actividad de los “vagabundos”, por “la pobre impresión de nuestra Patria a sus visitantes extranjeros”67. Gracias a este enconado empeño el estribillo de estos documentos puede venir de la mano del caso segoviano: “Ello determina que el orden público en general se haya desenvuelto por cauces de absoluta y pacífica normalidad, no alterada ni por las difíciles situaciones económicas ni por las apasionadas Elecciones Municipales que han tenido lugar a finales de año”(68).

Como indicábamos al insistir en la importancia del cambio de ciclo que se empieza a dar a comienzos de la década de los años sesenta, encontramos ya algunas alusiones a conflictos de mayor y diferente envergadura al que se había venido acostumbrando aquella plúmbea España. El responsable provincial de Huelva tuvo que intervenir, “en perfecta conjunción con la Delegación de Trabajo”, para “hacer abortar el intento de huelga que se planeaba en la Compañía Española de Minas de Río Tinto con motivo del auto dictado por el Tribunal Supremo autorizando a la empresa a suspender el pago del plus de distancia”. Se trató sólo de un aviso ante lo que finalmente acabó por desatarse algunos meses más tarde en la inmensa mayor parte de las cuencas mineras españolas. De todas formas, de las siguientes frases se desprende también que los ánimos en esta provincia, al menos, estaban suficientemente calientes como para que el orden público no siguiera ofreciendo un panorama tan idílico:
“También hubo necesidad de que interviniésemos personalmente, con visita que hicimos al pueblo, en San Silvestre de Guzmán, donde también se registraron amenazas de alteración de orden público con motivo de sentencias judiciales declaratorias de propiedad de fincas hasta entonces explotadas por los vecinos en régimen de pegujaleros”(69).

No todo fueron dificultades para los cuerpos represivos del franquismo. La cooperación voluntaria y/o forzada de los primeros momentos contó con la destacada complicidad de algunos “hombres leales y honrados” que recuperaron la institución del Somatén, institución regulada por el decreto de 9 de octubre de 1945, con especial protagonismo en el medio rural. Estas estrechas colaboraciones no impedían que algunos “funcionarios” siguieran reclamando más medidas coercitivas que garantizaran la efectividad de sus funciones y no dudaban, por ejemplo, en denunciar “la falta de una disposición que faculte a la Autoridad gubernativa para decretar el arresto hasta el límite de un mes que la propia Ley (de orden público) señala”(70).

Un apartado al que hemos prestado especial atención para nuestros objetivos ha sido el que hace referencia a “los síntomas políticos y sindicales”. Si bien es una constante la idea de transmitir una sensación de estabilidad, lo verdaderamente significativo es el tono con el que se expresa en muchas ocasiones, hasta el punto que los informantes participan de forma reiterada de la idea de normalidad a pesar de todo. Y no parece ironía sino la auténtica percepción desde el poder cuando se describe la situación dentro de “un gran ambiente, tanto desde el punto de visto político, como desde el punto de vista sindical, consiguiendo, dentro de una auténtica libertad un satisfactorio resultado en orden a la ideología política de los mandos locales”(71).

Encontramos muchos ejemplos que pueden ilustrar el gran objetivo perseguido que no era otro que la pasividad y, a ser posible, la adhesión o fidelidad de los españoles como exponía en estas lacónicas palabras el responsable jienense: “(sus distintas actuaciones) han servido para mantener vivo el espíritu político y las aspiraciones hacia una creciente fidelidad al Régimen y al Gobierno de la Nación y a las directrices de nuestros mandos”(72). Parecida exposición es la que hace el Gobernador guipuzcoano al estimar una creciente integración de los productores: “Se ha podido observar una disminución muy notable en la animosidad política por parte de productores de empresa, que durante años, han estado distanciados de la Organización Sindical y, hoy en día, se han integrado en ella, colaborando dentro de la más estricta y estrecha sinceridad sindical”(73).

La ironía o la ingenuidad, quien sabe, pueden aplicarse a valoraciones como la que podemos encontrar en la memoria de Málaga de 1960 cuando el Gobernador deja caer esta imagen idílica: “puede decirse que no existe exteriorización alguna de ideas políticas contrarias al Movimiento. Si algún intento pudo haber, fracasó de raíz. No existe coacción alguna para la libre expresión del pensamiento o de manifestaciones como no sea la que deriva lógicamente de las leyes del Estado; el hecho real es que ni unos ni otros se producen y menos que ello pudiera considerarse como diatribas o críticas al Movimiento”, lo cual no impedía que se pudieran dar “críticas negativas del Régimen, de lo que sí existen algunas exteriorizaciones”, lo cual puede suponer una clara contradicción(74).

Sorprende, en esta línea, la frialdad y concisión de que se vale el político que tuvo que reflejar unos hechos muy diferentes que se produjeron en lo que ya empezaba a ser un semillero de problemas políticos, las provincias vascas:
“Como sucesos más importantes del año 1960 que han afectado a los órdenes público y político deben reseñarse los siguientes:
El 28 de marzo se celebraron en San Juan de Luz (Francia) los funerales por el llamado Jefe del gobierno vasco en el exilio, José Antonio Aguirre Lecube, acudiendo con tal motivo una importante masa de simpatizantes de esta provincia. Y con posterioridad, de forma escalonada, se han ido celebrando misas en la capital y muchos pueblos de la provincia por el alma del finado en las que, bajo la capa de religiosidad, se encubría una indudable finalidad política.
El 27 de junio explotaron en las Estaciones de los Ferrocarriles Vascongados y Norte (RENFE), dos artefactos colocados en el interior de maletas que se hallaban depositadas en consigna, causando daños materiales de escasa importancia, si bien es de lamentar como consecuencia de la primera explosión, falleció una niña de corta edad. Este acto de terrorismo fue planeado y llevado a cabo por elementos del DRIL (Directorio Republicano Ibérico Liberación).

La carta que sacerdotes vascos dirigieron a los Obispos de San Sebastián, Bilbao, Vitoria y Pamplona, llevando la firma de 339 sacerdotes, de los que 141 pertenecen a la Diócesis de San Sebastián. Sin embargo, algunas de las firmas son dudosas y se ha utilizado el nombre de algunos sin su consentimiento. Este hecho político ha tenido singular importancia, creando un verdadero cisma de rebeldía, y creando un confusionismo religioso que aún perdura”(75).

En múltiples ocasiones encontramos referencias al “marcado apoliticismo de amplios sectores de la población”, lo que no impide que se hagan pormenorizados exámenes de las distintas ideologías políticas existentes aunque sean ilegales. La sutileza de algunos llega a precisar diferencias entre “clases medias” y “clases económicamente débiles”, a partir de lo cual atribuir un mejor comportamiento a los primeros por su “alejamiento de las actividades políticas” mientras que los otros son difíciles de definir y llegan a admitir que “no sería erróneo afirmar que existe un socialismo adormecido, o al menos un deseo de mejora económica que se identifica con la vaga idea que pueden tener sobre el marxismo”(76). Otros, por el contrario, introducen un elemento como es la edad para diferenciar el comportamiento político de sus ciudadanos. Así, “los que nacieron hacia el año 1930 y posteriores, no tienen ningún recuerdo ni inclinación hacia el régimen monárquico… y en esencia puede que su monarquismo no signifique ni tenga otro fundamento mas que el de una oposición más o menos encubierta a la actual organización del Estado”. Llama la atención, no obstante, la claridad con la que admite la existencia de grupos políticos de oposición y su estrategia para burlar los controles del sistema:
“Aunque legalmente esta clase de asociaciones o de organizaciones políticas, no pueden existir, la realidad es que muchos de ellos se han afiliado a la actual organización sindical conservando sus anteriores ideas y simpatías por las antiguas organizaciones, en su fuero interno; esto principalmente en los de cierta edad que formaron parte de ellas”(77).

Parece pues probada la idea inicial de que el período aquí analizado, 1951-1962, conserva unas características particulares que le confieren una entidad propia dentro del entramado de control y represión diseñado por el franquismo en la aplicación de la violencia política. Ello no es óbice para que se mantengan también líneas de continuidad con respecto a un fenómeno estructural que evolucionó para responder a los cambios sociales y, en particular, en el seno del antifranquismo o, al menos, con la intención de someter cualquier posible manifestación conflictiva contra él. La paz social tampoco se alcanzó con plenitud en aquellos años, aunque desde luego los rigores y la implacabilidad de tantos dispositivos coercitivos reducirían su visibilidad hasta conseguir transmitir una imagen de control total y absoluto del orden público. Tal vez aquí podemos encontrar el mayor éxito del régimen: socializar entre los españoles la idea de que por encima de principios fundamentales como la libertad o la igualdad, que estuvieron en todo momento constreñidos, se situaba la meta de la seguridad, la paz social.

---fin del mensaje nº 2---Final del texto---

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