LA TIERRA EN COLOMBIA -LOS VERDADEROS AUTORES DEL DESPOJO (I) y (II)

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    LA TIERRA EN COLOMBIA -LOS VERDADEROS AUTORES DEL DESPOJO (I) y (II)

    Mensaje por ndk el Vie Mar 23, 2012 6:36 pm

    Jesús Santrich, integrante del EMC de las FARC-EP escribió:
    LA TIERRA EN COLOMBIA, LOS VERDADEROS AUTORES DEL DESPOJO (I)

    Se requiere ser muy mentiroso y
    sinvergüenza para afirmar, como lo ha hecho Juan Manuel Santos, que la
    guerrilla y otros factores armados a los que revuelve con esta para
    engatusar incautos, son quienes han arrebatado más de 700 mil hectáreas
    de tierra a los campesinos.


    No es por tonto que el personaje de
    marras expresa semejante absurdo, pues él bien sabe cómo está
    configurado el asunto de la distribución, propiedad y uso de la tierra
    en Colombia, y sabe cómo está definido el asunto de la territorialidad.

    La
    existencia de latifundios en poquísimas manos de oligarcas que han
    arrebatado la tierra a los más pobres es un antiquísimo problema
    estructural que subyace como una de las principales causas del conflicto
    político-social y armado que padece Colombia. A finales del año
    antepasado el camarada Alfonso Cano se refirió a la cuestión trayendo a
    memoria que según estudios del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y
    CORPOICA del año 2001, las fincas de más de 500 hectáreas correspondían
    al 0.4 % de los propietarios que controlan el 61.2 % de la superficie
    agrícola. Esa concentración desbocada e infame de la tierra viene desde
    años atrás y no ha cesado ni cesará por cuenta de una perorata embustera
    como la del Presidente. ¿Acaso Juan Manuel tiene la noticia de que
    entre ese 0.4 % de propietarios están las FARC?

    A principios de
    enero, El Espectador citó palabras de JM Santos en las que expresaba,
    como ya había ocurrido en otras ocasiones, que las FARC se oponen a la
    Ley de Restitución de Tierras porque, gracias a ella, “les quitamos el
    discurso”, según el cual la tierra es para los campesinos.

    Con
    vehemencia de culebrero presto a pescar incautos, Juan Manuel ha dicho
    que “de manera exitosa ejecutará la Ley” aunque tenga “enemigos de lado y
    lado”. Y explica que en “La izquierda radical, las Farc”, está un
    enemigo de la Ley, “porque les quitamos el discurso. El discurso de las
    Farc es ese: que la tierra es para los campesinos”. A continuación el
    Presidente se despacha con su carga de cinismo: “Pues sí: la tierra se
    la estamos entregando a los campesinos, y sobre todo a los campesinos
    que fueron desplazados”.

    En conclusión, para un sujeto experto en
    crear “falsos positivos”, como Juan Manuel, resulta que son las FARC
    las que arrebataron la tierra y las que no quieren que se le restituya
    este preciado bien a los campesinos, mientras él está haciendo su
    “revolución agraria”. Y mucho ojo, “no una revolución a punta de fusil
    sino con la Constitución y las leyes. Y no es una revolución de lucha de
    clases. No son los ricos contra los pobres, son los legales contra los
    ilegales. Y es una revolución que va a respetar a todo aquel que tenga
    su propiedad legalmente”, Como si ya el territorio no lo hubiesen
    preparado a sangre y fuego, con la violencia paramilitar, antes de hacer
    lo que ahora se configura como un procedimiento cínico de
    “saneamiento”, que con leyes proyecta terminar de arrebatar a los pobres
    la tierra para entregarla a las trasnacionales.

    En el colmo del
    descaro JM Santos dice haber encontrado que “otro enemigo del proceso de
    Restitución de Tierras es la extrema derecha, es decir los
    paramilitares, quienes se hicieron a muchísima tierra a punta de
    violencia y a punta de desplazamiento”. Semejante “inocencia” causa
    angustia. El jefe de los “falsos positivos”, el ministro de defensa del
    mandatario paramilitar Álvaro Uribe Vélez, diciéndonos esto de que hay
    “dos extremos (las Farc y los paramilitares), paradójicamente unidos en
    contra de la Ley”.

    Las marchas que Juan Manuel paga para
    aparentar que respalda a los líderes agrarios con la propagandizada Ley
    de Víctimas y de Restitución de Tierras, no son siquiera expresión de
    populismo, como algunos piensan, sino de insolencia si miramos en que
    los factores de poder que él representa son los que han practicado el
    despojo que caracteriza la acumulación capitalista neoliberal que han
    impuesto en subordinación absoluta respecto al centro hegemónico yanqui.

    Yendo
    al grano, en vez de lanzar sofismas de distracción, el Presidente
    debería develar los nombres de los verdaderos latifundistas y la forma
    criminal como muchos de ellos se han apoderado de predios de comunidades
    enteras, sólo para beneficiar la voracidad de las trasnacionales.
    ¿Acaso no sabe él que entre los llamados “nuevos llaneros”, gente que se
    ha hecho a inmensas cantidades de tierra en los Llanos Orientales
    aparecen al lado de los holdings brasileños y argentinos, capitalistas
    como Luis Carlos Sarmiento o su primo “Pachito” Santos, el mismo que
    quería dirigir el paramilitar Bloque Capital y quería electrocutar a los
    estudiantes que protestaban contra la reforma neoliberal a la
    educación? Ahí están esos elementos apátridas lanzados a la conquista de
    los llanos y a la depredación de la Amazonía y la Orinoquía, sin que
    personajes tan dolidos por la patria como Erwin Hoyos, Darío Arizmendi,
    Salud Hernández, el “eximio” Néstor Morales o Doña María Jimena Duzán,
    entre otros, se den por enterados, Y que no crean que con este humilde
    comentario se les está siquiera increpando, porque ahora parece ser moda
    en el círculo de notables de la desinformación, auto-victimizarse
    endilgándole a las FARC no se qué cantidad de amenazas infundadas.

    Esta
    conquista de los territorios es lo que estimula el gobierno como
    reforma o como “revolución agraria”, con estímulos económicos
    gubernamentales y el respaldo militar que está puesto en marcha con los
    famosos planes de “consolidación”, porque es que hay que cuidarle las
    inversiones a las trasnacionales poniendo de guachimanes a los soldados
    colombianos, para que las trasnacionales puedan expandir sus
    agro-negocios, la extracción de agro-combustibles sembrando palma, maíz,
    soya, remolacha y caña azucarera, etc.

    En fin…; la “revolución
    agraria” de los cínicos como Santos, significa la entrega sumisa a las
    multinacionales y conglomerados financieros, ofreciendo negocios
    híper-rentables, favorables a la especulación en el mercado mundial de
    commodities.

    Hablemos claro, como son enormes las dificultades
    que generan a las inversiones capitalistas en el campo si no existe
    legalidad, titulaciones que laven la cara del despojo sangriento que han
    hecho hasta el momento, entonces hay que titular los predios
    arrebatados a los campesinos y gentes humildes desplazadas y asesinadas.

    Para
    eso es que está destinada la Ley de Restitución de Tierras. El
    propósito de fondo no es resarcir a los campesinos. El fin es otorgar
    seguridad jurídica a los inversionistas, sobre todo si se toma en cuenta
    la enorme magnitud que ha logrado el mercado de tierras en el campo de
    la especulación financiera.

    ¿Por qué los “camaradas” chinos no
    compraron tierras en el Vichada? Aunque ellos en Colombia estén
    proyectando grandes inversiones en infraestructura de transporte y en
    proyectos de agro-negocios como la producción de soya y leguminosas, su
    negativa o abstención temporal se debió a la inexistencia de títulos de
    propiedad. Este es un ejemplo para decir que pasa a ser de gran
    trascendencia, no inmediatista sino estratégica para los capitalistas,
    la llamada restitución de tierras que permita más adelante, luego de
    legalizar los títulos, negociar la propiedad para quedarse con todo o lo
    que interese en un proceso de sobre explotación del territorio. La
    “restitución”, entonces, no es un acto humanitario y de reconciliación
    social de Juan Manuel Santos sino el procedimiento engañoso para darle
    marco jurídico a la desposesión violenta que se ha venido haciendo a lo
    largo de décadas y que se acentuó especialmente durante el gobierno de
    Álvaro Uribe Vélez, del que el actual Presidente fue su Ministro de
    Defensa y jefe de los llamados “falsos positivos”.

    Para el caso
    colombiano, los mismos agentes activos del despojo ahora “hacen el
    favor” de amortizar a las víctimas, legalizándoles la posesión para
    luego “colaborar” con la compra o toma en arrendamiento del terruño, por
    el que sin duda el pobre campesino, quiéralo o no, recibirá una
    miseria. Entonces, legalizar títulos, entregar tierra de manera
    engañosa, para de inmediato volver al ciclo del despojo envuelto en la
    farsa de la compra-venta, o la trampa del arrendamiento, sin que ello
    implique, desafortunadamente, que la presión y efectiva acción
    coercitiva de los perdonavidas de las trasnacionales y del régimen cese,
    es lo que caracteriza la “revolución agraria” de Juan Manuel.

    Todo
    es un ardid ya conocido en otras latitudes del mundo, para acondicionar
    el mercado de títulos y abonar la espacialidad para que proceda la
    inversión transnacional sin apremios:
    promesas de un mejor medio de
    vida, garantías de rentas permanentes…; coacción contra las comunidades o
    personas que no consientan la depredación; tal como ahora ocurre en los
    municipios que se quieren inundar con la represa El Quimbo.

    En
    Colombia ya se ha sufrido bastante la desposesión y muy próximo está el
    ejemplo de Brasil donde las promesas de mejores medios de vida y de
    posibilidad de empleos que vendrían gracias a los contratos de
    arrendamiento, han conllevado al abandono de los asentamientos que han
    sido arrendados a empresas de caña de azúcar en el llamado cinturón de
    la caña de azúcar en el Estado de São Paulo; entre muchos otros, también
    tenemos el ejemplo del establecimiento de una plantación de caña en
    Kampot Speu, Camboya, donde los empresarios forzaron la expulsión de los
    agricultores y las comunidades que tradicionalmente habitaban esas
    tierras.

    Ahora bien, el gobierno conoce perfectamente que al
    menos 2.428 familias de oligarcas controlan aproximadamente el 53.5 % de
    la tierra apta para cultivar; esto en contraste con 2.2 millones de
    familias campesinas que sobreviven de cualquier manera en el área
    restante. Y no es este grueso problema el que pretende resolver el
    Presidente con su ridículo plan de “restitución” de tierras. Menos
    cuando está claro que en dos décadas las pobrerías agrarias han sido
    despojadas de alrededor de 7 millones de hectáreas por los agentes del
    Terrorismo de Estado. ¿Para qué, entonces, el gobierno se rasga las
    vestiduras, cuando sus manos están sucias de sangre y del fimo del
    cinismo está embadurnada su conciencia?

    A nadie puede Juan Manuel
    Santos ocultar que en Colombia hoy se asiste a una redefinición de las
    políticas territoriales, todo para seguir robando y entregando a las
    trasnacionales nuestros recursos y nuestra soberanía. Dentro de ese
    esquema el plan de “restitución” hace parte del desenvolvimiento de la
    reprimarización de la economía ya bastante desnacionalizada, y
    subordinada a los intereses imperiales. Santos lo que está haciendo es
    darle legalidad a lo que hasta ahora sólo fue un despojo violento y
    criminal, definiendo derechos de propiedad y ordenando la geografía de
    la misma, delimitando las zonas de reserva campesina, los territorios
    indígenas, los espacios de las comunidades afro-descendientes,
    formalizando el dominio estatal de los baldíos, para desenvolver con más
    rigor y eficacia la acumulación capitalista:

    - Organiza el mercado de tierras.
    -
    Favorece la incursión y consolidación de las trasnacionales en lo que
    respecta al acaparamiento del espacio para su depredación.
    -
    Facilita la explotación a fondo, “dando garantías” al capital, a los
    inversionistas, para que accedan a las concesiones sobre los
    territorios, y a lo que llaman derechos de superficie.
    - Proyecta
    con la legalización, un despojo en términos legales porque responderá a
    un ordenamiento que se presentará como necesidad o prioridad nacional
    sobre la que no se permitirá obstáculo alguno. Cuando se requiera que
    alguien transmita su derecho de propiedad esto tendrá que hacerse porque
    así lo define la ley y punto o simplemente, a las buenas o a las malas,
    se debe ceder la tierra en renta; algo muy “democrático” seguramente;
    la democratización del rentismo, que es una forma más cínica del
    despojo.
    - Así, reiteremos, se le “restituye” la propiedad a los
    despojados para luego obligarles al arrendamiento. Se trata de lo que
    los especialistas llaman “solución financiarizada de la cuestión
    agraria”. Pero como si fuera poco esta reprimarización y
    desnacionalización de la economía, cuya base es el despojo de la tierra,
    se reforzará el procedimiento con las pretensiones del “Proyecto de Ley
    General Agraria y de Desarrollo Rural”, que reordenará el territorio en
    función de la depredación; en fin, la dictadura de la entrega del país a
    las trasnacionales: por ahora, 38 millones de hectáreas para la
    exploración petrolera; 11 millones de hectáreas para la exploración y
    explotación mineras; 12 millones de hectáreas para la explotación
    forestal también extractiva; 39.2 millones de hectáreas para la
    ganadería extensiva; 3.6 millones de hectáreas de producción agrícola,
    cuando se tiene un área cultivable de 21.5 millones de hectáreas, de un
    total de 114 millones de hectáreas que tiene nuestro país.

    Dibujado
    este panorama, la insurgencia, aparece como un factor incómodo para que
    las transnacionales y sus lacayos oligarcas criollos continúen el
    saqueo de la riqueza de los colombianos. De ahí deriva el sufrimiento de
    Juan Manuel por la existencia de la insurgencia, más cuando se había
    convencido de su propia invención que hablaba del fin del fin de la
    guerrilla.

    La rendición de nuestras banderas no pasa de ser el
    delirio de un servil monigote vende-patria al que nada importa la
    destrucción del páramo de Santurbán ni de la gente de la que depende su
    riqueza hídrica; nada le importan los destrozos ambientales y sociales
    que produzca en el Huila la hidroeléctrica El Quimbo, nada le importa la
    suerte de las 500 familias que serán desplazadas de manera obligada
    sino el lucro que obtendrá la transnacional EMGESA; nada le importa la
    suerte de los cuatro millones de colombianos cuyo abastecimiento de agua
    depende de las fuentes de La Colosa en Cajamarca; su interés se centra
    en las ganancias que puedan generarle a los capitalistas los 9.000
    títulos de explotación y los 20.000 que están en trámite (4 % y 20 % del
    territorio nacional respectivamente), dispuestos para alimentar el
    hambre de oro de las trasnacionales.

    Negocios son negocios, así
    que para qué preocuparse por la pauperización creciente de los 12 mil
    trabajadores tercerizados en el enclave petrolero de Campo Rubiales. Lo
    importante es que en el balance del año 2011 la empresita duplicó sus
    ganancias netas.

    Así las cosas, que no nos vengan con el
    cuentecito de tontos del desarrollo de la economía nacional, pues aquí
    en nuestro país ya no hay economía nacional sino el interés de las
    trasnacionales; en esta historia lo que impera es la diseminación de los
    enclaves extranjeros que nos succionan la sangre, la precarización
    laboral para nuestros hermanos trabajadores, la destrucción de nuestros
    bosques, la degradación de la tierra con los proyectos que aspiran a la
    generación de los agro-combustibles, la entrega desvergonzada de la
    Orinoquia y de la Amazonia, del Pacífico, del país entero…, la
    reprimarización, la desnacionalización, el favorecimiento al capital
    financiero, la mentalidad apátrida contra el bienestar popular.

    ¿Esta cruda realidad expresa voluntad de paz de parte del régimen?

    FUENTE:http://www.resistencia-colombia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1248:por-jesus-santrich-integrante-del-emc-de-las-farc-ep&catid=21&Itemid=36


    Última edición por ndk el Vie Mar 30, 2012 9:52 pm, editado 2 veces

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    Re: LA TIERRA EN COLOMBIA -LOS VERDADEROS AUTORES DEL DESPOJO (I) y (II)

    Mensaje por ArmaTuMente el Sáb Mar 24, 2012 1:27 am

    Increible, excelente aporte que cambiará (Y cambió la mia, aunque todavia no pueda emitir juicios) la perspectiva del conflicto armado colombiano.

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    Re: LA TIERRA EN COLOMBIA -LOS VERDADEROS AUTORES DEL DESPOJO (I) y (II)

    Mensaje por ndk el Vie Mar 30, 2012 9:51 pm

    Jesús Santrich, integrante del EMC de las FARC-EP escribió:
    LA TIERRA EN COLOMBIA, LOS VERDADEROS AUTORES DEL DESPOJO (II)

    ¿Quiénes instituyeron el régimen
    excluyente de la propiedad de la tierra que impera en Colombia, el cual
    es causa fundamental del conflicto social, político, armado que nos
    desangra?

    Está por demás diagnosticada la concentración extrema
    de la tierra en pocas manos de latifundistas a costa del bienestar de
    millones de campesinos lanzados a la miseria durante décadas como
    consecuencia del despojo realizado a sangre y fuego por las élites en el
    poder.

    Se trata de un latifundismo improductivo, que se sostiene
    como base de poder tanto en manos de la plutocracia tradicional, como
    de los sectores llegados a estas esferas por la vía del narcotráfico y
    otros negocios propios de la actual lumpenización de la burguesía
    transnacional parasitaria, que ahora no solamente combina negocios
    legales e ilegales que van desde la compra-venta a término de petróleo,
    hasta el tráfico de drogas, sino que juega sus apuestas también en el
    campo especulativo del mercado de la propiedad rural, donde según
    estudios de 2009 presentados por la SAC, para el caso colombiano, una
    hectárea de tierra valía cuatro veces más que en países de extensión más
    pequeña como Ecuador, Uruguay o Paraguay.

    La sub-productividad
    de la tierra también es evidente si atendemos al Informe de Desarrollo
    Humano de la ONU, del mismo año 2009, en el que se registra que aunque
    se considera que 21.5 millones de hectáreas de tierra en todo el país
    son aptas para la agricultura, sólo se dedican al cultivo 4.9 millones
    de hectáreas. Entre tanto, a la ganadería extensiva se dedican 39.2
    millones de hectáreas; casi el doble de lo que se requeriría, implicando
    que, según FEDEGAN el hato existente de 22.5 millones de bovinos,
    resultaba como tener un promedio de dos hectáreas de tierra por res, con
    el agravante de que las mejores tierras han sido sembradas de pastos
    destinados a sostener esos hatos.

    Pero como en una sinrazón, no
    son los latifundistas que tienen mejores condiciones para la producción,
    sino los pequeños propietarios de la tierra y los aparceros quienes
    históricamente han abastecido alrededor del 60 % de los alimentos que se
    consumen en Colombia, y hasta surtieron el mercado externo de café
    mientras este fue producto principal en la generación de divisas.


    Pero preguntemos, ya que ese es el
    tema de Juan Manuel: ¿quiénes son los despojadores?, ¿quiénes son los
    responsables de que se hubiese acentuado la sub-productividad descrita?:
    ¿No fueron acaso aquellos que desbocaron la neo-liberalización de la
    economía con la famosa apertura económica de los años 90? El señor Cesar
    Gaviria debe recordarlo bien, lo mismo que toda la oligarquía que
    secundó el modelo que debilitó enormemente la agroindustria al empujar a
    la ruina a millones de agricultores, sobre todo minifundistas. Como
    resultado más evidente de ese descalabro está que entre 1991 y 2005 el
    valor de las importaciones agrícolas creció 424%, mientras las
    exportaciones solo aumentaron un 66%.

    Entonces, con el auspicio
    de la plutocracia meliflua de la que hace parte tanto César Gaviria como
    Juan Manuel Santos, es que se ha fortalecido más y más el latifundio,
    desatando una guerra sucia que desde hace medio siglo o más contó con
    grupos paramilitares como los terribles “pájaros”, que fueron creados
    como parte de la “santa alianza” de la aristocracia del llamado Frente
    Nacional y que más recientemente los dueños del poder posicionaron como
    AUC y otras denominaciones propias de su autocracia gansteril, en las
    que confluían junto a los jefes de los carteles de las drogas.

    Con
    esta estrategia de vieja data, remozada desde los noventa y desbocada
    en la última década fue que los oligarcas pro-gringos se apropiaron
    violentamente de la tierra de casi cinco millones de campesinos a lo
    largo de los últimos veinte años.

    Con exactitud nadie sabe cuánta
    tierra despojaron, pero ningún estudioso serio del problema baja la
    cifra de al menos 6 millones de hectáreas, generando un desplazamiento
    infame que ha lesionado a todo el tejido social, el cual aún no cesa.

    He
    ahí la “Revolución Agraria” que ha venido haciendo “sin lucha de clases
    y sin fusiles” el señor Juan Manuel; es una verdadera contra-reforma
    que ha derivado en que el llamado índice de Gini referido a la
    concentración de la tierra en Colombia pasara en la última década de 0.8
    a 0.9 % según datos del Banco Mundial citados por diversos estudiosos
    del tema.

    Así se está reconfigurando en el campo colombiano la
    nueva espacialidad de una economía desnacionalizada, así lo están
    estructurando las medidas de desposesión que engordan el latifundio y el
    desarrollo de una ruralidad “moderna” sin campesinos, que ha ido
    desplazando los cultivos tradicionales en la producción agraria por
    monocultivos regionales a manera de mega-proyectos y plantaciones que
    tienen el propósito de la generación de agro-combustibles, tal como
    ocurre en otras latitudes del mundo destinadas para el mismo fin según
    la planificación voraz del imperialismo, ocasionando impactos sociales y
    ecológicos devastadores. Como consecuencia, millares de personas sufren
    el desplazamiento forzado de sus lugares de hábitat, sólo porque en
    ellos se ha decidido que deben enclavar los monocultivos. Millones de
    seres humanos desmejoran sus vidas a extremos de indigencia mientras las
    transnacionales acrecientan sus ganancias: cinco millones de personas
    en Brasil, cuatro en Colombia, cinco más en Indonesia…; gentes que no
    tienen recursos para comer, mientras millones de toneladas de alimentos
    son destinadas para la generación de los agro-combustibles y una
    cantidad inconmensurable de hectáreas de tierra, con la fuerza de las
    armas y la represión, se destina para hacer cultivos que tienen el mismo
    propósito: alimentar vehículos y no los estómagos hambrientos de los
    pueblos.

    Quienes han agenciado la expansión de la palma aceitera
    en Colombia, por ejemplo, son responsables directos de actividades
    paramilitares con las que se ha forzado a sus pobladores a abandonar las
    tierras para convertirlas en plantaciones.

    Pero el despojo no ha
    sido en medio de la mansedumbre. La gente resiste y lo seguirá haciendo
    aunque la criminalicen y la tilden de terrorista, pues hoy se trata de
    seguir una lucha por transformaciones agrarias que no implican la sola
    titulación y redistribución de la tierra despojada. Una lucha por la
    reposesión de tierras en cuanto ‘redistribución’ y ‘distribución’ a
    favor de quienes fueron objeto de desposesión o nunca han tenido acceso a
    la tierra es muy válida y podría comportar un arreglo institucional de
    restitución real o de titulación para luego condicionar su uso, tal como
    ahora se está imponiendo en Colombia; pero el caso es que la lucha de
    hoy implica una lucha contra la desposesión y una lucha por la
    reposesión, al lado de una lucha decidida por impedir que se ferien las
    tierras públicas, por su no privatización. No se trata, entonces, de
    sólo repartir los latifundios sino de enfrentar la “contrarreforma
    agraria” que bajo el neoliberalismo global sostiene una oleada de
    privatizaciones y re-privatizaciones que para el caso colombiano apunta
    al favorecimiento a las transnacionales, ya sea entregando la propiedad o
    dando todas las gabelas para su arrendamiento y superexplotación.

    Deberemos
    defender la tierra que está en manos de los campesinos, deberemos
    luchar por la restitución a los desposeídos y en el mismo momento luchar
    contra los nuevos procesos de privatización que el modelo santista
    prepara, para no terminar pronto ni mucho después debatiendo sólo sobre
    asuntos insubstanciales, como que si el arrendamiento deberá ser por tal
    o cual cantidad de tiempo , sobre si los procesos de explotación
    deberán hacerse mediante contratos para los pequeños o medianos
    campesinos o bajo el control directo de las plantaciones por parte de
    las transnacionales, o sobre cómo y hasta donde deberán ser los derechos
    de dominio. Lo esencial es que luchemos por el control real y pleno que
    las pobrerías del campo deben tener sobre la tierra, más allá de las
    formalidades de la titulación, o de lo que recen los cuerpos normativos
    inventados por las oligarquías vende-patria que gobiernan nuestro país.
    Deberemos definir el poder ciudadano sobre la tierra y el territorio,
    que es lo mismo que decir el poder ciudadano sobre la patria. No podemos
    permitir que el Estado siga detentando el poder que le permite definir
    normas abusivas, considerando además que este es un asunto que toca con
    derechos esenciales de la humanidad como el de la alimentación, del cual
    depende la existencia misma de una sociedad. El Estado no puede seguir
    definiendo de manera inconsulta, respecto a las comunidades, directrices
    simplistas sobre el uso y propiedad de la tierra, en forma tal que no
    se tome en cuenta la realidad respecto al tipo de relaciones sociales
    entre sus habitantes.

    Fortalecimiento del latifundio, prioridad
    de los mercados externos, desnacionalización de la tierra y la
    producción, lesión a la soberanía alimentaria, deterioro ambiental
    ocasionado con la destrucción indiscriminada del medio que se genera con
    la ampliación de la frontera agrícola como con la utilización de
    transgénicos, fungicidas y agroquímicos; precarización laboral,
    especulación financiera…, son factores característicos de la estructura
    agraria en Colombia, la cual desde 1990 hasta hoy, dentro de este marco,
    ha sufrido una fuerte concentración de la propiedad. Según lo habíamos
    indicado en artículo anterior, los estudios de IGAC-CORPOICA de 2002,
    indican que las fincas con más de 500 hectáreas controlan el 61% de la
    superficie predial y pertenecen al 0.4% de los propietarios, lo cual se
    agravó a finales de la década, presentándose entre 2000 y 2009, y en
    especial a partir de 2005, una concentración mayor, particularmente en
    el 56.6% de los municipios.

    Los mismos estudios de IGAC-CORPOICA
    indican que de 14 millones de hectáreas aptas para la agricultura,
    solamente se están utilizando algo más de 4 millones; en contraste, se
    han dedicado 39 millones a pastos, para un hato de no más de 25 millones
    de cabezas, generándose una enorme pérdida del potencial productivo,
    mayor empobrecimiento de los pobladores del campo, su desplazamiento
    empujado ya no solamente por la violencia institucional y paramilitar,
    sino por problemas específicamente económicos. Como complemento, el
    establecimiento de cultivos perennes ha potenciado la inserción del
    campo colombiano en el mercado global del capital ficticio, en el que
    con la titularización de los predios la tierra se convierte en un bien
    que se compra y se vende según la renta que produce; y, como en las
    otras formas del capital ficticio, lo que se compra y se vende es el
    derecho a un ingreso futuro.

    Entonces, con todo esto que es
    solamente un asomo del problema, nos preguntamos ¿de qué “revolución
    agraria” está hablando Juan Manuel Santos?, ¿qué quiere decir cuando
    imputa a la insurgencia el despojo que las oligarquías han hecho?, o es
    que ¿acaso fue el comandante Manuel Marulanda quien suscribió el pacto
    de Chicoral de 1972? No hay que olvidar la historia: fueron dirigentes
    políticos y gremiales, liberales y conservadores, con el gobierno de
    Misael Pastrana quienes se reunieron en aquel balneario tolimense para
    congelar la posibilidad de una reforma agraria democrática, y proteger
    con ello “sus” grandes propiedades, las que acumularon despojando a los
    campesinos. Fueron ellos, los antecesores del despojo que hoy
    representan y profundizan las nuevas generaciones de la oligarquía;
    fueron ellos los que inventaron la “renta presuntiva” y la eternización
    de la aparcería feudal, colocando todo tipo de talanqueras para que los
    campesinos no tuvieran sino el acceso limitado a los baldíos fuera de la
    frontera agraria que se reservaron para sí.

    Ahora, de peor
    manera que en el Pacto de Chicoral, los herederos de estas ratas van por
    el resto. Se plantean, por ejemplo, alcanzar dentro de 7 años 2.1
    millones de hectáreas de palma. ¿Estaba Alfonso Cano dirigiendo
    Planeación Nacional cuando se decidió esta locura o cuando se pensó en
    reorientar los cultivos de caña de azúcar para producción de etanol?
    Hasta donde se sabe, de las más de 190 mil hectáreas sembradas de caña
    de azúcar que se dedicarán a la producción de etanol, el consorcio
    Ardila Lule controla al menos el 60 % de la producción del carburante.
    Por ningún lado se conoce que el Estado Mayor Central de las FARC tenga
    acciones en ese calabazo de cucarachas. Y, ¿quién decidió que se
    alcanzaría la siembra de un millón de hectáreas de éste cultivo en el
    mismo 2019, fue acaso Timoleón Jiménez?

    Definitivamente, al lado
    de la voracidad minero-energética, los artífices de los agro-negocios,
    de los cuales Juan Manuel Santos es sirviente fiel, son los nuevos
    sujetos activos de la desposesión, del despojo, de la acumulación
    depredadora que hoy confronta a los colombianos. Esos son los mismos que
    se robaron los dineros de Agro Ingreso Seguro y los que agenciaron la
    ilegalización de la panela de trapiche para despojar a los campesinos y
    favorecer los grandes ingenios azucareros. Así ocurre también con los
    barequeros del oro, a quienes están criminalizando para quitarles el
    trabajo y entregar las minas a las trasnacionales.

    Así es el
    asunto, más o menos, con la locomotora de la Agricultura. Así van las
    intenciones con el tema de la Restitución de Tierras. Lo esencial es el
    marco legal para que se desenvuelvan los agro-negocios, con una
    preocupación central que es la resistencia popular e insurgente a sus
    maléficas intenciones, amenaza cierta para sus ganancias.

    Al despojo descarado es a lo que se oponen las FARC y no a la posibilidad de una Reforma Agraria Real.

    FUENTE: http://www.resistencia-colombia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1255:jesus-santrich-integrante-del-emc-de-las-farc-ep&catid=22&Itemid=37

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    Re: LA TIERRA EN COLOMBIA -LOS VERDADEROS AUTORES DEL DESPOJO (I) y (II)

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