La Comisión Europea ha iniciado tres procedimientos por incumplimiento de obligaciones de Hungría. Las tres leyes que Bruselas quiere cambiar son: la ley del banco nacional, la supresión de la oficina del defensor del pueblo para defensa de datos, y la jubilación anticipada de los jueces.

Debemos tener tres cosas en cuenta, a la hora de valorar la noticia. Una: aunque las tres leyes son problemáticas, ninguna caracteriza la "democracia húngara". Si el gobierno de Orbán las cambia, de acuerdo con las peticiones de la Unión Europea, nuestro sueldo seguiría sin valer un céntimo más, y tampoco subirían nuestros derechos democráticos. Dos: la UE ha iniciado procedimientos similares contra todos los países de la UE. En el caso de Hungría, si sumamos estos tres a los anteriores, tenemos 14. La lista la encabeza Italia, con 61, Francia con 44, incluso los alemanes han tenido que responder 23 veces ante Bruselas. Pero nadie duda de sus "relacciones democráticas", y nadie los llama dictaduras. De ellos se puede extraer el tercer punto: el anuncio del procedimiento de la UE, esa campaña mediática brutal, solo es buena para que hagan fracasar el gobierno Orbán, o al menos lo obliguen a aceptar las condiciones del FMI.

En esta cuestión no se trata de que la UE sea la buena u Orbán el malo, los dos represetan grupos antagónicos capitalistas que luchan entre ellos por el dominio de Hungría. Y nosotros, los húngaros, ni siquiera tenemos razones para regocijarnos del asunto.